La nueva mayoría dejó de ocultar su juego

Marcela Holguín (UNES) y Esteban Torres (PSC), cabezas visibles de la nueva mayoría.

Con 81 votos, la nueva mayoría legislativa se convierte en una aplanadora. Por el momento, la jugada estaría dirigida en nombrar nuevo Presidente de la Asamblea y Consejo de Participación. Correísmo y PSC son los pilares.

La primera evidencia de la existencia de una nueva mayoría en la Asamblea Nacional fue el voto conjunto de UNES, PSC, el ala rebelde de Pachakutik, algunos independientes y otros de la Izquierda Democrática que votaron al unísono por la comisión evaluadora que decidirá si Guadalupe Llori debe ser destituida o no de la Presidencia de la Asamblea.

La segunda alerta se da en la conformación de dicha comisión, que tiene como presidente a Pedro Zapata (PSC) y de vicepresidenta a Pamela Aguirre (UNES). Incluso ya tienen un cronograma de trabajo para cumplir con los tiempos legales, que son 35 días, para el informe sobre la Presidenta de la Asamblea.

La nueva mayoría, donde se han unido los extremos ideológicos, cuenta con 81 votos. Aunque hay advertencias de sus líderes, como Esteban Torres, del PSC, de que pudieran llegar a más integrantes. El nuevo grupo avanza en su propósito.

Del otro lado, los que respaldan a Llori o son cercanos al Gobierno, hay alertas claras del propósito de la nueva mayoría. En Pachakutik y CREO aseguran saber de la estrategia que se desarrolla rápidamente frente a sus ojos.

Rafael Lucero, asambleísta de Pachakutik, dijo a LA HORA que esta nueva mayoría quiere tomar la Asamblea Nacional para imponer su agenda. “Han sido claras las actuaciones que se han venido dando por ciertos grupos, que hasta conformaron una comisión multipartidista, que no incluye a todas las bancadas”, señala.

Lucero asegura, incluso luego de su reunión con Rafael Correa en México, que el correísmo quiere conformar la comisión de la verdad. Y no es todo, también reestructurar el Pleno para dirigir las comisiones legislativas. El asambleísta de Pachakutik también cree que el PSC tiene los ojos puestos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), a través de la destitución de los actuales consejeros. Esto para nombrar personas afines que, a su vez, designen las autoridades que estarán al frente de los organismos de control.

Ana Belén Cordero (CREO) coincide con Lucero. Para ella existe interés de estos grupos para ‘descabezar’ al Cpccs y con eso “dar un zarpazo” y nombrar a un contralor afín a sus intereses. Para ella, la reunión entre Correa y Lucero en México evidenció la intención de la nueva mayoría.

Los líderes de la nueva mayoría han negado cualquier pacto entre ellos, pese a que evidentemente actúan juntos. Socialcristianos se distancian de una comisión de la verdad. Los correístas se burlan de un supuesto pacto que ya sería multilateral… con el Gobierno, con el PSC. Pero, dicen, que no hay nada.

Un raro coctel ideológico

Para Marcelo Espinel, subdirector del Observatorio Legislativo, esta nueva alianza solo gira en torno a la destitución de Guadalupe Llori, “pero que nos obliga a poner más ojo, como ciudadanía, a la Asamblea Nacional”.

Sin embargo, expone que la mezcla es extraña, están el agua y el aceite juntos. “Para mí es clarísimo que el modelo de desarrollo económico de UNES es completamente distinto al que plantea el PSC. Incluso, algunos asambleístas de la ID, al haberse alejado de la socialdemocracia, se pueden unir a cualquiera de estos dos bandos”, señala.

El analista político agrega que mientras exista esta disparidad ideológica, difícilmente se tratarán acuerdos a largo plazo. Y la califica, por ahora, como una mayoría móvil, coyuntural y débil.

Andrés Campaña, analista político por la Universidad Complutense de Madrid, hace una advertencia sobre lo que descuida la Asamblea por este reacomodo de fuerzas. “¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional más allá de esta coyuntura de mayorías móviles?”, se pregunta. E insiste en que desde el Legislativo no se están dando las condiciones para trabajar por temas que preocupan más a la ciudadanía como seguridad o desempleo.

Pugnas internas siguen

El procurador jurídico Santiago Salazar es protagonista de otra de las peleas con la nueva mayoría. En su caso, es la jurídica. Él, al defender a Llori y la Presidencia, insistirá, dijo ayer, en las acciones penales en contra de algunos miembros del CAL que han persistido en la usurpación de funciones. “No quiso mencionar nombres de quienes habrían cometido un delito, pero que el proceso jurídico está en firme”, puntualizó.

Esto es porque, para Salazar, la acción de protección que interpuso Llori contra cinco miembros del CAL, por calificar la denuncia de incumplimiento de funciones en su contra, sigue en proceso. Ahora, únicamente esperan la decisión de la jueza que lleva el caso. Los miembros del Consejo tenían siete días para llegar a una conciliación. El miércoles 4 de mayo Llori llamó a la reunión de conciliación a las 10:00. Nadie fue. El 5 de mayo fue el grupo de oposición el que hizo la invitación y Llori tampoco asistió.

Lucero identifica en este comportamiento del CAL el inicio de la jugada de la nueva mayoría. Ellos tramitaron solo la denuncia contra Guadalupe Llori y no las otras dos, en contra de los siete miembros. “Ahí se evidencia que hay un interés particular de destituir a la Presidenta”, dice.
‘Asambleístas irresponsables’

Con más de 70 días sin que el Legislativo trabaje normalmente, Marcelo Espinel cree que es una irresponsabilidad con el país porque el “ciudadano a pie ni siquiera comprende al cien por ciento lo que sucede en la Asamblea, sino que está preocupado de los problemas del día a día en materia de una economía, inseguridad y derechos”.

Espinel insiste en que el Ejecutivo se ve limitado en enfrentar problemas más serios del país, más allá de la emisión de políticas públicas, porque no puede proponer leyes a una Asamblea “que no trabaja, lo que se convierte en un problema decisivo con la coyuntura del país”. (GVL)

Sin Llori, la oposición se fortalece

Situación. El CAL está a un paso de ser evaluado y tiene plazo hasta el 11 de abril para pronunciarse sobre las tres denuncias en su contra.

El Consejo de Administración Legislativa tiene tres denuncias en su contra. Dos para los siete miembros que la conforman y una contra su presidenta, Guadalupe Llori.

A Guadalupe Llori se le abren nuevos frentes. Luego de protegerse con las medidas cautelares impuestas contra la Asamblea Nacional, para evitar que se proponga desde el Pleno la conformación de una comisión ad hoc que evalúe su trabajo, recibe otro golpe, ahora desde su propio partido.

Son 13 asambleístas de Pachakutik los que se adhirieron a una demanda contra el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que incluye a Llori, por incumplimiento de funciones.

El mismo CAL debe atender la acusación. En una atropellada sesión, el 6 de marzo de 2022, el presidente alterno del Consejo, Virgilio Saquicela, decidió aplazar el debate para este lunes 11 de abril.

Parecería que Llori se va quedando sola al ser su propia bancada la que pide que sea evaluada y, posiblemente, destituida. Esto implicaría un cambio en las fuerzas políticas en el interior de la Asamblea, cuyo desenlace sería el cambio de las máximas autoridades.

Tres denuncias en dos horas

La nueva crisis para Llori se origina de las denuncias en contra del CAL. El 5 de marzo de 2022, en menos de dos horas, la Secretaría de la Asamblea Nacional recibió tres acusaciones contra el CAL.

Estas se presentaron a las 17:53, 19:07 y 19:09. Dos son en contra de los siete asambleístas que conforman el Consejo, por no hacer bien su trabajo, mientras una es exclusiva contra Guadalupe Llori en su calidad de presidenta del CAL.

El asambleísta Gruber Zambrano, independiente, fue el primero en entregar la solicitud de evaluación. En el documento se dice que la motivación fáctica fue la calificación tardía de proyectos de ley, irregularidades en la calificación de solicitudes de juicios políticos y no resolver las fechas del receso parlamentario.

Entre los asambleístas que apoyan esta denuncia están 13 legisladores de Pachakutik, incluido el presidente de la bancada, Rafael Lucero.

LA HORA habló con Lucero, quien sostuvo que su partido político nunca negó la opción de evaluar a ningún asambleísta. Lo que pedían, aseguró el jefe del bloque, es que se cumpla con el debido proceso, ingresando la denuncia a través de la Secretaría y que sea conocida por el CAL.

Como la denuncia es contra el propio CAL, Lucero afirmó que deben excusarse de tratar el tema y pasar la solicitud de evaluación directamente al Pleno que, con 70 votos, puede pedir la conformación de una comisión ad hoc, la cual tendrá entre 30 y 45 días para dar su veredicto y, posiblemente, pedir la destitución de los miembros del CAL.

Esta moción pasaría al Pleno que con 92 votos podría aprobar la destitución.

“Si falló el CAL, fallaron los siete integrantes, no solo la Presidenta”, aseguró Lucero.

A la pregunta de si este movimiento de denuncias sería peligroso para su partido por existir la posibilidad de perder la Presidencia de la Asamblea, Lucero no titubeó. Y respondió que “están dispuestos a hacer el sacrificio en nombre de la tranquilidad de la institución, que últimamente se ha desarrollado en el caos”.

En rueda de prensa, el día miércoles 6 de abril de 2022, luego de conocerse las denuncias, el asambleísta Ricardo Vanegas, de Pachakutik dijo que “está cantada la suerte de Llori”.

Salvador Quishpe también se pronunció. Dijo que esto no es traicionar a una compañera, pero que, si se encuentran errores, hay que pedir a los organismos de control que investiguen.

Lucero dijo que puede existir la posibilidad que este lunes 11 de abril no se instale la sesión del CAL y queden archivadas las demandas por haber superado el plazo establecido.

“En este caso, volveremos a ingresar la demanda” insistió el jefe de bancada.

Por otro lado, Mario Ruiz, del ala rebelde de Pachakutik, en conversación con LA HORA, calificó como “una medida desesperada” este nuevo giro de la otra parte del partido liderado por Lucero.

“A nosotros nos mandan al Comité de Ética porque supuestamente estamos contraviniendo con lo resuelto por el Consejo Político. Ahora vamos a ver qué les dicen a estos asambleístas que presentan la denuncia contra Guadalupe Llori”, enfatizó Ruiz

Las otras dos denuncias

Esteban Torres Cobo entregó una denuncia contra Guadalupe Llori, acusándola de haber incumplido la apelación a la presidencia hecha por Ronny Aleaga en la sesión 766 del 24 de febrero de 2022, en la que ella decidió suspender la sesión.

Además, la acusa de no reinstalar dicha sesión en el plazo de 30 días. Este documento fue firmado por toda la bancada del Partido Social Cristiano (PSC).

La tercera denuncia fue contra los siete miembros del CAL, presentada por cuatro asambleístas correístas de UNES: Fausto Jarrín, Luisa González, Blasco Remigio y Viviana Veloz.

Las motivaciones fueron la demora en la calificación de un proyecto de ley y por remitir un proyecto de ley a la Corte Constitucional sin antes haberlo debatido en el Pleno. (GVL)

Los asambleístas del ala rebelde de Pachakutik no firmaron ninguna de las tres denuncias.

¿Nuevas autoridades para la Asamblea?

El presidente de la bancada de Pachakutik, Rafael Lucero, explicó a LA HORA que si los miembros del CAL tienen una evaluación negativa y son destituidos, el Pleno tiene que volver a designar una nueva persona que presida la Asamblea, así como dos vicepresidentes y los cuatro vocales, que según el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa “serán elegidos de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas”.

Lucero asegura que, en caso de que se revoque a los integrantes del CAL, hasta que se elija un nuevo presidente de la Asamblea, sería el presidente de la Comisión de Justicia quien reemplazaría temporalmente a Llori.

Alejandro Jaramillo (Izquierda Democrática) es el actual presidente de la Comisión de Justicia.

Consejo de Administración Legislativo (CAL)

Funciones y errores

Dentro de las funciones del CAL está la de calificar los proyectos de ley presentados y establecer, de manera motivada, la prioridad de su tratamiento.

Según el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Pública, para esto tiene un plazo de 60 días.

El CAL, en un proyecto de ley, se demoró en calificar 107 días. Y en otro, 100 días.

Llueven pedidos para que Guadalupe Llori renuncie a la presidencia de la Asamblea Nacional

La presidenta de la Función Legislativa convoca a sesión en medio de cuestionamientos.

Patricia Sánchez, de la bancada de Pachakutik opina que Llori debe evaluar su conducta y que todavía tiene la posibilidad de salir por la “puerta ancha”.

Como un aguacero cayeron ayer los pedidos que presentaron varios asambleístas para que Guadalupe Llori dé ‘un paso al costado’ y deje vacante la presidencia de la Asamblea Nacional, debido a que su liderazgo se enfrió.

En medio de este crudo ‘invierno político’, la sesión 766 convocada por LLori, para las 12:00 de hoy se pinta muy difícil, pues la cita se dará en medio de una profunda crisis institucional. Hay que recordar que esta reunión fue suspendida el 24 de febrero cuando Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC) apeló la Presidencia, y la sesión de este viernes podría ser aprovechada por la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), que también presiona para que el Pleno  de paso a la conformación de una comisión que evalúe al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL),  que está encabezado por Llori.

Adicionalmente, la presidenta de la Asamblea sigue sumando cuestionamientos de su movimiento Pachakutik (PK), el cual se ha incorporado a la nueva mayoría conformada por UNES y el PSC.

“Toda la bancada de Pachakutik -no solo los autodenominados rebeldes- han dicho que en este momento es necesario un cambio, que la Asamblea ha perdido la capacidad de liderazgo y que se tienen que conformar la comisión”, comentó Patricia Sánchez (PK).

Puntualizó que incluso conocen, a través de sus mecanismos de comunicación internos, que a las bancadas de mayoría se sumarían algunos legisladores independientes.  “Tenemos entendido que también hay algunas personas de la Izquierda Democrática«, aseguró Sánchez.

‘Comisión no puede esperar’

Ricardo Vanegas (PK) también cree que debería haber una sustitución respetando el ordenamiento jurídico. “Hemos defendido la institucionalidad de la Asamblea, pero cuando su presidenta ya no tiene el liderazgo para dirigirla corresponde una sustitución respetando el ordenamiento jurídico y el debido proceso.  La conformación de la comisión ad hoc multipartidista no puede esperar”, dijo.

Los coidearios de la presidenta, consideran que Llori deberá evaluar su conducta, sus apoyos y una “salida digna”.  Sánchez opinó que todavía tiene la posibilidad de salir por la “puerta ancha”.

Los apoyos

Julio César Sarango, uno de los asesores de Llori advirtió que la intención de algunos grupos antagónicos es boicotear la conducción de la Presidencia de la Asamblea, en medio de una violación de procedimientos parlamentarios.

En ese sentido, manifestó  que la solicitud de apelación que se planteó en febrero hasta el momento no ha sido argumentada. “Hay un grupo de disidentes del movimiento Pachakutik que están en contra de la presidenta de la Asamblea y le están dando en bandeja de oro a los señores de UNES, para que desaten el caos en las sesiones y armen una nueva mayoría”, explicó.

El objetivo de UNES, según Sarango es acaparar la conducción de la Asamblea y el CAL,” para empezar a tramitar lo que a ellos les interesa”.

Como ejemplo,  mencionó la intención de tramitar amnistías para personas procesadas por distintos delitos de acción pública. “Este es el interés, esto está más claro que el agua”, insistió.

En todo caso comentó que todo se definirá por la “fuerza de los votos”, y aseguró que hasta el momento la presidenta cuenta con el apoyo del movimiento CREO, PK, ID, algunos independientes agrupados en la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).  “Tiene apoyos un poco divididos pero tiene la fuerza necesaria para conducir las plenarias”.

Sarango espera que la sesión de hoy sea “normal” y se aborden los puntos que están establecidos en el Orden del Día como el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.  “Si alguien lo entorpece, nuevamente tendrá que suspenderse e imponer las sanciones que correspondan, de lo contrario no dejarán trabajar”, subrayó.

La respuesta de UNES

Juan Cristóbal Lloret (UNES), desestimó las versiones de Sarango y calificó sus declaraciones de “descabelladas”.

Señaló que se han respetado los  preceptos constitucionales por lo que no se puede decir que se está intentando tomar la Asamblea por la fuerza.

Acotó que en este momento la presidencia de Llori es “insostenible”. Mucho más, después de las suspensiones “abruptas” de las sesiones violando la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

“En apego democrático, la presidenta debe dar paso al debido proceso y dejar la Presidencia, porque ya no tiene el respaldo de su propia organización política”.

El oficialismo

Juan Fernando Flores, jefe de la bancada de CREO, llamó a los sectores políticos de la Asamblea a un  “diálogo inmediato” para resolver la crisis.

“El problema no es la  persona que dirige la Asamblea. Si vamos a evaluar  a una sola persona, evaluaremos también la tarea de los 137 legisladores”, señaló. (SC)

Al vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela,  le correspondería retomar la sesión para que Llori pueda defenderse ante el Pleno de la Asamblea.
70 votos se requieren para una resolución en el Pleno.
Ningún asambleísta del oficialismo  ha pedido la renuncia de Guadalupe Llori.

La Fiscalía salta al ruedo

El debate nacional parecía girar alrededor de la muerte cruzada. Unos insisten en su inminencia y otros alertan de su tremendo costo; parece que ambos bandos asumen que el presidente Guillermo Lasso llegó a su tope y que no le queda más que elegir entre la resignación y la autoinmolación electoral. Sin embargo, la determinación con la que el mandatario presentó su denuncia contra cinco asambleístas de Pachakutik ante la Fiscalía, la agilidad con la que esta anunció una investigación y la perpleja reacción de los acusados indican la presencia de un ‘as bajo la manga’.

En un país de acuerdos oscuros, negocios nebulosos y lealtades comprometidas, la investigación penal es una fuente ingente de poder.

La Fiscalía General ha permanecido inusualmente silenciosa durante los últimos meses. Resulta oportuno considerar la posibilidad de que haya estado dedicada, entre otras tareas, a avanzar investigaciones que involucren también a grandes y pequeños personajes. Así, los procesos de investigación que anunció la Fiscalía, más que un efecto de la última ‘hazaña’ del Legislativo para boicotear todo proyecto oficialista, se interpretan como una clarísima advertencia a la oposición.

No es apropiado descartar prematuramente la habilidad estratégica del presidente Lasso —alguien que erigió un imperio financiero durante décadas de turbulencia económica y conquistó la Presidencia tras años de paciente trabajo ante un rival tan descomunal como inescrupuloso—. Asimismo, la Fiscal General ha mostrado ser implacable y todo indica que está en proceso de ‘arremangarse el traje’ y lanzar chispas a unos cuantos ‘rabos de paja’.

FRASES DEL DÍA

«El insomnio es la cara oculta de la imaginación.”

Delphine de Vigan (1966), escritora francesa

 

«Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho.”

Walter Lippmann (1889-1974), periodista estadounidense

Pachakutik se revuelve entre escándalos y disputas internas

El movimiento ha tenido que salir varias veces al paso de denuncias y problemas.

El Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo considera que este escenario era predecible desde el inicio del actual periodo legislativo.

A pesar de que en las elecciones de febrero de 2021 Pachakutik alcanzó una votación histórica y obtuvo a escala nacional 27 legisladores, convirtiéndose en la segunda fuerza política en la Asamblea, hoy el movimiento se debilita y las disputas internas lo fraccionan.

Este fin de semana, el presidente Guillermo Lasso mencionó a los asambleístas Édgar Quezada, Celestino Chumpi, Cristian Yucailla, Rosa Cerda y Gisella Molina, como los presuntos solicitantes de beneficios económicos a cambio de votar a favor del proyecto de Ley de inversiones, que fue rechazado y archivado en la Asamblea el 24 de marzo.

A esta nueva crisis de la agrupación política se suma la que ocurrió, por ejemplo, en julio de 2021 cuando Rosa Cerda, legisladora por el Napo fue cuestionada y luego sancionada por el Comité de Disciplina por decir en un discurso: “…si roben, roben bien, justifiquen bien…”.

Desde el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se piensa que este escenario era predecible desde el inicio del actual periodo legislativo.

Marcelo Espinel, director del Observatorio, dijo que la llegada de algunas organizaciones políticas con un número sorpresivo de asambleístas permitía determinar que muchos de ellos no estaban completamente alineados al proyecto político de esas agrupaciones ni venían desde las bases, por ejemplo, de Pachakutik. Añadió que muchos era personas que fueron candidatos por su potencial individual para conseguir votos.

La debilidad específica de esa agrupación es visible actualmente en dos situaciones: la existencia de un grupo de ocho legisladores, autodenominados “rebeldes”, que están empeñados en evaluar la gestión de su coidearia Guadalupe Llori.  Y el hecho de que a pesar de que el movimiento tiene la presidencia de la Asamblea, no logran articularse como una bancada sólida.

Al final, Espinel dejó abierta la interrogante: ¿Pachakutik habrá tenido procesos adecuados de democracia interna para seleccionar a los mejores cuadros para ocupar cargos? ¿Y controles internos disciplinarios bien hechos y exigentes? (SC)

El perdón y olvido de la Asamblea a los daños de octubre

La Asamblea Nacional concedió a 268 personas la amnistía. Eran casi las cuatro de la madrugada del 10 de marzo de 2022. Y al amanecer se iniciaron los cuestionamientos.

Legisladores de Pachakutik se abrazaron en medio de la Sala Nela Martínez. Sus compañeros de la Conaie recibieron el perdón y se dejaron sin efecto las indagaciones previas que tenían en su contra, por las protestas de octubre de 2019.  Los delitos iban desde terrorismo hasta daño a los bienes ajenos.

Las reacciones no se hicieron esperar

La Asamblea Nacional ha olvidado a Quito en llamas”, dijo el consejero del Gobierno, Diego Ordoñez, en rueda de prensa. La posición del Ejecutivo, según Ordoñez, es de aceptar la decisión a pesar de cuestionarla por injusta. El vocero de Carondelet se solidarizó con los quiteños y con las fuerzas del orden.

Entre los amnistiados están personas que fueron judicializadas por defender los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, por aplicar la justicia indígena y los investigados por los daños cometidos en las manifestaciones de octubre 2019 contra la eliminación del subsidio a los combustibles.

De este último grupo, hay cabezas visibles como Marlon Santi, Leonidas Iza, Jaime Vargas, Paola Pabón y Virgilio Hernández.

Cuatro días antes de conceder las amnistías se desarrolló el Consejo Político de Pachakutik. Una de las resoluciones fue que el bloque debía votar de manera orgánica para zanjar los problemas internos del partido, que devino en la formación del grupo radical autodenominado los “rebeldes”.

Otra de las resoluciones fue sostener a Guadalupe Llori en el intento de la nueva mayoría parlamentaria de evaluar su función, como Presidenta de la Legislatura, con la opción de destituirla.

Horas antes de empezar la Sesión del Pleno del miércoles 9 de marzo de 2022, asambleístas de PK hicieron un llamado público a las demás bancadas para aprobar la moción. Sus peticiones dieron resultado. Siete horas después, con 99 votos a favor se dio paso a las amnistías.

El analista político Alfredo Espinosa cree que “negociaron la cabeza de Llori en la Asamblea para canjearla por la impunidad de los delincuentes”, y que aprobar algo tan decisivo en horas de la madrugada “es letal para la democracia”. Espinosa dice que la Asamblea Nacional cometió un error al “confundir reconciliación con impunidad”

Al mediodía del 10 de marzo de 2022, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial en Twitter rechazando “la injusticia e irresponsabilidad cometida por la Asamblea Nacional, al otorgar amnistía a quienes, mediante actos violentos, usurparon la tranquilidad de la capital ecuatoriana”

El Ejecutivo considera que la movilización de octubre 2019 “tuvo fines políticos desestabilizadores”

Vivian Idrovo, abogada de los defensores amnistiados, dijo a LA HORA que, “la posición del Gobierno no nos sorprende y tiene relación con la represión de hace dos días en las marchas por el #8M”.

Por su parte, la asambleísta de CREO, Ana Belén Cordero, dijo a este Diario que la postura del bloque es la de rechazar a quienes votaron a favor de la impunidad de los actos vandálicos en las distintas ciudades del país. Cordero aseguró que lo que sucedió en octubre 2019 no fue una marcha pacífica, que se quemaron, a propósito, varios expedientes que estaban en Contraloría y que se ultrajó a las fuerzas del orden y a periodistas.

Con esta decisión, quedaron en el olvido acusaciones como secuestro, rebelión, instigación y asociación ilícita.

Según el Banco Central del Ecuador, los daños y pérdidas a la infraestructura institucional causados en octubre 2019 ascienden a 39 millones de dólares

“Las amnistías no son solo para los inocentes” dijo el asambleísta de Pachakutik Mario Ruiz cuando la solicitud entró al Pleno.

“Expresamos nuestro total rechazo a dar impunidad y a tener una amnesia selectiva” es la posición tajante de la asambleísta por CREO Ana Belén Cordero.

Asamblea debatirá amnistías y derogatoria de reforma tributaria

La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, incluyó esos temas en la agenda de la sesión de este miércoles.

El movimiento Pachakutik dio una rueda de prensa minutos antes de comenzar la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional este miércoles 9 de marzo de 2022.

La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, incluyó en el orden del día, el debate sobre las cuestionadas amnistías a más de 200 personas que supuestamente fueron criminalizados por defender la naturaleza y los derechos humanos. También se incluye a quienes están acusados de daños y violencia durante las manifestaciones de octubre 2019.

El asambleísta Marlon Santi hizo un llamado a todas las bancadas de la Asamblea para “hacer historia” y votar a favor de perdonar a los que consideró “perseguidos políticos”. Entre los acusados están personajes como Paola Pabón, Virgilio Hernández y Leonidas Iza.

“Se nos acusa de que hemos sido el movimiento indígena el que saqueó Quito, pero, ¿quién hizo el decreto 883?”, dijo Santi en su intervención.

Se refiere al Decreto Presidencial firmado por el expresidente Lenín Moreno, en el que se quitaba el subsidio a los combustibles y que fue el detonante de los 10 días de marchas y protestas que terminaron en violencia y muertes.

Salvador Quishpe recordó que Llori también cambió el orden del día de la Sesión de hoy, para debatir la Ley que promueve la derogatoria de la reforma tributaria, que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley.

Una de las razones por las que los “rebeldes” de Pachakutik acusaron a Llori de “incumplimiento de funciones”, fue no tratar este tema en el Pleno. La opción que se barajaba desde el CAL era enviarlo a la Corte Constitucional para saber si la Asamblea tenía la potestad o no de derogar la Ley.

Quishpe dijo que ese “era un punto de conflicto” para cuestionar el trabajo de la Presidenta de la Asamblea, pero que ahora se abierto la posibilidad de que el proyecto derogatorio se tramite de manera ordinaria por el Pleno, sin necesidad de acudir a la Corte Constitucional.

Por último, la protagonista del día, la Presidenta de la Legislatura, tomó la palabra. Dijo que el objetivo de incluir estos temas en el orden del día fue “devolver la calma a los compañeros criminalizados y la armonía a la Asamblea Nacional”

Aseguró que no se aferra a su cargo, pero “lo va a hacer respetar”. Y en un pico de euforia, recordó cuando fue encarcelada en la época del expresidente Rafael Correa. “Yo no me fui por las alcantarillas, ni a Bélgica” fue la frase con la que Llori  cerró la rueda de prensa. (GVL)

Consejo Político no resolvió pugna en Pachakutik

La Presidenta de la Asamblea busca recuperar el apoyo de su partido.

Parte del movimiento dice que se revolvió votar orgánicamente y apoyar a Guadalupe Llori. Los ‘rebeldes’ insisten en fiscalizar a la titular de la Asamblea.

Los asambleístas que no se adhieran a la visión general de Pachakutik podrían ser separados del movimiento. Esa fue una de las resoluciones que tomó el 7 de marzo de 2022 el Consejo Político de la agrupación política.

En entrevista con Radio Visión, la mañana de hoy (8 de marzo de 2022), el asambleísta Rafael Lucero confirmó que otra de las resoluciones definidas ayer fue apoyar el trabajo de la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. También indicó que votarán en bloque, manteniendo los 25 votos unidos en resguardo de la línea política de Pachakutik.

Esto pone en duda cuáles serán las siguientes acciones del ala autodenominada ‘rebelde’, que semanas atrás viene pidiendo la evaluación de Llori y su posible destitución. Para esto se necesitaría conformar una comisión multipartidista que juzgue a la más alta dignidad del Legislativo.

Marlon Santi, coordinador del bloque, aseguró este martes que mantienen el objetivo de votar orgánicamente y que “si alguien quiere interferir en ese camino, aplicaremos el Código de la Democracia y nuestro régimen orgánico”. Esto podría devenir en la separación del movimiento político.

Sin embargo, asambleístas como Mireya Pazmiño insisten en que se evalúe el trabajo de la Presidenta de la Asamblea Nacional. Dijo que ayer (lunes) tuvo que salir del Consejo Político antes de definir las resoluciones, pero que “no se habló, en ningún momento, de conspiración; pero tampoco de apoyo a Guadalupe Llori”.

Por su parte, el asambleísta Mario Ruiz, otro de los protagonistas del grupo de ‘los rebeldes’, dijo que fueron ellos quienes solicitaron la unidad, pero en el marco del proyecto político de Pachakutik y la Conaie. (GVL)

La Asamblea naufraga entre ultimátums y pugnas

Los legisladores tuvieron su última sesión de Pleno el 24 de febrero de 2022

La nueva mayoría socialcristiana, correista y con parte de Pachakutik busca sacar de la presidencia a Llori. El tiempo se agota para la Ley de Inversiones.

La Asamblea Nacional lleva 11 días enfrascada en una pugna de poder y sin lograr retomar las sesiones del Pleno para tramitar proyectos de Ley.

Esa pugna estalló el pasado 24 de febrero de 2022. Aquel día, la presidenta del legislativo, Guadalupe Llori, suspendió la sesión de pleno No 766, en medio de los gritos de miembros de Unión por la Esperanza (UNES), algunos del Partido Social Cristiano (PSC) y los disidentes del Pachakutik.

Esa nueva mayoría intentó cambiar el orden del día para votar la conformación de una Comisión Multipartidista que analice el trabajo del Consejo de Administración de la Asamblea (CAL). Con este procedimiento, se puede llegar hasta la destitución de la presidenta del Legislativo.

La sesión suspendida se intentó reanudar, de manera virtual, el 26 de febrero de 2022. Sin embargo, no hubo quórum porque no se conectaron los 70 asambleístas del bloque de oposición correísta, socialcristiano y parte de Pachakutik.

“Con la estrategia de sembrar la confusión y el caos en la Asamblea se busca controlarla para imponer un Consejo de Participación Ciudadana que nombre contralor, procurador, fiscal, autoridades electorales. Esa es la razón que se oculta detrás de todos los acontecimientos que se viven”, señaló Llori en un discurso emitido el martes 1 de febrero de 2022.

Un ultimátum está sobre la mesa

El legislador socialcristiano Esteban Torres aseguró que no tienen lógica las declaraciones de Llori.

“En caso de que sean censurados los miembros del CPCCS se los reemplaza con los suplentes de los cuales quedan dos porque el resto han sido ya utilizados. Los demás se llenan con los más votados de esa elección; ¿hay ahí socialcristianos? No”, dijo.

Durante la última semana, la presidenta del Legislativo no ha convocado a sesiones del Pleno, lo que impidió que la nueva mayoría intente mocionar nuevamente la creación de la comisión multipartidista de evaluación.

En este escenario, UNES, PSC, y el grupo de Pachakutik cercano a Leonidas Iza, lanzaron una advertencia: Que se convocarán por su cuenta a sesiones plenarias.

Si hasta el martes 8 de marzo de 2022 la presidenta no convoca a reunión del Pleno, los dirigentes de UNES, Marcela Holguín, y del PSC, Esteban Torres, señalaron que empujarán una auto convocatoria para reinstalar la sesión 795, donde fue apelada la dirección de Llori y tramitar la conformación de una comisión evaluadora del CAL.

La titular de la Asamblea convocó a los legisladores a una nueva sesión no para el martes, sino para el miércoles 9 de marzo. El orden del día planteado establece recibir al Ministro de Agricultura, Pedro Álava; elaborar un informe sobre el veto parcial del presidente Lasso al proyecto de ley de interés social; tratar el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Educación Intercultural y tratar el informe de amnistías.

Aún no se sabe la reacción de las bancadas opuestas a Llori. Sin embargo, para que una auto convocatoria tenga validez, se deben recoger 91 firmas de adhesión; pero la nueva mayoría solo tiene aseguradas 70.

El legislador oficialista Juan Fernando Flores (CREO) puntualizó que la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) no se prestará para ello, y se respetarán las convocatorias que establezca la presidenta Llori.

Además, advirtió que se aplicarán sanciones para aquellos legisladores que no dieron quórum el sábado 26 de febrero, así como a aquellos asambleístas que, “muy valientes y fervorosos, gritaron, empujaron e insultaron”.

“No se dejen engañar, los mismos de siempre quieren perturbar la institucionalidad de la Asamblea Nacional, los mismos de siempre son los que no permiten que esta Asamblea avance y trabaje”, afirmó.

¿Al Gobierno le conviene el caos en la Asamblea?

El asambleísta Darwin Pereira, que pertenece al grupo de disidentes de Pachakutik, aseveró que el actual escenario de conflicto puede ser la mejor cortina para que pase sin cambios el proyecto de ley urgente en materia económica sobre inversiones.

Al Legislativo le quedan menos de 20 días para tramitar el documento en dos debates dentro del Pleno. Desde el 2 de marzo de 2022, la Comisión de Desarrollo Económico comenzó a trabajar en el primer informe sobre la iniciativa.

Pereira afirmó que la única salida a la crisis de la Asamblea es la auto convocatoria, porque se corre el riesgo de que Llori convoque y suspenda la sesión aduciendo falta de garantías y a la final impida tratar los temas.

“Una Asamblea estancada le conviene al Gobierno, porque neutraliza a la oposición y no hay reuniones en el Pleno”, recalcó.

El jefe de bancada de la Izquierda Democrática, Marlon Cadena, aseguró que no respaldarán intereses desestabilizadores y una agenda particular que busca el caos en el país. En este sentido, se mostró partidario a que se conforme una mesa de diálogo entre todos los sectores políticos.

Por su parte, Marcela Holguín, coordinadora de UNES, insistió en que la presidenta de la Asamblea debe convocar a los legisladores a trabajar en el Pleno y que además debe mostrar transparencia en su accionar y permitir la conformación de una comisión ad hoc para una evaluación a los integrantes del CAL. Añadió que este proceso no necesariamente debe concluir en el cese de las autoridades.

Si la estrategia del Gobierno es evitar que se modifiquen los textos del proyecto de ley urgente de inversiones, añadió Holguín, la bancada de UNES no lo permitirá, porque si bien se vence el plazo el 24 de marzo, la bancada trabaja en un pliego de modificaciones.
“No vamos a permitir que esto pase por el ministerio de la ley y exigiremos a la presidenta que convoque a las sesiones plenarias”, afirmó.

Todas estas pugnas se desarrollan en un ambiente social en donde la Asamblea es una de las instituciones públicas peor evaluadas por la ciudadanía. Cada legislador y su equipo cuesta alrededor de $13.000 mensuales, pero en nueve mese en funciones han aprobado más del doble resoluciones (sin ningún peso jurídico) que leyes. (JS)