El plazo de los 90 días que se estableció en el ‘Acta de la Paz’ vence el próximo 10 de octubre.
El tiempo le está quedando corto al Gobierno y al movimiento indígena que desde el 13 de julio de 2022 están sentados en mesas de diálogo para llegar a consensos en temáticas catalogadas como “sensibles” por ambos sectores.
En un poco más de 15 días se cumplirán dos meses del inicio de los debates, pero solo en una de diez mesas se ha llegado a acuerdos. En las temáticas sobre la focalización de subsidios a los combustibles, control de precios, fomento productivo, energía y recursos naturales el diálogo continúa.
También está pendiente la instalación de las mesas de Empleo y derechos laborales; Derechos colectivos y Educación Superior; Protección a inversiones nacionales; Acceso a la salud; y Seguridad.
El tiempo corre mientras Gobierno, sector indígena, empresarios e Iglesia concentran sus esfuerzos para llegar al objetivo.
Este miércoles 24 de agosto de 2022 se instaló en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) la comisión de energía y recursos naturales.
El ministro de Energía, Xavier Vera, mostró su optimismo de que en la primera jornada se defina una guía metodológica para solventar las exigencias de la Conaie, Feine y Fenocin.
A primera vista se advertían dificultades porque las exigencias del sector social giran en torno a una moratoria minera, auditoría de las actividades extractivas y la consulta previa. Esto último es algo que, de acuerdo con la Cámara de Minería del Ecuador, sería de responsabilidad del Estado.
María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, remarcó que la consulta previa es un mandato constitucional como mecanismo de participación ciudadana, por tanto es un deber del Estado y no del concesionario minero. Agregó que tampoco existe una ley ni un reglamento al respecto.
Iglesia y empresarios
David de la Torre, secretario de la CEE, pidió evitar que algún cálculo político o interés particular los aleje del camino del diálogo como única vía para salvaguardar al país de la inacción, el caos y la violencia.
Sostuvo que para encontrar soluciones a los problemas, el país necesita consensos. “Para mejorar la metodología de las mesas de diálogo se va aportar con testimonios y experiencia”, recalcó.
En esa línea, el sector productivo reconoció que el proceso avanza lentamente. Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), opinó que sería un error que se fijen precios en una economía, porque el momento que eso ocurra el mercado se distorsiona y la ciudadanía se verá perjudicada pues incluso podría haber escasez. “Es inconveniente una política de control de precios”, insistió.
En el tema de los subsidios dijo que es “difícil llegar a acuerdos de manera rápida”, aunque ya existen conversaciones.
En todo caso, señaló que como sectores productivos estarán listos a colaborar y aportar con ideas si es que las partes lo solicitan y llegar a la mejor negociación posible, para que prime el interés ciudadano por delante del político.
Opinó que las partes podrían pensar en la posibilidad de alargar el plazo para llegar a resultados porque la expectativa ciudadana es amplia. “Lo peor que le puede pasar al Ecuador es sujetarse a los 90 días”. Lo dijo ante la eventualidad de que el tiempo se quede corto para el debate de los temas estructurales.
Que intervenga la banca
No solo empresarios, sino incluso los representantes de la banca deben estar inmersos en el debate, pidió Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). A su criterio, este no es un diálogo en el que solo deben estar involucrados el Gobierno y el sector indígena. El “montón de aristas” requiere de la participación de otros sectores de la sociedad. “El Gobierno no puede hacer todo”, indicó. (SC)
La maquinaria estatal
Arturo Moscoso dijo que la ventaja en este proceso es que el Gobierno ha puesto toda su maquinaria estatal (con el envío de sus ministros) y le ha dado la importancia que se merece para llegar a acuerdos.
No así con la Asamblea -dijo- a la que probablemente no le interesa que los diálogos sean fructíferos porque la nueva mayoría pretendió, incluso, destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. En esa medida, difícilmente los detractores del régimen van a coadyuvar a que se llegue a consensos pues de por medio están sus intereses políticos. “A la Asamblea lo que le conviene es que haya más conflicto y debilitar al Gobierno”, alertó.
El primer acuerdo
El 18 de julio de 2022, el Gobierno y el sector indígena llegaron a un primer compromiso en la mesa de Banca Pública y Privada para la reestructuración de financiamiento de la deuda a 10 años plazo y 3 de gracia, recalificación de los deudores en el sistema financiero y crédito accesible.
Agustín Cachipuendo, dirigente de Fortalecimiento Organizativo de la CONAIE, ratificó la voluntad de su sector de avanzar en las negociaciones, pero anunció que una vez que finalicen los 90 días, pondrían a consideración de las bases la aparente “falta de voluntad” del Gobierno de llegar a compromisos. “Todavía no hay nada concreto a casi dos meses de diálogo”, dijo, al calificar al régimen de “inoperante”
Añadió que seguirán “luchando y exigiendo con más contundencia para que el Gobierno escuche”.