El acuerdo político fortalece los intereses que tiene cada bancada, dice Nataly Morillo (Construye). Muestra de ello es que Henry Kronfle (PSC) se ausenta y deja la presidencia de la Asamblea a la Revolución Ciudadana cuando en la agenda se incluyen temas polémicos.
El trámite y anuncios de juicios políticos y la reciente notificación de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, de analizar la gestión del Consejo de la Judicatura (CJ), e iniciar un proceso de fiscalización “profundo al reparto de la justicia”, han marcado la agenda legislativa en las últimas semanas.
Esto se da en medio del discurso por la gobernabilidad que patrocinan los aliados de las bancadas de Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y el gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN).
El movimiento Construye, el opositor más visible a esta tendencia, sostiene que el pacto ha permitido que fluyan de manera ágil los procesos de interpelación y censura, primero a Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, del Gobierno del expresidente Guillermo Lasso.
Luego, llegó la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, y otros que avanzan en la Mesa de Fiscalización y que están a la fila, entre ellos al ministro de Energía, Fernando Santos Alvite; del Interior, Juan Zapata; de la fiscal general del Estado (FGE), Diana Salazar.
Asimismo, está el anuncio de juicio a Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública, también excolaborador de Guillermo Lasso.
“Es evidente que estos acuerdos fortalecen los intereses que tiene cada bancada”, afirmó Nataly Morillo (Construye), tras señalar que una muestra de ello es que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), prefiere ausentarse de la Presidencia o salir del país cuando en la agenda legislativa se incluyen temas polémicos y el bloque que toma la batuta es la Revolución Ciudadana (RC).
“Esos acuerdos van por allí…”, resaltó Morillo. El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, encargó la presidencia a Viviana Veloz (RC) cuando el Pleno destituyó a Fausto Murillo, el 29 de febrero de 2024, y en dos ocasiones, cuando el movimiento Construye intentaba aprobar una moción de respaldo a las acciones de la fiscal, Diana Salazar.
Construye está ahora a la expectativa ante el juicio político que se aproxima en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y que, según Nataly Morillo, sería sustanciado en el Pleno a más tardar en mayo, más aún cuando ADN y el PSC se han pronunciado en respaldo, frente a la insistencia del correísmo.
Otto Vera (PSC) niega que el discurso de la gobernabilidad esté atado a dar paso a juicios políticos que, según dijo, han sido planteados por varias bancadas.
“Nosotros hemos planteado algunos y la Revolución Ciudadana otros. “En lo que sí quedamos de acuerdo es que, independientemente que estemos o no conformes con un juicio, será en el Pleno que se decida, pero en algunos procesos se sustanciaron las pruebas, por ejemplo, en el tráfico de influencias que se actuó por parte de algunos vocales de la Judicatura”, agregó Vera.
Coincidencias legislativas
José Luis Vallejo (Revolución Ciudadana) consideró que más que alianzas existen coincidencias legislativas. “Las alianzas implican acuerdos que van más allá de la Asamblea, pero nosotros no tenemos una agenda programática, no tenemos espacios, son mayorías móviles”.
En todo caso, afirmó que hay siete juicios políticos y una agenda de 110 proyectos de ley que deben ser tramitados, y un tema neurálgico son las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“Por ser el centro de debate, por descontado se da que en ciertos casos hay que hacer concesiones y lograr acuerdos. A acuerdos me refiero a sacar votaciones para lograr tener un proyecto de ley casi por semana”, señaló Vallejo.
César Umajinga, ADN, alianza Suma-Actuemos, defiende que el acuerdo de legislación y fiscalización no ha sido sesgado por odios, ni venganzas. Para él es una hoja de ruta fundamentada con carácter técnico, científico y de planificación. “Se trata de que el Ecuador observe a los causantes que generan la pobreza y a la extrema pobreza”, acotó el parlamentario.(SC)