La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de 2008, convirtió indirectamente a la Contraloría General del Estado en una herramienta peligrosísima. Se suponía que con la eliminación de la figura del dictamen previo, y otras innovaciones, la contratación pública sería más ágil y eficiente. Sin embargo, la norma también la dotó de amplias facultades para auscultar cualquier obra y hostigar a todos los participantes. Lo público se movía, tanto a favor del país como del bolsillo de los involucrados, cuando había un mandatario intimidante y un contralor cómplice —como fue durante una década—, pero bastó un Ejecutivo menos agresivo para que el miedo a una potencial persecución extorsiva de parte de Contraloría lo paralizara todo. Ese es uno de los motivos, hasta hoy, de la bajísima ejecución presupuestaria.
Pese al poder que entraña, ningún contralor general ha sido seleccionado de forma transparente desde 2008. Dos de los últimos tienen problemas legales: Carlos Pólit enjuiciado en Estados Unidos por lavado de dinero y Pablo Celi sentenciado a 13 años de cárcel por delincuencia organizada. El concurso para elegir a un nuevo contralor competente e incuestionable debía haber tomado siete meses, pero lleva dos años de tropiezos y no termina.
El futuro contralor, que se elegirá entre 103 aspirantes, deberá deslindarse del pasado; la mayoría de los capítulos oscuros del correísmo sucedieron hace más de siete años. Si su selección es transparente, su capacidad innegable y su trabajo se enfocara en aportar a lo público, antes que en perseguir en nombre de una agenda política, el país ya habrá ganado suficiente.