Corte Nacional envió a Cancillería pedido oficial para extradición de Rafael Correa

La CNJ entregó a Cancillería (foto) el pedido de extradición de Rafael Correa.

Desde el 25 de abril, el perito acreditado por el Consejo de la Judicatura (CJ) inició la traducción de casi  3.000 páginas de la sentencia y las pruebas que sustentan el delito de cohecho en el caso ‘Sobornos’, que pesa sobre Rafael Correa.

Katerine  Muñoz, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), remitió este 27 de mayo de 2022, un oficio  a la Cancillería en  el que pide oficialmente  que se tramite  la extradición desde Bélgica de Rafael Correa, expresidente de la República,  sobre quien pesa una sentencia de ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado en la trama de corrupción ‘Sobornos 2012-2016’.

Esto ocurre  una vez que el perito concluyó la  traducción del expediente del español al idioma francés, que inició el pasado 25 de abril.

La funcionaria encargada de la CNJ concluyó así el trámite que ya había iniciado hace más de un mes Iván Saquicela, presidente titular de la Corte, actualmente suspendido en funciones por 90 días por el Consejo de la Judicatura (CJ) por presunta negligencia manifiesta en un caso de extradición.

Concluido este trámite en la CNJ, ahora  está en manos de la Cancillería emprender las acciones diplomáticas ante el gobierno de Bélgica. (SC)

Suspendido presidente de la Corte Nacional sufre revés ante la Justicia

Iván Saquicela, en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. (foto archivo, cortesía)

El Juez  negó la acción cautelar solicitada por Iván Saquicela y fijó para el 26 de mayo la audiencia pública de la acción de protección solicitada por el suspendido titular del Poder Judicial. 

Iván Saquicela, el suspendido presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ),  sufrió un primer revés en los tribunales del país.

Carlos Jerves,  juez de la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer de Cuenca negó, este lunes 23 de mayo de 2022, la medida cautelar (anulación de su su suspensión) solicitada por Saquicela dentro de la acción de protección que presentó en la capital azuaya a las 20:48 del domingo 22 de mayo de 2022.

En esta acción legal, el expresidente planteaba que con la suspensión implicaba una vulneración de sus derechos  y la vulneración a la Función Judicial; el magistrado planteó el recurso luego de que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) lo suspendiera por 90 días en su cargo por presunta infracción de manifiesta negligencia establecida en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). 

En su providencia de este lunes, Carlos Jerves señala que no existe la necesidad temporal de adoptar la medida cautelar y que, además, la solicitud realizada por Saquicela no cumple con los presupuestos establecidos en las reglas jurisprudenciales contempladas en la sentencia No. 03413-SCN[1]CC, caso No. 0561-12-CN de la Corte Constitucional (CC).

En el documento, el magistrado  también fija para el jueves 26 de mayo la audiencia pública de la acción de protección de Saquicela, quien fue suspendido preventivamente por el CJ.

La resolución de la Judicatura  se dio luego de que el 19 de mayo de 2022 se receptara una denuncia formal contra el servidor judicial relacionada con el supuesto retardo en la tramitación de un caso de extradición que era de su responsabilidad en calidad de presidente de la CNJ. (SC)

La Judicatura suspende al presidente de la Corte Nacional de Justicia

Con la decisión, la magistrada Katerine Muñoz se convierte en la presidenta subrogante de la CNJ durante los 90 días de la suspensión.

El pleno del Consejo de la Judicatura  (CJ) dictó hoy, 20 de mayo de 2022, una medida preventiva de suspensión por 90 días a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La Judicatura argumenta presunta infracción “gravísima” de manifiesta negligencia  estipulada en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), tras una denuncia relacionada con una supuesta demora en la tramitación  de un caso de extradición.

El CJ no da detalles sobre este último tema, pero desde hace varias semanas, la CNJ anuncio que está en proceso el trámite para extradición desde Bélgica del expresidente Rafael Correa, y quien en 2020 fue sentenciado a ocho años de prisión  por el delito de cohecho agravado en el caso “Sobornos 2012-2016”. Y de Carlos Pólit, excontralor general del Estado, quien ahora reside en Estados Unidos acusado de lavado de activos.

Un día antes de tomar esta decisión, el  18 de mayo de 2022, el  CJ solicitó al pleno de la CNJ que reincorpore en sus funciones regulares al conjuez encargado del despacho de las causas que le corresponden a Iván Saquicela.

La Judicatura argumentaba  su pedido en la necesidad de solventar el  aumento de la carga procesal en la Corte, optimizar los recursos de la Función Judicial y atender el pedido formulado por la presidencia de la CNJ para incrementar el número de conjueces.

Con la decisión de la Judicatura, Katerine Muñoz,  es la presidenta subrogante de la CNJ. También preside la  Sala de lo Laboral.

“Soy víctima de persecución”

“Denuncié al país la metida de manos en la justicia, ahora soy víctima de persecución, me van suspender y luego pretende el CJ destituirme para dar paso a la impunidad. Seguiremos firmes, nos asiste la razón en defensa de la  institucionalidad”, respondió Saquicela en su cuenta oficial de Twitter.   Asumió la presidencia de la  Corte el 5 de febrero de 2021.

Mientras tanto, los presidentes de las cortes provinciales del país,  en rueda de prensa, desconocieron  a Fausto Murillo como presidente del Consejo de la Judicatura y denunciaron presunta injerencia en la Corte Nacional, y que se habría lesionado la independencia judicial.  (SC)

Judicatura pide que el presidente de la Corte Nacional también despache causas

Iván Saquicela (i.) asumió la presidencia de la CNJ en febrero de 2021. (Foto archivo)

Desde el 5 de  febrero de 2021, Iván Saquicela integra la Sala Especializada de lo Penal, Civil y Militar. Desde entonces también asumió la presidencia de la Corte Nacional de Justicia.

El Consejo de la Judicatura (CJ) solicitó al pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 18 de mayo de 2022,  que reincorpore en sus funciones regulares al conjuez encargado del despacho de las causas que le corresponden a Iván Saquicela Rodas, titular de la CNJ.

La Judicatura argumenta su pedido en la necesidad de solventar el  aumento de la carga procesal en la Corte, optimizar los recursos de la Función Judicial y atender el pedido formulado por la presidencia de la CNJ para incrementar el número de conjueces.

La solicitud de la Judicatura se fundamenta en el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial  (COFJ), y deberá ser conocida y resuelta por los jueces nacionales de la CNJ.  Para las próximas horas se prevé un pronunciamiento oficial de la Corte Nacional sobre el pedido de la Judicatura.  (SC)

Corte Nacional retira terna para titular de la Judicatura «para evitar su archivo»

El presidente de la CNJ anunció su decisión acompañado por los magistrados que integran el organismo.

En un oficio de dos páginas dirigido al presidente del Consejo de Participación,  Hernán Ulloa, la Corte Nacional le notifica su decisión de retirar la terna.

El pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) anunció este 17 de mayo de 2022, que procedió al retiro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), la terna de profesionales del derecho para la designación de presidente titular del Consejo de la Judicatura (CJ).

Iván Saquicela, presidente de la CNJ, explicó en una rueda de prensa, que la decisión busca evitar que se «consume la arbitrariedad del archivo la terna«, y anunció que volverán a enviar la propuesta una vez que se evidencien que existen garantías constitucionales.

“Creemos que es absolutamente necesario comentar al Ecuador que existe la posibilidad real, inminente, de una nueva metida de manos en la justicia y esto tiene que ver con la terna que presentamos como Corte al Consejo de Participación para que se designe al presidente de la Judicatura”, expuso Saquicela, ante la -a su juicio- negativa del Consejo de nombrar al nuevo presidente de la Judicatura.

Saquicela responsabilizó al CPCCS por las fallas y problemas institucionales que devengan de las actuaciones del actual pleno del CJ al no estar conformado con apego a lo establecido en la norma legal. Para las próximas horas se espera un pronunciamiento del titular del Consejo de Participación. (SC)

De la Corte Nacional a la Suprema Corte

PROGRAMA. Constan el Dr. Gerónimo Ruiz; Dr. Fausto Moreno Sánchez y Dr. Manuel Armijos.

Si en Ecuador hubiera una Contraloría capaz de hacer una auditoria a la enorme inversión hecha respecto a la reforma judicial, las glosas serían muchísimas. El criterio judicial no se ha unificado, por lo tanto, el concepto de justicia es un vaivén del tipo de sociedad del momento.

“Este es un problema estructural en su conjunto de la administración de justicia que es parte de la superestructura de la sociedad ecuatoriana” afirma el Dr. Fauto Moreno Sánchez, abogado en libre ejercicio, en el programa Expresión Polítika, que se transmite todos los sábados a las 07:30, gracias a la alianza informativa: Diario La Hora, Radio Planeta y SR Radio.

Puntualiza que los actores políticos y grupos sociales han opinado sobre los grandes problemas de la administración de justicia, los cambios se han implementado, pero ninguno ha partido del diagnóstico de la realidad de nuestra justicia y dando como resultado que ninguna de ellas ha permitido al país gozar, hasta ahora, de una administración de justicia independiente, eficaz, eficiente y transparente.

De su parte, Gerónimo Ruiz, representante del Colegio de Abogados de Loja, afirma que en la actualidad no hay una homologación del concepto de justicia; y, esa falta de homologación, tenerla en el sector institucionalizado, ha generado conflictos, porque es en la decisión y nombramiento de los jueces lo que genera este tipo de conflictos, como los que hemos vivido con el hábeas corpus.

El Jurisconsulto expresa su preocupación sobre la Corte Constitucional: “que sigue y sigue generando sentencias y generando criterios de interpretación de la constitución; y, que difiere mucho de las sentencias de los propios jueces de primer nivel, entonces, el criterio judicial no se ha unificado, por lo tanto, el concepto de justicia es un vaivén del tipo de sociedad que se genera del momento”.

Mientras que Manuel Armijos, funcionario de la Corte Provincial de Justicia en Loja, indica que “precisamente la justicia ha dejado hacer justicia, quizá en un 80%, desde la intromisión política que la hizo el gobierno del correísmo, cortando de un solo tajo las aspiraciones de conseguir la independencia de sus funciones, una independencia en sus fallos, una independencia económica y la de independencia en la toma de sus propias decisiones”.

Manuel Armijos considera que en el correato, la justicia estuvo dirigida por un ingeniero eléctrico, que no tenía el más mínimo conocimiento de lo que signifique la estructura judicial, desde ese punto de vista comenzaron a llevar las cosas con hilos, es decir, buscando aferencia, amistades o lo que sea, menos buscando la capacidad e intelecto que debe estar ahí, porque la justicia es una institución que tiene que controlar los desmanes, los errores de todos los demás poderes, por si alguna persona del ejecutivo o legislativo cometió una gravedad, en cuanto a sus funciones, es la justicia la que tiene que hacerlo pagar sus errores, una justicia limpia, una justicia que sea oportuna, una justicia que sea intelectual, no una justicia que sea copia y pega”.

De la Corte Nacional a la Suprema Corte
JUSTICIA. El control del Poder Judicial se ejecutó con una planificación milimétrica y utilizando las Leyes de Montecristi.

De reclutas a magistrados de

la Corte Nacional de Justicia

El problema del Poder Judicial y de la Justicia, se halla en las leyes de Montecristi, cuya interpretación se fundamenta desde el punto de vista netamente político: organización, operatividad y administración de la palabra jurídica del Estado a nombre del pueblo ecuatoriano.

Las Leyes de Montecristi (Constitución y leyes secundarias), han acondicionado el terreno para edificar un sistema judicial, propio para la autocracia y control social de una sociedad. No hay cabos sueltos, el fin es netamente político.

Es allí donde aparece el Concejo de la Judicatura, que a través de la meritocracia (títulos académicos), establecen el orden de necesidad política de hacerse del control absoluto del poder judicial, mediante el enrolamiento de reclutas políticos profesionales que sirvan a la causa del partido y líderes ideológicos que hicieron posible su ingreso.

El control del Poder Judicial se ejecutó con una planificación milimétrica y utilizando las leyes de Montecristi, que tenían como meta la manipulación de la justicia. Para lograr dicha meta en la línea del tiempo, era imprescindible crearle un estigma falso a la carrera judicial, para acabar con la decencia jurídica y establecer un maremágnum judicial. Logros conseguidos mediante la Judicatura y los famosos concursos de méritos.

La destrucción de la carrera judicial tiene profundidades políticas que hoy hemos observado, fallos judiciales que distorsionan y crean nuevas realidades; verdades interpretadas sin ningún soporte de verdad y lógica de los hechos producidos o juzgados. Esta manipulación se la observó con el HABEAS CORPUS para un sentenciado.

En fin, el modelo de Justicia de las leyes de Montecristi, al parecer seguirá vigente, sino no se producen cambios a mecanismos jurídicos institucionales, que han causado el desorden y actos de aberración de justicia, como es la metodología de la meritocracia, frente a lo sensato de la carrera judicial, donde el verbo jurídico tendría niveles de seguridad de aplicación basado en la experticia e ilustración de la doctrina y no como ocurre con la meritocracia, la orden política al juez en beneficio del líder político.

 

TOME NOTA

Puede revisar la última emisión de Expresión Polítika en el siguiente enlace: https://bit.ly/3KBrUge.

Corte Nacional restringe uso de instalaciones por COVID-19

Edificio matriz de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Foto: Corte.

La cobertura de audiencias públicas se realizará por medios telemáticos; se activarán credenciales en Zoom para periodistas.

La Corte Nacional de Justicia informó que el acceso a sus instalaciones y salas de audiencia en Quito se encuentran temporalmente restringido. En un comunicado difundido este 2 de enero de 2022, la entidad señaló que la medida se toma debido a los casos de COVID-19 que se han presentado en la institución.

En el comunicado se indica que la medida es de carácter temporal y se adopta para “precautelar la salud e integridad física tanto de servidores judiciales como de comunicadores sociales”. No se conoce al momento el número total de servidores judiciales contagiados.

Las coberturas periodísticas sobre audiencias públicas serán a través de medios electrónicos. La Corte indicó que se habilitaron credenciales para que los periodistas puedan conocer lo que sucede en los procesos. Ahí se ventilan casos como Las Torres. 

No es el único contratiempo que la pandemia ha generado en el alto tribunal. En 2020, los jueces, conjueces y servidores judiciales realizaron su trabajo, a través del despacho interno y semipresencial de las causas en trámite. La atención al público fue de forma restringida, exclusivamente para la presentación de escritos en el horario de 08:00 a 12:00. (DPV)

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Diana Salazar dice que hay procesados que «gozan de respaldo»

Diana Salazar, fiscal general del Estado.

La Fiscal General afirmó que «ningún procesado debe gozar de privilegios, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano».

Diana Salazar, fiscal general del Estado, utilizó su perfil de la red social Twitter para señalar, sin especificar nombres, que ve con «preocupación» cómo algunas personas «continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores«.

«Insisto: No cuenten conmigo para torcer la Justicia, yo no le debo favores a nadie», se lee en una segunda parte de la publicación realizada la mañana de este lunes 14 de junio de 2021.

Seguidamente afirma que «ningún procesado debe gozar de privilegios, en ninguna circunstancia, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano».

Uno de los últimos casos a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el denominado Las Torres.

Tras las investigaciones, se señaló al contralor Pablo Celi como uno de los cabecillas de una presunta organización delictiva que involucra a altos funcionarios del gobierno de Lenín Moreno. El funcionario guardaba prisión en la cárcel 4, de Quito, pero desde el 9 de junio está en una casa de salud por padecer de Covid-19.

El modus operandi de dicha organización habría sido la solicitud de sobornos a empresas a cambio de desvanecer y desaparecer glosas en la Contraloría para mantener contratos con Petroecuador.

En este caso también estuvo involucrado José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia de la República en el periodo de Moreno. Augusto apareció sin vida en su celda en al cárcel 4, norte de Quito, el 23 de mayo.

Para este lunes 14 de junio, está prevista la audiencia en las que la Corte Nacional de Justicia tratará la solicitud de la revocatoria de la prisión preventiva dictada en contra de Pablo Celi. La diligencia está planificada desde las 11:30. (AS)