Desde 2010, la vigencia del Cpccs le ha costado al Ecuador $142 millones, refiere uno de los anexos que publicó el Gobierno de Guillermo Lasso cuando planteó la pregunta en la consulta popular de febrero de 2023.
En los planes de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República hay ofrecimientos y promesas que van desde generar empleo, reactivar la economía, armar estrategias para luchar contra la corrupción, fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado, etc.
Sin embargo, en sus propuestas, varios aspirantes a Carondelet -que de acuerdo con algunas mediciones tendrían más opciones de captar el voto popular- no mencionan cuál sería su política en torno a la permanencia o no del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El compromiso de la mayoría es fortalecer la institucionalidad del Estado, pero el presidenciable Yaku Pérez, de la alianza Claro que se puede, sostiene (en su plan de gobierno) que la vigencia del Cpccs “es innecesaria” y plantea que su accionar sea asignado a otras funciones del Estado. Agrega que el control social y la participación ciudadana no debe estar intermediada por mecanismos que coarten el derecho de vigilar el quehacer gubernamental.
Propuesta rechazada
En la consulta popular que impulsó el presidente de la República, Guillermo Lasso, y que fue rechazada en las urnas el 5 de febrero de 2023, se incluyó una pregunta para eliminar las facultades que tiene el Cpccs para designar autoridades de control.
Desde 2010, el Cpccs le ha costado a Ecuador $142 millones. El 96,94% de ese monto se ha gastado en burocracia, el 0,29% en promoción, el 1,10% en la designación de autoridades y el 1,67% en pago de consultorías.
El Cpccs fue creado con la Constitución de 2008 durante el régimen del expresidente Rafael Correa, y se le otorgaron varias funciones, entre ellas fortalecer las facultades de investigación de presuntos actos de corrupción, pero del total del presupuesto entregado por el Estado, se asignó el 0,00% para emprender en acciones para ese efecto.
Rendición de cuentas
Al Cpccs también le otorgaron las funciones de coadyuvar y propiciar la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Pérez sostiene que la forma de rendición de cuentas será la comunicación directa y periódica de las acciones para cumplir con lo planificado y lo presupuestado. “Se suspenderá la instrumentalización de la rendición de cuentas que ha terminado convertida en un espectáculo vulgar de propaganda de las vanidades de los funcionarios públicos”, dijo Pérez.
Añadió que se promoverá la conformación de consejos participativos de representantes de los movimientos sociales, de los actores productivos, de las universidades, de los organismos de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, para que ejerza la función de orientación y control de la gestión de los mandatarios y de información a la ciudadanía.
‘Recuento de facultades’
El presidenciable Otto Sonnenholzner, auspiciado por el movimiento Actuemos dedica en la última parte de su plan de gobierno -de 68 páginas- un capítulo relacionado con los mecanismos públicos de rendición de cuentas, y hace un resumen de las facultades y las atribuciones que le otorga la Constitución al Cpccs, donde se señala que su función es establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.
Sonnenholzner también menciona el artículo 9 de la Ley Orgánica del Cpccs, que le faculta a definir mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público.
‘Evaluar gestión’
En su plan de 53 páginas, Fernando Villavicencio, del movimiento Gente Buena-Construye, sintetiza en tres párrafos que una institucionalidad sólida implica la existencia de mecanismos de rendición de cuentas, transparencia en la gestión pública, acceso igualitario a los servicios básicos, y una cultura de respeto a la legalidad y los derechos humanos.
Instituciones sólidas generan confianza y estabilidad, y permiten la implementación de políticas públicas en beneficio de la sociedad, señala, tras sostener que la rendición de cuentas será una fórmula para evaluar el avance de su gestión con mecanismos de participación ciudadana de manera permanente. (SC)
Para evaluar el plan de gobierno
Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, ratifica en su plan de gobierno que para el control periódico de su propuesta se activarán las instancias señaladas en la Constitución y la Ley de Participación como el Cpccs. Además, el Consejo de Planificación, los consejos consultivos participativos en cada ministerio, los consejos nacionales para la igualdad y los consejeros ciudadanos sectoriales.