La suspensión de servicios y reprogramaciones injustificadas de los trabajos en campos menores ocasionaron un perjuicio millonario al Estado. El contratista tampoco cumplió con el plan de capacitación para los funcionarios de la empresa pública.
La Contraloría General del Estado confirmó nuevas glosas, por $152’710.647, que se desprenden de los hallazgos del examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos C0389-PAM-EP-2018 y C0390-PAM-EP-2018, y sus adendas modificatorias, para invertir en los campos menores Drago y Guanta-Dureno, ejecutado en la extinta Petroamazonas.
El organismo de control determinó la responsabilidad civil del proveedor contratado en 2018 por la estatal petrolera para suministrar servicios específicos, como actividades de perforación, reactivación de pozos cerrados, construcción y ampliación de plataformas petroleras.
Valiéndose de su voto dirimente en el Comité Ejecutivo del contrato C0389-PAM-EP-2018, la contratista aprobó la reprogramación de los trabajos del Plan Anual de Inversiones Comprometidas del año 2020 en el campo Drago, aunque los representantes de Petroamazonas en el Comité no estuvieron de acuerdo con esa decisión.
El equipo de auditoría estableció que los argumentos expuestos por la compañía de servicios petroleros para justificar las reprogramaciones, no se inscribieron en las causales técnicas o económicas definidas en el contrato para realizar cambios en la planificación, originando un perjuicio al Estado de $152’497.915, monto por el cual se determinó la glosa.
Además, el proveedor suspendió sin justificación sus actividades por más de 60 días, incurriendo en uno de los motivos para la terminación anticipada del contrato. Los incumplimientos ocasionaron que no se incremente la producción de los pozos.
Por las reprogramaciones de las inversiones en los campos Drago y Guanta Durero, el organismo de control fijó el perjuicio a Petroamazonas en $204.618.781, puesto que la glosa por más de USD 51 millones, cuya confirmación se informó el pasado 6 de julio, es resultado de la misma acción de control.
Implementación de programas de capacitación
Durante el examen especial, la auditoría también estableció que el contratista no ejecutó los planes de capacitación dirigidos al personal de Petroamazonas, en materia de transferencia tecnológica, mejores prácticas y avances de la industria petrolera.
Por esta inobservancia de las cláusulas contractuales se confirmaron dos glosas más, por $173.142 y $39.589, para funcionarios que laboraron en la empresa pública entre 2017 y 2020 y para la contratista, debido a que reprogramaron para el siguiente año las capacitaciones que debían impartirse en 2020.
En consecuencia, los servidores de Petroamazonas no fortalecieron sus conocimientos, capacidades y competencias en el manejo del sector hidrocarburífero. (JS)