Pachakutik dice que los aportes están en su reglamento, pero el Comité de Ética investigará los casos.
Un nuevo caso de presuntos cobros de diezmos en la Asamblea Nacional, que involucra a un integrante del movimiento Pachakutik, abrió el debate entre lo que puede ser visto como “normal”, y lo que sería “ilegal”.
Fue necesario que Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento Pachakutik, comparezca ante la prensa en la Asamblea Nacional, el 25 de octubre de 2022, para dar explicaciones sobre uno de los nuevos escándalos que han sacudido al movimiento en los primeros 17 meses de gestión en esta función del Estado.
Santi afirmó que en el artículo 71 del Código Orgánico del Pachakutik está establecido que “los funcionarios, candidatos electos, y adherentes, deben aportar al movimiento el 5% de sus ingresos percibidos. El porcentaje establecido será depositado en la cuenta provincial o nacional de Pachakutik, y en caso de no realizar los aportes por tres meses consecutivos, serán separados del movimiento”.
Dijo que esto fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y tiene correlación con el Código de la Democracia.
Con esta explicación, el coordinador de Pachakutik (la segunda fuerza política en la Asamblea), justificó al legislador Joel Abad, representante de la provincia de Carchi, acusado de un presunto cobro de diezmos.
Sin embargo, aclaró que será necesario escuchar los argumentos de defensa de Abad para ver si se ajusta con el reglamento del movimiento. Esta semana, el Comité de Ética, presidido por José Chimbo (Pachakutik), investigará el caso.
La explicación del CNE
Según fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), los porcentajes (de cobros) están determinados en los reglamentos de cada organización política. Pero aclararon que una persona puede ser afiliado o adherente a cualquier partido y puede aceptar entregar parte de su dinero a la organización, pero otra cosa es que un funcionario público esté en la obligación de entregar un porcentaje de sus ingresos al partido. “Esto, en buen romance, se llama diezmo”, señaló la fuente consultada.
Línea ética
¿Qué cultura política tiene Pachakutik para que tenga mayor incidencia en estos casos? Agustín Acosta, Vicepresidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción, cree que hay una delgada línea entre lo que es correcto o puede estar permitido en el Código de la Democracia, y lo qué es una exigencia ilegal para ofrecer un cargo para obtener un beneficio indebido o diezmo. “Aquí hay un tema cultural gravísimo porque no se está contratando a los asesores más correctos para ejercer el cargo, sino a personas no capacitadas y dispuestas a pagar un precio por ocupar un puesto público”, indicó.
El docente universitario de comunicación política, Édison Álvarez, opinó que esta es una práctica recurrente en Pachakutik y puede ser vista como algo normal en base a una “cultura equivocada”. “A todas luces esto es ilegal” y conlleva a una falta de entendimiento de cómo funciona lo público, apuntó Alvarez. Consideró que al interno del movimiento estaría fallando una selección integral de cuadros.
Audios en redes
La semana pasada, circularon en redes sociales, unos audios en los que se escucha sobre las condiciones y términos en que supuestamente los colaboradores de Joel Abad deberían entregar un 5% de su sueldo para hacer un fondo común o “aporte voluntario”. En uno de los audios en que supuestamente una de las voces sería de la de Abad, se instruye sobre la forma en cómo se debería hacer el pago para evitar que parezca la figura de diezmos, y se habla de que sería considerado como un fondo y aporte voluntario. Sobre el porcentaje de la contribución, la persona que habla en el audio, sugiere que no puede ser del 10% del sueldo, sino de hasta un 5%.
En declaraciones a periodistas, Abad desmintió las acusaciones de que estaría cobrando diezmos en su despacho. Dijo ser una persona honesta, y que siempre ha advertido que esto no debe ser cometido por los legisladores. (SC)
Guadalupe Llori es investigada
En el actual periodo legislativo, el caso de Abad no es el único. La expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), también enfrenta una acusación por la misma causal. Ella es investigada en el Comité de Ética por supuesto cobro de diezmos una vez que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), calificó la denuncia de la asambleísta Johanna Ortiz (UNES). Según ella, la expresidenta de la Asamblea, cuando ejercía el cargo, habría recibido aportes y contribuciones de exfuncionarios por alrededor de 700 dólares al mes en el alquiler de un auto para su movilidad.
El caso de Cerda
Aunque no hubo acusación de cobro de diezmos, la imagen de Pachakutik se vio empeñada cuando Rosa Cerda fue sancionada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) en agosto de 2021. Esto ocurrió después de que en una asamblea de Pachakutik en Napo dijo: “Si roben, roben bien. Justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”.
Ese mismo mes, un asesor de Darwin Pereira (Pachakutik) fue señalado por supuestamente gestionar cargos públicos. “Solo hay espacio para la gente leal, mi pana. Tengo chance para unos 10 médicos; otras 20 personas al Ministerio de Trabajo; unos cuantos docentes y en la empresa eléctrica perfil bajo”, habría escrito el asesor de Pereira en un mensaje de chat.
Guadalupe Llori habría incurrido en una de las prohibiciones contempladas en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa donde se prohíbe a los asambleístas percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas.
En meses anteriores también se registraron denuncias de presuntos cobros de diezmos contra Karina Arteaga (correista), Bella Jiménez (ID).