Los Ríos

Pedido de traslado de servidores policiales desde Quevedo a otras ciudades genera reacciones de colectivos, entre ellos una acción constitucional

agosto 19, 2021
SITUACIÓN. En Quevedo se viven actualmente altos índices de violencia. Foto: Archivo

Colectivos piden que se deje sin efecto el pedido de la Comandancia de Policía, de trasladar a 65 uniformados a otras ciudades.

QUEVEDO. El activista social Leonardo Jiménez informó que este jueves 19 de agosto de 2021, junto con el presidente de Defensores de Derechos Humanos y la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Los Ríos (Franklin Montes), y con el patrocinio del abogado Alexis García, presentaron una acción constitucional de medida cautelar en contra de la Comandancia de la Policía Nacional.

Según Jiménez, es «por pretender dejar desprotegida» a  Quevedo, que vive un alto índice delincuencial. Informa además que mediante memorando, sin sustentos e informes técnicos, se pretende trasladar a cerca de 70 policías a otras ciudades, «violentando incluso procedimientos administrativos».

«Esperamos que los señores jueces puedan actuar y resolver en beneficio de la ciudad la petición de medida cautelar solicitada que concretamente es suspender la ejecución del memorando que ordena los traslados de los elementos policiales que tienen el deber de proteger y dar seguridad a los quevedeños», escribió Jiménez en redes sociales.

Un caso particular

El abogado Jhonny Briones, representante de un servidor de la fuerza pública del orden, quien labora en el área administrativa, informó que en el Telegrama 1561 y luego con el Memorándum 317, él recibe el traslado con otros 65 miembros a Puyo (Pastaza) y diferentes ciudades del país.

«Para ello, la comandante Tanya Varela emite este telegrama y este memorándum contraviniendo las disposiciones expresas y violentando los derechos consagrados en la Constitución, como el derecho a la salud, el debido proceso y la seguridad jurídica», expone Briones.

El jurista menciona que el servidor policial se acoge en base a un informe médico, en el que se le diagnostica infección por COVID-19, además de adormecimiento del cuarto y quinto dedo, así como el codo superior derecho. Asegura que se le recomienda que en los próximos seis meses realice labores netamente administrativas, además de que debe seguir un tratamiento farmacológico.

«El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece que los servidores policiales deben cumplir sus funciones en base a su perfil profesional. La comandante Tanya Varela está contradiciendo la resolución que ella misma emitió el 9 de abril de 2021. Además, la Constitución establece que todos los actos administrativos deben ser debidamente motivados, pero en el telegrama, sin ninguna motivación o justificación, se solicita el traslado de los servidores policiales», expone. (DLH)