Punto a favor

Paco Moncayo Gallegos

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Está conformado por 15 miembros: 5 permanentes y 10 no permanentes, elegidos por la Asamblea General para actuar por un período de dos años. Desde el 3 de enero, Ecuador es miembro no permanente y, luego de 31 años, ocupa nuevamente la presidencia del Consejo.

El gobierno ecuatoriano ha actuado correcta y oportunamente al llevar a la mesa de debates el tema: «delincuencia organizada transnacional, desafíos crecientes y nuevas amenazas» y el presidente Daniel Noboa ha acertado en su decisión de presidir el importante evento, junto al secretario general de las Naciones Unidas y la directora ejecutiva de la Oficina contra la Droga y el Delito. En su intervención, reclamó una “contundente y oportuna respuesta contra el crimen transnacional” y abogó por “alentar la cooperación internacional” para enfrentarlo. En el mismo sentido se pronunció la directora de la UNODC respaldando la necesidad de “una acción colectiva” contra esta terrible amenaza.

Antonio Guterrez, por su parte, calificó a la delincuencia internacional como “una amenaza feroz (…) para la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible» que ocasionan el “debilitamiento de la gobernanza y de la ley, corrupción, violencia, muerte y destrucción». Coincidió en la necesidad de emprender una «respuesta global». Al final, el Consejo adoptó por unanimidad una declaración convocando a los estados para «que mejoren la gestión de las fronteras y la cooperación internacional, a fin de frenar eficazmente la propagación de las amenazas transnacionales».

Esta declaración es importantísima para el Ecuador, afectado por la vecindad de los dos primeros países productores de cocaína en el mundo que, además, no están aportando suficientemente para evitar el tráfico transfronterizo de las drogas y armamentos. Es necesario tomar conciencia de que ningún país puede enfrentar sólo la amenaza grave y compleja de las redes delincuenciales transfronterizas y transnacionales. Se necesita de políticas y acuerdos operativos vecinales y regionales concretos, prácticos y sostenibles, así como de un servicio exterior profesional y dinámico para lograrlo.