La tendencia a escala mundial es que una sola institución maneje los impuestos nacionales y los aduaneros.
En agosto de 2018, dentro de las medidas de optimización del sector público, el expresidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) se fusionarían, pero eso quedó como intención.
Se aseguró que la medida permitiría reducir costos, tramitología y tiempos; pero sobre todo transparentar los controles para enfrentar el contrabando y el naciente problema de la infiltración de cargamentos de droga en los contenedores de exportación.
Cuatro años después, se han tomado ciertas medidas de facilitación del comercio, de trabajo conjunto pero los avances han quedado a medias y nunca se concretó lo más importante que era precisamente la fusión. Así lo explicó Rosa Buheli, docente e investigadora en temas aduaneros.
“En la mayoría de los países de la región, una sola institución controla los impuestos nacionales y los llamados de expresión y aduaneros. Por ejemplo, en Colombia está la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian); y en Perú se encuentra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)”, dijo.
El resultado es que subsiste una institución sobredimensionada e ineficiente como la Senae; pero con poco aporte tanto en recaudación como en control sobre la importación y exportación de mercancías ilícitas (drogas, armas, pornografía, entre otras).
Poco impacto y alto costo
Según Napoleón Santamaría, en un informe elaborado con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estableció que el tamaño óptimo para que funcione la Senae, de la mano de mejoras tecnológicas que no se han implementado, era de alrededor de 500 funcionarios. Sin embargo, actualmente tiene 1.618 empleados en nómina.
“Tiene una baja potencia recaudatoria. En promedio, le aporta $1.200 millones anuales al país. El SRI, con 3.046 empleados, genera casi 12 veces más, es decir, $14.000 millones. Además, no cumple a cabalidad con sus dos funciones más importantes. Por un lado, evitar que ingresen mercancías nocivas, ilegales o que alteren el orden público (drogas, armamento, pornografía). Por otro lado, que no seamos un puerto de exportación de productos nocivos”, puntualizó
En diciembre de 2019, la exdirectora del SRI, Marisol Andrade, aseguró que, luego de varias evaluaciones, el BID no había recomendado la fusión con la Senae; pero no dio mayores detalles.
El mayor problema habría sido que esa fusión necesita pasos previos que alteran a sectores que están cómodos con la situación de controles ineficientes.
Primero, se necesita depurar y transparentar la nómina. De acuerdo con Raúl Vera, investigador en temas de comercio exterior, “ese tipo de cambios choca con una institucionalidad ecuatoriana infiltrada en los últimos años por la corrupción e incluso el narcotráfico”. En segundo lugar, se deben cambiar procedimientos y programas de control y fiscalización; pero incluso la implementación de escáneres en puertos no se ha podido concretar.
Debilitamiento
La actual directora de la Senae, Carola Ríos, reconoció que la institución ha sido sistemáticamente debilitada en los últimos Gobiernos.
“Lamentablemente, la Aduana del Ecuador fue sistemáticamente debilitada. A partir de que en la constitución de 2008 se le quitó el título de sector estratégico, a pesar de su importancia”, dijo.
Además, como ha ocurrido entre instituciones como el Servicio de Contratación Pública (Sercop), dejaron pasar años sin inversiones para renovar sistemas tecnológicos. Esto provoca ineficiencias y menos capacidad de control.
Por su parte, Santamaría, apunta a que la modernización y la fusión con el SRI no se concretó porque hay oscuros intereses de por medio.
“Esto sucede en Ecuador porque grupos de poder, vinculados con sectores agroexportadores de la Costa ecuatoriana, quisieron siempre tener control absoluto para manejar, hacer y deshacer, en las Aduanas del Ecuador. Esto es así de sencillo y claro”, puntualizó.
Estas vulnerabilidades han provocado una erosión continua de la imagen y el estado de la Senae. Esto se ha profundizado con los recientes escándalos vinculados a los intentos de comprar puestos públicos. (JS)
El contrabando representa pérdidas de alrededor de $2.000 millones anuales para el país.