Un examen especial aprobado por la Contraloría señala que entre noviembre 2019 y julio 2021, durante la gestión de Jorge Yunda, hubo anomalías en la revisión técnica vehicular.
La Contraloría concluyó que la revisión técnica vehicular en Quito se desarrolló sin respaldos contractuales.
La institución señala que para la prestación del servicio de revisión técnica de los automotores no se efectuó un concurso público. En su lugar, entre noviembre 2019 y julio 2021 se suscribieron convenios de pago recurrentes aplicando porcentajes de participación de las tasas, para el Municipio y las operadoras, que se establecieron sin sustento técnico.
La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó el examen especial a los procesos de contratación y convenios de pago suscritos por el Municipio de Quito entre febrero de 2020 y diciembre de 2022, para la operación de los centros de revisión técnica vehicular.
El informe de la auditoría señala que, luego de finalizar los contratos suscritos en 2002 con las empresas DANTON S.A. y Consorcio ITLS del Ecuador para la operación de los centros de revisión vehicular, el Municipio realizó desembolsos por $7’434.732 sin respaldo contractual. Los pagos correspondieron a la prestación del servicio entre el 23 de noviembre de 2019 y el 31 de julio de 2021.
Para realizar las transferencias, Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad de la gestión del entonces alcalde, Jorge Yunda, suscribió ocho convenios de pago a pesar de los criterios emitidos por el asesor legal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (ATM) y el procurador Metropolitano, quienes señalaron que no se podía seguir utilizando esa figura excepcional hasta que se regularice contractualmente la prestación del servicio.
El monto de las obligaciones del cabildo se estableció en enero de 2021, en un acta de negociación en la cual se determinó que el Municipio recibiría el 36 % de los ingresos y los aliados privados el 64 %. Las tarifas no se sustentaron en informes técnicos, económicos o legales y no se establecieron valores de reinversión en los centros de revisión, como construcción, instalación y actualización de líneas de revisión, adquisición o mejora de sistemas y equipos informáticos, reacondicionamiento y refacciones de los centros.
El informe también señala que los valores generados entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2021 por la prestación del servicio alcanzaron los $3’066.156 y se pagaron a través de un Acta de Acuerdo Total, suscrita en junio de 2022 por la entonces directora general Metropolitana de Tránsito de la AMT.
El uso de convenios de pago de forma recurrente, en lugar de aplicar los procedimientos comunes de contratación pública, ocasionó que no se precautelen los intereses institucionales, ni se garanticen las mejores condiciones económicas para el Municipio por la recaudación de las tasas y las reinversiones a las que tenía derecho.
Además, la revisión técnica vehicular se interrumpió durante el primer semestre de 2022, mientras se planificaban las nuevas contrataciones para la prestación del servicio.