Desde industrias, mineras y hasta instituciones públicas se han visto afectadas por el mal uso de garantías constitucionales. La inseguridad jurídica aumenta y se complica la generación del empleo.
El abogado constitucionalista, Emilio Suárez, explicó que dos graves abusos en el uso de las medidas de protección y las garantías constitucionales están pasando desapercibidas por la mayoría de la opinión pública, a pesar de su efecto nocivo en incrementar la inseguridad jurídica, y golpear a la producción y generación de empleo.
Por un lado, Suárez puntualizó que se están utilizando medidas cautelares para enriquecerse a costa del Estado.
«Existe casos tan graves como que el que obliga actualmente al Banco Central del Ecuador (BCE) al pago de más de $60 millones. Y le embargaron varios edificios en la ciudad de Guayaquil, debido a la aceptación de una medida cautelar interpuesta por extrabajadores despedidos en 2004», puntualizó el abogado constitucionalista.
Este caso se dio a conocer a finales de 2022, y en su momento el Banco Central emitió un comunicado oficial rechazando la situación y considerando que “con este abuso sistemático de las acciones constitucionales, exfuncionarios, abogados y otras personas buscan enriquecerse a través de reparaciones desproporcionadas”.
Para conocer más sobre este caso, se puede consultar el comunicado de la institución pública en este link: Banco Central del Ecuador – PRONUNCIAMIENTO DEL BCE FRENTE AL ABUSO DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y SU GRAVE AFECTACIÓN A LOS RECURSOS PÚBLICOS
Entorpecer los proyectos productivos
Por otro lado, Suárez recalcó que varias compañías del sector industrial y minero también deben enfrentar el abuso de medidas cautelares, la cuales se interponen para entorpecer proyectos productivos y que incluso se meten en temas técnicos que no deberían ser tratados por jueces.
«Más o menos hemos visto que en los últimos dos a tres años se han presentado más de 20 medidas cautelares contra proyectos mineros. Además, esas medidas se interponen cuando ya se han descubierto yacimientos, es decir, después de años de exploración», añadió.
El abogado constitucionalista consideró que se espera hasta que se establece que hay potencial de explotación minera para intentar torpedear el desarrollo, la inversión y la generación de empleo.
«Un proyecto minero no es un proyecto en el que venimos, escarbamos un poco, encontramos la mina y enseguida empezamos a extraer recursos. Se requieres algunas fases desde la exploración inicial, la exploración avanzada y solo luego pasas a la explotación. Pueden tomar 20, 30 y hasta 40 años», aseveró.
Así, hay toda una estrategia montada para buscar dejar sin piso a los proyectos mineros justo cuando se puede empezar a construir mina y sacar los metales.
El caso del proyecto Loma Larga
El 22 de febrero de 2022, justo cuando la minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM) estaba en la fase de exploración avanzada del proyecto Loma Larga, ubicado en la provincia del Azuay, un grupo de colectivos liderados por el excandidato presidencial Yaku Pérez interpusieron una acción de protección para paralizar el proyecto.
Aunque esa acción de protección no fue contra la empresa canadiense, sino contra el ministerio de Ambiente, ese ha sido el punto de partida de una batalla legal que ha retrasado los planes de invertir más de $410 millones en la construcción de una mina. Esa construcción debería haberse iniciado hace más de un año, pero no se ha podido hacer.
Sin embargo, Dundee Precious Metals aseguró que, a pesar de la reciente sentencia judicial de finales de agosto de 2023 que ordena realizar una consulta previa y una serie de informes ambientales antes de pasar eventualmente a la fase de explotación, el proyecto no está cancelado ni anulado; pero su ejecución completa tomará varios meses más
La empresa acusó a Pérez de confundir a la opinión pública al informar sobre el fallo judicial como una victoria por la cancelación definitiva del proyecto.
Según Suárez, el fallo de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay ratificó la sentencia en primera instancia que advertía de una vulneración al derecho a la consulta previa y ordenó al Gobierno realizar también la respectiva consulta ambiental.
Asimismo, la sentencia ordenó al Ministerio de Ambiente presentar en el juzgado de origen dos informes completos del estado actual del Área Nacional de Recreación Quimsacocha y de la sustentabilidad del ecosistema.
En estos informes ni siquiera estarían dentro de las atribuciones del ministerio de Ambiente debe describir la biodiversidad de la zona, su valor científico, el ecosistema, el estado de la flora y fauna y de los bosques y vegetación protectora, así como el orden de preferencia y aprovechamiento del agua.
La empresa, aunque está dispuesta a ayudar en todo lo posible para destrabar la situación, negó que las lagunas de Quimsacocha vayan a verse afectadas por la instalación de la mina. La razón es que la mina se construiría en otro sector y a una altura más baja que las lagunas. En este sentido, rechazó que la mínima posibilidad de que se contaminen las fuentes hídricas de la ciudad de Cuenca.
Dundee Precious Metals (DPM) están convencida que todo llegará a buen puerto y mientras tanto sigue generando proyectos de vinculación con la comunidad y de monitoreo ambiental.
Sin embargo, todo lo ocurrido alrededor de la concesión minera, y el abuso de las medidas cautelares, pone en la mira los intereses detrás de ciertos sectores.
Suárez recordó que un modo de acción parecido fue implementado por Pérez en el proyecto Río Blanco. En ese caso se logró paralizar indefinidamente todo y ahora la zona está plagada de minería ilegal y ni las autoridades pueden ingresar.
» El señor Pérez arma protestas contra los proyectos legales, pero nunca se le ha visto decir nada contra la minería ilegal», acotó. (JS)
DATO.- En 2021, la minera Dundee Precious Metals (DPM) adquirió la concesión para extraer oro, plata y cobre, al estimar unas reservas entre probadas y probables de 2,2 millones de onzas de oro y 88 millones de libras de cobre.