La estrategia de organizaciones como la Conaie es dilatar el trámite en la Corte Constitucional para mantener indefinidamente paralizados a más de 170 proyectos productivos (incluyendo dos mineros). Ecuador está perdiendo la oportunidad de que se concreten más de $2.000 millones en inversiones que estaban en marcha.
El Ecuador requiere de licencias ambientales para implementar toda clase de proyectos industriales y productivos. Para dicho licenciamiento es preciso el ejercicio del derecho a la consulta ambiental. La misma fue implementada mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 754 de 31 de mayo de 2023, en cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional constantes en los casos denominados “Los Cedros” y “Manglares”.
Algunas organizaciones indígenas, bajo el paraguas de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra el referido Decreto 754.
La Corte Constitucional, que admitió a trámite dicha acción, e implementó, según la Cámara de Minería, basada en hechos desapegados a la realidad, una medida cautelar que suspende los efectos de dicho decreto, hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Esto dejó sin piso y paralizados a más de 17o proyectos productivos de todo tipo (incluidos dos mineros). Además, se impide que nuevas iniciativas se implementen.
La Cámara de Minería denuncia que, luego de que el lunes 18 de septiembre se llevara a cabo la audiencia de este caso, la Corte se encuentra a puertas de emitir una sentencia.
«Sin embargo -y con gran sorpresa- se ha informado que estos grupos intentan nuevamente dilatar el proceso, interponiendo tres demandas adicionales que también buscan que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 754, incidentando un proceso de examen constitucional a través de la búsqueda de una acumulación de causas», dice el gremio productivo
Esta táctica estaría en la línea de demorar una resolución de la Corte en medio de una situación económica compleja que necesita de más empleo e inversión.
Sin un mecanismo vigente de consulta ambiental, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y los Gobiernos Autónomos Descentralizados no pueden otorgar licencias ambientales.
El pasado lunes, José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica fue enfático en señalar que el procedimiento para la consulta ambiental constante en el Decreto 754, no tiene relación alguna con la consulta previa, libre e informada cuyo titular son las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
Así también puntualizó que se está obstruyendo la realización de obras públicas y privadas por más de $2.000 millones que beneficiarían a todo el país, entre las que se cuentan hospitales, plantas de tratamiento de agua, de desechos sólidos, entre otras.
«Esperamos que la Corte Constitucional esté a la altura de lo que el país espera y no se preste para seguir las pretensiones de ciertos grupos que lo único que persiguen es promover una agenda específica cuyo verbo rector es el obstruir, y que no se conjuga con el bienestar y tampoco con la necesidad de poner al país a trabajar urgentemente y terminar la paralización en la que se encuentra en beneficio del empleo y crecimiento de los ecuatorianos», aseguró la Cámara de Minería. (JS)