El Consejo de Administración de la Asamblea dio luz verde al juicio político contra la fiscal general Diana Salazar sin que este cumpla con los requisitos mínimos que exige la ley.
Una vez que un juicio político llega al Pleno, de nada importan la verdad, la razón o la argumentación; lo único que pesa es la lógica del poder y los intereses detrás de cada voto. Sin embargo, con tal de conseguir que las acusaciones contra la Fiscal general lleguen a dicha instancia, las fuerzas políticas que impulsan ese proceso se lavan las manos en las fases previas de control o, peor aún, prometen que esta vez sí primará la buena fe y la verdad de los hechos. Lanzan la piedra y esconden la mano.
Revolución Ciudadana y sus aliados enjuiciarán a la Fiscal General por cuestiones que no son su responsabilidad o por situaciones que ya han sido explicadas hasta la saciedad. Para ello, desean convocar a un champú de activistas y agitadores cuyo discurso el país ya conoce de sobra. En la práctica, lo único que interesa es avanzar un paso más en dirección a la tan anhelada impunidad de sus aliados corruptos y, sobre todo, concretar la venganza contra Diana Salazar —que ya está presta a terminar su periodo— para, de esa forma, amedrentar a reales e imaginarios adversarios.
En un momento delicado como el actual, el país necesita una Asamblea plenamente entregada a mejorar y simplificar el marco legal del país. Sería imperdonable que, en lugar de ello, insistan en avivar las persecuciones y, peor aun, sacudir innecesariamente a la Justicia y a la institucionalidad.