Alcaldía pide un examen especial a Contraloría sobre proyecto Botaniqo, en Cumbayá

Se estima que el proyecto Botaniqo se termine de construir en 2024.

Este no es el único proyecto donde hay reclamos. Incluso hay áreas protegidas donde se pretende construir.

Hasta el Concejo Metropolitano llegó William Buitrón, miembro del Cabildo Cívico de Quito, para exponer su preocupación por la construcción del proyecto habitacional Botaniqo, que la constructora Uribe Schwarzkopf levanta en Cumbayá.

Según Buitrón existen irregularidades en los permisos entregados por la administración zonal de Tumbaco. Hubo “resoluciones a la carta”, dice el miembro del Cabildo, pues señala que  dos resoluciones fueron modificadas entre 2019 y 2020. Esto, sin que existieran estudios municipales o independientes.

Buitrón señala que el proyecto aumentará el tráfico en el sector, así como los problemas ambientales, precisamente por el aumento de vehículos. “Con mucha preocupación, vemos que el proyecto está en etapa de construcción. Solicitamos formalmente al señor Alcalde (Santiago Guarderas) la fiscalización y auditoría de todo el proyecto Botaniqo (…) y se declare la nulidad del proyecto arquitectónico”, agregó.

Ante esto, Guarderas señaló que ya ha solicitado un examen especial a la Contraloría General del Estado.

El concejal Omar Cevallos detalla que ya hubo advertencias sobre este proyecto inmobiliario, pues la aprobación se hizo para una etapa y no para las tres que contempla.

También mencionó que la administración zonal de Tumbaco intenta funcionar de manera independiente, por lo que una de las soluciones para conocer si existirían o no daños ambientales sería llevar a segundo debate un proyecto de ordenanza que declare zona protegida a los predios aledaños, que son propiedad del Municipio.

Según un comunicado emitido el 21 de febrero de 2022, a la constructora se le dio el permiso de construcción pues cumple con:

  • Certificado de Conformidad Arquitectónica – emitido por la Entidad Colaboradora de Proyectos (ECP) del Colegio de Arquitectos de Pichincha.
  • Certificado de Conformidad Estructural – emitido por la Entidad Colaboradora de Proyectos (ECP) del Colegio de Arquitectos de Pichincha.
  • Contrato con Emgirs para la correcta gestión de los escombros.
  • Informe Técnico del Cuerpo de Bomberos.

Guarderas señaló que con el examen especial se conocerá si hubo una institución que hizo “ordenanzas a la carta”, como calificó Buitrón.

Mientras tanto, la construcción continúa y se estima que se terminará en 2024. En total, según la constructora, son 265 departamentos y más de 300 parqueaderos, lo que tendría un impacto en el tráfico vehicular del 0,005%.

El concejal Juan Carlos Fiallo señaló que no se toma en cuenta que frente al proyecto Botaniqo ya hay urbanizaciones donde “habría un choque entre carros”. Esto seguirá pasando, pues en Cumbayá no existe un plan de desarrollo habitacional.

Según la Secretaría de Territorio del Municipio de Quito, hay más de 50 proyectos inmobiliarios que se construyen en Cumbayá, pese a que es una parroquia con 40.000 habitantes.

Edwin Calderón, urbanista, explica que al no tener un plan de urbanización los proyectos arquitectónicos pueden o no tomar en cuenta aspectos básicos como la vialidad y el respeto a las áreas verdes. “Entonces, como no hay un lineamiento universal, se puede presionar a la autoridad de turno y así tener permisos acoplados a la constructora y no a un plan de suelo”, agrega Calderón.

Debido a esta falta de planificación, “los proyectos inmobiliarios reciben la licencia de construcción presionando a las autoridades de turno”.

Por su parte, Joseph Schwarzkopf dice que la tendencia actual muestra que las personas están abandonando la ciudad para mudarse a los valles. “Es un fenómeno que se ha dado desde hace algunos años y que no podemos frenar”, sostiene.

Analía Ledesma, concejala, señala que los funcionarios municipales no entregan información expedita sobre el proyecto Botaniqo. “Hay licencias que se entregan por pedacitos. Han dado permiso de construir 10 mil metros sobre la quebrada (El Tejar)”.

Ledesma advierte que desde el Municipio se debe promover la construcción de proyectos inmobiliarios en el hipercentro y el norte de Quito “que están botados”. “En la avenida 10 de Agosto, por el antiguo aeropuerto, hay predios abandonados donde se puede construir”, agregó.

Otro caso polémico

En febrero de 2022, luego de protestas de los moradores de las faldas del Pichincha, el Municipio de Quito le quitó la licencia de construcción al proyecto Urkupamba, donde se pretendía construir el cenizario.

“En el año 2019 la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito determinó que la ubicación del citado proyecto se encontraba en una zona de protección ecológica y que no podía desarrollarse ningún tipo de proyecto”, señaló el Municipio, que debe investigar por qué se dieron las licencias, pese a los informes negativos de ambiente.

Preocupa el bosque Santa Catalina

Los moradores de Uyumbicho, en el cantón Mejía, se oponen a los trámites de Inmobiliar que buscan “transferir la propiedad del Bosque Santa Catalina para vivienda y pequeños cultivos agrícolas”.

Angélica Arias, exsecretaria de Ambiente, detalla que Santa Catalina es un bosque protector que no puede ser urbanizado. “Esta zona es parte de la cuenca alta del río San Pedro que provee de agua a Quito”.

Por su parte, Roque Sevilla, consejero para el medio ambiente nombrado por Guillermo Lasso, informó, vía Twitter, que hay que proteger las últimas zonas verdes que le quedan a la ciudad. “Haré todo lo que esté a mi alcance para evitar semejante despropósito”, destacó.

Empresa de agua de Quito enfrenta en Guayaquil ‘demanda’ de contratista

La empresa contratista enfrenta investigaciones por incumplimientos en la ejecución de la obra.

La empresa Technomacro S.A. tiene multas por incumplimiento de obligaciones con la EPMAPS, sanciones que pretende impugnar mediante una acción de protección presentada en un juzgado de Guayaquil.

16,4 millones de dólares es el monto del contrato que suscribieron, el 30 de septiembre de 2019, la compañía Technomacro y la empresa de agua potable de Quito (EPMAPS). El contrato, según la actual Alcaldía, se firmó sin concurso previo, argumentando una «supuesta emergencia».

La obra consistía en la rehabilitación emergente del sistema de bombeo de Papallacta. El plazo venció el 25 de marzo de 2022 con observaciones por parte de los órganos de control que -señala la empresa municipal- han evidenciado incumplimientos de parte de la contratista.

La Contraloría inició un examen especial contra Technomacro, el 9 de febrero de 2022, por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra y pagos realizados.

Por su parte, la Fiscalía abrió una indagación previa por el presunto delito de tráfico de influencias en este caso.

Mientras tanto, la empresa de agua de Quito emitió notificaciones de multas por sus incumplimientos.

Y a pesar de que el contrato y la obra tienen relación con la capital, el 13 de mayo de 2022, el juez de la Unidad Judicial Sur Penal de Guayaquil conminó a la EPMAPS que se abstuviera de emitir nuevas notificaciones de multas hasta que se resuelva el tema de la acción de protección solicitada por Technomacro ante ese tribunal.

Technomacro aduce que las multas causarían un grave daño a sus derechos. La audiencia está prevista para el lunes 16 de mayo. (GVL)

Contraloría detecta fallas generalizadas de manejo de residuos en los municipios

Una de las fallas es la falta de implementos e indumentaria adecuados para el personal de barrido y recolección.

La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema son las irregularidades detectadas por la Contraloría.

La inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)  entre 2011 y 2020, reveló un informe difundido por la Contraloría General del Estado (CGE)

Según el ente de control, tras el análisis de 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.

Sin plan de manejo ambiental

Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades, se detalla en el informe.

Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.

El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.

Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.

Vehículos inapropiados para el traslado

En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.

Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos. (SC)

¿Quién tiene $14 millones?

Parece que en Ecuador hay un misterio multiplicador de la riqueza al que solo unos pocos afortunados tienen acceso. Así como ‘Don Naza’ lograba duplicar inversiones en una semana, el excontralor Carlos Pólit fue capaz de convertir un sueldo de funcionario público en un patrimonio de $14 millones de dólares.

Al parecer, quien se apresta a ‘cantar’ frente a la justicia norteamericana, nunca dejó de crecer. El estudiante de provincia dio paso al vistaforador que durante diez años supo abrirse paso en el mundo de las aduanas; luego, se coló en la política partidista saltando de un puesto a otro, en más de un régimen, hasta finalmente hacerse con la Contraloría General.

Halando a sus hijos a su andarivel, a los setenta años —la edad en la que la mayoría de ecuatorianos deben acostumbrarse a depender de otros o a vivir de una magra pensión—, había conseguido convertirse en inversionista y propietario de bienes raíces de lujo en Miami, su segunda patria. Poco importaba que en Ecuador le esperara una condena de 6 años y una multa de más de $40 millones.

Sin embargo, Pólit insiste en desafiar la aritmética. Quizás por conocer sus dotes para la alquimia económica, la justicia norteamericana le impuso una fianza tan alta, más propia de un criminal internacional de alto vuelo que del corriente notario que alegaba ser. Incluso así, ofreció pagar un millón en efectivo —más de quince veces el monto que aportó en impuestos durante toda su vida— y el resto en propiedades.

Además de alquimista al parecer es ilusionista. Porque él fue el llamado a crear la ilusión de legalidad durante el correísmo. Apareciendo y desvaneciendo glosas, hacía que la justicia viese obras donde había saqueo. Habrá que ver si, además de eso, también resulta dotado para la clarividencia o el escapismo.

FRASES DEL DÌA

«La inspiración, lo que sea que esta sea, nace de continuos ‘no sé’. “

Wislawa Szymborska (1923-2012), poeta polaca

«Más triste que un hombre sin zapatos es uno que nunca sintió necesidad de tenerlos.

Andrés Eloy Blanco (1896-1955), escritor venezolano

Contraloría confirma irregularidades en contratos de la embajada ecuatoriana en España

Contraloría investiga contratos firmados por la embajada ecuatoriana en España.

Los contratos  se suscribieron sin estudios y parámetros que garantizaran la experiencia de las compañías seleccionadas y se desembolsaron $1,3 millones sin sustentos, dice la Contraloría.

La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó el examen especial a las contrataciones  efectuadas por la embajada de Ecuador en España entre enero de 2015 y septiembre de 2021 para brindar asesoría legal, hipotecaria y asistencia psicosocial a los migrantes ecuatorianos residentes en ese país.

El informe señala que los contratos se suscribieron sin estudios completos y definitivos, y que no se elaboraron términos de referencia con el detalle de las necesidades específicas a ser cubiertas, características de los servicios, los requisitos y parámetros que garanticen la experiencia y capacidad técnica de los contratistas para cumplir las obligaciones contractuales. Según el informe de auditoría, estas condiciones eran necesarias para establecer el presupuesto referencial y la idoneidad de las empresas.

El documento del ente de control reseña, además, que entre 2015 y 2021, la embajada  habría realizado pagos sin sustento por gastos administrativos a las empresas Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU e Intercon Iberoamericana SLU, que ascendieron a $ 1’305.714.   Los funcionarios de la misión diplomática no requirieron facturas que demuestren el desglose de los gastos.

«No se pudo corroborar que contratar a las empresas Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa S.L.U. e Intercon Iberoamericana SLU fue la decisión más beneficiosa para los intereses del Estado, pues no se elaboró la cotización de activos de larga duración y servicios, requerida en la normativa interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, para validar la conveniencia de las contrataciones», agrega el informe.

La documentación que sustenta los pagos a estas compañías no se validó, de acuerdo con los términos contractuales, y las facturas no detallaron el número de personas que recibieron asistencia, medios que permiten confirmar que las actividades se cumplieron en concordancia a lo contratado, y la documentación de sustento no se archivó completa ni en orden cronológico, dificultando las tareas del equipo de control.

Imposición de responsabilidades civiles y administrativas

Frente a estas irregularidades, los auditores sugirieron la imposición de responsabilidades civiles y administrativas para los funcionarios que actuaron en el periodo examinado (enero de 2015 a septiembre de 2021), entre los cuales figuran exembajadores, exencargados de negocios, los administradores de los contratos, agregados, coordinadores y directores financieros.

La Contraloría dio a conocer que esta  información fue remitida al área de juzgamiento de cuentas para el estudio de los hallazgos, notificación a los involucrados, recepción y análisis de las respuestas y pruebas de descargo.

Antecedentes

El 13 de agosto de 2021,  el Grupo Parlamentario Vox difundió en un documento de tres páginas,  una declaración de Pascual del Cioppo, entonces embajador de Ecuador en España, quien confirmaba la existencia de contratos entre el gobierno ecuatoriano y el partido político Podemos.  Dichos contratos se celebraban en la embajada en el país ibérico, y ante la aseveración de que los contratos eran en realidad un «trasvase (de fondos) para Podemos»,  Del Ciopo declaró lo siguiente en una entrevista en TC Televisión.

“Carlos, esto es un tema que…cobraban, había. Hoy por hoy he pedido, y el presidente que se lo ha comunicado…ordenó de inmediato que se suspenda la vigencia  de esos contratos y no se sigan pagando las cuotas del mes de junio…”.

Ante ello, el periodista le interpeló: ¿“por qué si descubrió usted el trasvase (de esos contratos a Podemos), si vio que inclusive la esposa de Pablo Iglesias estaba vinculada a uno de esos grupos?”. El embajador respondió:  “Si, señor. El presidente del Estudio Kinema es el señor Rafael Mayoral, y en el otro actúa la señora Irene Montero…llegando a  1.200.000 euros por año . Y en pandemia,  se tuvo la osadía de firmar un contrato anual de  775.000 euros; pero el tema es algo peor, es que era para asesorar a ecuatorianos para que no existiese el desahucio por falta de pago de la hipoteca. Pero es que la ley española, precisamente algún tiempo atrás,  impedía el desahucio”, se relata en el documento de Vox. (SC)

Lucha por manejar la Contraloría

Hace cinco años que la Contraloría no tiene una autoridad oficial luego del escándalo de corrupción de Carlos Pólit.

La Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) compiten para llegar a la máxima Institución de control de las finanzas públicas.

 La Contraloría General del Estado es la presea que actualmente se disputan la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Por un lado, el Consejo está trabajando sin descanso por designar al nuevo Contralor mientras la nueva mayoría de oposición quiere dar efecto al juicio político que podría destituir a cuatro de los siete miembros de ese mismo Consejo.

La peleada institución controla el manejo del dinero público e investiga el mal uso de estos recursos por parte de todo funcionario. Por glosas como las que ha emitido la Contraloría servidores públicos como Jorge Glas y Rafael Correa han sido acusados de corrupción.

 Los avances del Cpccs

Esta carrera por nombrar al nuevo Contralor la puso en evidencia el asambleísta Salvador Quishpe durante la sesión del Pleno 772, en la que 81 asambleístas armaron la comisión evaluadora que decidirá el destino de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe LLori.

Quishpe insistió en que el interés de la nueva mayoría de oposición, encabezada por la alianza PSC y correísmo, es “destituir a los vocales del Consejo de Participación, para volver a tomarse las instituciones”.

El 27 de abril de 2022, mientras la bancada oficialista daba ruedas de prensa, acusando de ilegal la conformación de la comisión evaluadora, a 1,5 kilómetros de distancia, en el edificio del Cpccs, el equipo técnico encargado del proceso de selección del nuevo Contralor, aprobaba el informe de revisión de expedientes de los postulantes a la comisión ciudadana que revisará las carpetas de los candidatos para esa función.

Nelson Silva, coordinador de este grupo técnico reconoció que el último mes trabajaron rápido y lograron 10 reuniones técnicas. Esta ‘eficiencia’ contrasta con lo ocurrido en tres años de funcionamiento del organismo de control, que no pudo elegir a un nuevo Contralor oficial. Ahora, en menos de dos meses, el proceso está avanzando a una velocidad impresionante.

La vicepresidenta del Cpccs, María Fernanda Rivadeneira, confirmó, a LA HORA que en cinco meses máximo el Ecuador tendrá un nuevo Contralor. “Si es que no nos destituyen antes”, aclaró.

Cinco meses es el tiempo de esta carrera ‘a muerte’ por ver qué institución llega primero a la Contraloría, que por el momento la dirige el subrogante del subrogante y cuyos últimos dos Contralores están envueltos en casos de corrupción.

Un mes antes del plazo para elegir Contralor, Sofía Almeida y Hernán Ulloa se pelearon por la Presidencia del Cpccs. Almeida fue destituida.
Un mes antes del plazo para elegir Contralor, Sofía Almeida y Hernán Ulloa se pelearon por la Presidencia del Cpccs. Almeida fue destituida.

Las movidas del correísmo

En la Asamblea Nacional existen dos solicitudes de juicios políticos a los Consejeros: La primera contra María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán. El 9 de febrero de 2022 ellos destituyeron a Sofía Almeida de la presidencia del Cpccs, acusándola de bloquear el acceso de información importante, suspender sesiones y no avanzar en los procesos de designación de funciones de autoridades, como por ejemplo el de la Contraloría.

También cuestionaron a la expresidenta por la cercanía con el PSC al ser su tío, Luis Almeida, miembro de ese partido político.

El segundo juicio político ingresado fue contra los siete miembros del Consejo de Participación.

El 17 de febrero de 2022 hubo una pugna en el CAL por el orden de los juicios políticos ya que habían ingresado varios a la vez: contra el Contralor subrogante, Carlos Riofrio, contra el Procurador y contra los cuatro consejeros del Cpccs solicitados por UNES. Además de otros juicios contra miembros del Consejo Nacional Electoral y contra los siete miembros del Consejo de Participación.

Virgilio Saquicela (independiente), Ronny Aleaga (UNES) y Darwin Pereira ( del ala rebelde de Pachakutik) insistieron en que primero sea calificado el juicio político a los cuatro Consejeros, pero Llori no dio paso y se respetó el orden de ingreso de las causas.

En ese momento, el asambleísta Fernando Villavicencio acusó a UNES, PSC y los rebeldes de Pachakutik de tramar una “trilogía desestabilizadora” para remover las autoridades de control “orquestada por (el expresidente) Rafael Correa”.

El juicio al Contralor fue archivado. Luego tocaba el turno del juicio contra el Procurador General del Estado. UNES promovió y luego pidió retirar este juicio y “agilizar” el trámite de los procesos de denuncia contra el Cpccs. No lo logró.

Nueva arremetida

Luego de las movidas correístas, en la Asamblea Nacional se dejó de hablar de juicios políticos y comenzó la arremetida contra Guadalupe Llori.

Rafael Lucero, jefe de bancada de Pachakutik, dijo que no se oponía a la evaluación de su coidearia, pero manifestó que se debió seguir el debido proceso. “Por andar apurados” están haciendo todo mal y de manera ilegal, dijo refiriéndose a los asambleístas que votaron por la conformación de la comisión evaluadora.

Para Gabriela Alvear, abogada, directora de Democracia, Género y co-fundadora de la organización ciudadana Diálogo Diverso, lo que sucede en la Asamblea sugiere que hay “poderes mafiosos y partidistas” que quieren tomarse el poder Legislativo para luego ir por el Cpccs y dividirse las instituciones que se regulan desde ese Consejo.

El 28 de abril se inició la primera sesión de la comisión multipartidista en la que se escogió al presidente y vicepresidente para prender el cronómetro que les da 35 días para enviar el informe al Pleno sobre la destitución de Llori.

En esta primera reunión, los cinco asambleístas trabajaron sin que una amenaza de bomba los intimidara. El PSC ganó la presidencia y Unes la vicepresidencia.

Para el abogado y analista político Pedro Donoso, hay tres posibles escenarios: que destituyan a Llori, que destituyan a todo el CAL o que destituyan al CAL y a las presidencias de las demás comisiones.

Si esto se da, la nueva mayoría opositora podría tomar la Presidencia de la Asamblea y, por número de representación, también tendría importante presencia en el CAL que agilizaría el juicio político contra los cuatro miembros del Cpccs.

De acuerdo con el artículo 81 de la la Ley Orgánica de la Función Legislativa, desde la calificación del Juicio Político hasta su resolución, el trámite podría durar hasta alrededor de tres meses. 

Si a esto se le suman los 35 días (plazo máximo) que tardarían en destituir a Llori, significa que, la estrategia de la que algunos analistas y asambleístas acusan al correísmo, de querer tomarse el Cpccs, podría tomar casi cinco meses, el tiempo en el que esta institución espera designar al nuevo Contralor General del Estado. (GVL)

El orden de calificación de los juicios políticos intensificó las diferencias en el CAL.
El orden de calificación de los juicios políticos intensificó las diferencias en el CAL.

La carrera a la par de la comisión de la verdad

Rafael Lucero, jefe de la bancada de Pachakutik, aceptó que se reunió en México con el expresidente Rafael Correa, quien le dijo que su intención es lograr una “alianza progresista” en la Asamblea Nacional, que apoye una comisión de la verdad, para que analice los juicios y las sentencias que tienen varios miembros del correísmo por corrupción.

De acuerdo con el constitucionalista Ismael Quintana, los informes que salgan de esta posible comisión no serían “jurídicamente vinculantes”, aunque podría aumentar el discurso de llamar a los correístas sentenciados como “perseguidos”.

Las pruebas contundentes con las que se les ha acusado y sentenciado reposan en la Contraloría General del Estado, donde existen documentos que, de acuerdo con Fiscalía, han probado que hubo coimas y cobros indebidos que llevaron a declararlos culpables a personajes políticos como Rafael Correa y Jorge Glas.

Contraloría confirma glosas de más de $24 millones por irregularidades en escuelas del milenio durante el correísmo

Esas infraestructuras fueron parte de las llamadas obras emblemáticas del mandato de Rafael Correa.

Incumplimientos de las obligaciones contractuales y 387 días de retraso en la entrega de 57 unidades educativas tipo milenio (prefabricadas), derivaron en la determinación de responsabilidades civiles culposas  contra la contratista china y tres ex ministros de educación.

Como resultado del examen especial al contrato para la adquisición de 200 unidades educativas provisionales tipo milenio (prefabricadas), suscrito en agosto de 2015 entre el Ministerio de Educación y la compañía China Railway No 9 Engineering Group Co. Ltda., la Contraloría General del Estado confirmó dos glosas que suman $24’694.231 en contra de la contratista asiática.

La constructora no pagó multas por 387 días de retraso en la entrega de 57 unidades educativas, lo que originó una responsabilidad civil por $19’249.725. La demora ocurrió debido a que la contratista no subsanó observaciones sobre modificaciones en planos, diseños e incumplimiento de especificaciones técnicas, aplazando el inicio de la puesta en funcionamiento de la infraestructura.

Entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, el Ministerio de Educación cedió a la compañía china 57 terrenos para la instalación de las unidades educativas, pero ninguna fue entregada en el tiempo programado. Los atrasos se contabilizaron desde las fechas de las actas de entrega de los predios.

La resolución que confirma la responsabilidad civil señala que, luego de analizar el informe del examen especial y de valorar las pruebas y descargos entregados por la contratista, se estableció la glosa por el perjuicio económico producido al Estado, derivado del incumplimiento del cronograma contractual para la entrega de las unidades educativas.

Entre 2015 y 2017, las personas al frente del Ministerio de Educación fueron Augusto Espinosa, Freddy Peñafiel y Fánder Falconí.

Demoras y más demoras

China Railway No 9 Engineering Group Co. Ltda. entregó 176 días tarde las certificaciones del cumplimiento de procesos, procedimientos y prevención de la contaminación para el ensamblaje, instalación y puesta en funcionamiento de las unidades educativas; demoró otros 164 días en la entrega de las especificaciones técnicas de los materiales e insumos que forman parte de los bienes instalados y, hasta el cierre de la acción de control (19 de octubre de 2018), no remitió las facturas de esos elementos.

Tampoco presentó las pólizas de seguros, ocasionando que el montaje, equipo, maquinaria y transporte no estén cubiertos contra todo riesgo y que el personal no disponga de seguro para riesgos no cubiertos por el IESS. Estos aspectos originaron multas no pagadas por $5’444.506, que corresponde al monto de la segunda responsabilidad civil confirmada por la Contraloría.

Además, la Contraloría analiza responsabilidades administrativas en contra de tres exministros de Educación que actuaron durante el periodo examinado, por el posible incumplimiento de sus funciones en la ejecución de este contrato. (JS)

Contraloría archiva denuncia contra Santiago Guarderas

Santiago Guarderas es alcalde de Quito desde septiembre de 2021.

El Alcalde de Quito fue acusado por Alejandro Rodas Coloma de tener nexos con empresas y bienes en paraísos fiscales.

Fue el abogado Alejandro Rodas Coloma quien, el 2 de febrero de 2022, presentó una denuncia ante la Contraloría General del Estado acerca de que Santiago Guarderas, alcalde de Quito, incumplió la ley de la consulta popular de 2017, que establece que cualquier persona que tenga intención de representar a través de elecciones no debe tener acciones o ser socio en paraísos fiscales.

Con la denuncia se solicitó un examen especial que determine si las acusaciones de Coloma son ciertas.

Y fue Guarderas quien anunció que el 8 de abril de 2022, la Contraloría dictaminó que la acusación no era cierta y que él no tenía nexos con paraísos fiscales al momento de su candidatura.

Argumentos

Según Rodas Coloma, el Alcalde es socio del estudio jurídico Quevedo & Ponce y de una compañía inmobiliaria en Panamá creada en los años 90.

De haberse comprobado los vínculos en paraísos fiscales, Guarderas pudo ser destituido. Pero al no encontrársele nexos, la causa será archivada. (AVV)

Reformas a la Ley de Contraloría: paños de agua tibia para un enfermo terminal

REFORMA. El Pleno aprobó el jueves 21 de abril las modificaciones a la Ley de Contraloría.

Como pocas veces, casi todo el Pleno (131 de 137 votos) estuvo de acuerdo al aprobar las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Luego de siete conflictivas semanas, 131 de 137 asambleístas finalmente se pusieron de acuerdo para aprobar en segundo y definitivo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, pero lo hicieron como si se tratara de poner paños de agua fría a un moribundo, opinan dos analistas.

Uno de los puntos que los parlamentarios debían resolver se centraba en determinar las causas para la cesación del Contralor. Cómo no hacerlo si actualmente la institución funciona con el subrogante del subrogante.

Este escenario se tejió desde 2012, cuando el excontralor Carlos Pólit, involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht, dejó el puesto a Pablo Celi, quien luego  fue a la cárcel, investigado por crimen organizado, y desde ahí dejó el cargo a Carlos Riofrío, actual Contralor subrogante.

Con este panorama en mente de los ecuatorianos, el 21 de abril de 2022, Guadalupe Llori celebró que la Asamblea dio paso al proyecto de Reforma a la Ley de la Contraloría. Dijo que es una manera de luchar contra la corrupción y el abuso del dinero público como consecuencia de los vacíos que tiene la norma vigente.

¿Cuáles son los cambios a la Ley?

Los asambleístas aumentaron tres artículos. Uno para definir los requisitos para ser Contralor General del Estado, otro para enlistar las razones por las que esta autoridad puede cesar en sus funciones y el tercer artículo aclara las condiciones en las que se darán los reemplazos, en caso de ausencia.

Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura de Estado, encargada de tratar el proyecto de reforma a la Ley, explicó a LA HORA que la esencia del cambio es mejorar las condiciones de reemplazo del Contralor.

Así, en caso de ausencia temporal se contará con el Contralor Subrogante, siempre y cuando no pase de los 60 días.

Si la ausencia es definitiva ya no pasará a dirigir la Institución el subrogante, sino que se tomará como nuevo Contralor oficial al segundo más puntuado del último Concurso de oposición y méritos realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

 “El objetivo es evitar que se repitan los eventos protagonizados por Contralores anteriores, como que sigan trabajando desde la cárcel, sino que inmediatamente sean reemplazados y que no sean ellos quienes deleguen a quién poner en su lugar”, afirmó Jaramillo.

 Medidas tibias

Las reformas aprobadas en segundo debate “son parches, son paños de agua tibia para un enfermo terminal” aseguró el Presidente del Centro de Estudios del Control Administrativo del Estado,  Guido Escobar.

La Ley de Contraloría data del año 2002, tiene 20 años de retraso. “Es una Ley obsoleta, que fue hecha por auditores, pero no tiene una base técnica ni jurídica, tiene muchas deficiencias, no está modernizada”, insistió Escobar al señalar que por cómo está estructurada, la reforma a es solo para control de daños, “persiguiendo cuando ya robaron”, cuando se debería especializar en un control de prevención.

Para Escobar la actividad de control dentro de un Estado es una herramienta de defensa de la sociedad en contra de las arbitrariedades del poder y, por tanto, todos los ciudadanos deben proteger esta función.

“El trabajo de la Contraloría no es solo hacer auditorías, es velar el Derecho de los ecuatorianos de pedir cuentas de lo que hacen con los bienes públicos”, afirma el catedrático y PHD en Sistemas de Control Público por la Universidad de Salamanca.

Se necesita cambiar toda la Ley

Para Escobar se hace impostergable la creación de una nueva ley  en la que se incorporen nuevas instituciones y figuras jurídicas. Eso significa que se requiere una normativa que le permita al organismo de control ser más eficaz en sus actuaciones.

“Se debe incorporar en su texto, los principios que sustentan el derecho a la buena administración pública y a contar con una administración pública libre de corrupción, los canales de denuncia y la protección al denunciante, los canales de participación ciudadana, los sistemas de control de gestión de la propia Contraloría” insistió.

El presidente de la Comisión que trató este proyecto de Ley, Alejando Jaramillo, aceptó que fue un cambio emergente debido a los conflictos que habían empañado el trabajo de la Contraloría los últimos cinco años. También aclaró que está pendiente y en la mira de la Comisión analizar la posibilidad de crear una nueva Ley.

Para el Doctor Guido Escobar es imprescindible “blindar las actuaciones del Contralor, fortaleciendo al máximo su autonomía e independencia, liberándolo del control político, que en la actualidad le mantiene atado de pies y manos, pues para mantenerse en su cargo, debe apostar por el juego inescrupuloso de las mayorías de turno”. (GVL)

En detalle

Los requisitos para ser Contralor

a) Ser ecuatoriano o ecuatoriana y hallarse en goce de los derechos políticos;

b) Tener título en Derecho, Contabilidad y Auditoría, Administración Pública, Economía, Ingeniería Comercial o carreras afines;

c) Presentar certificado del Consejo Nacional Electoral de no constar en sus registros haber sido afiliado a algún partido o movimiento político en los últimos 8 años y de no haber desempeñado una dignidad de elección popular en los últimos 7 años;

d) Acreditar al menos 15 años del ejercicio de la profesión y/o cátedra universitaria;

e) Presentar Certificado de la Contraloría General del Estado de no tener glosas ejecutoriadas pendientes;

f) Presentar una declaración juramentada notariada que señale que la compañía, empresa o persona jurídica privada en la cual ha sido accionista o ha desempeñado un cargo directivo o ha mantenido relación de dependencia en los últimos 7 años, no mantiene ninguna responsabilidad administrativa o responsabilidad civil culposa, o indicios de responsabilidad penal establecidas por el organismo de control;

g) Presentar el certificado personal de responsabilidades de la Contraloría General del Estado de no tener responsabilidad administrativa o responsabilidad civil culposa o indicios de responsabilidad penal.