La mayoría legislativa gobiernista abrió un espacio para que el correísmo tenga más argumentos a favor del lawfare, la supuesta persecución de jueces, fiscales, políticos, periodistas, en su contra. María Paula Romo asegura que el CAL sí podía negarse a aprobar ese pedido.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, que es prácticamente el corazón del Parlamento por estar integrado por representantes de fuerzas legislativas, dejó pasar el pedido de juicio político a la fiscal general Diana Salazar.
Ella, de 42 años, se ha convertido en el símbolo de la lucha anticorrupción en el país, cuya labor ha sido reconocida dentro y fuera del Ecuador. Estados Unidos, por ejemplo, ha destacado, ante el mundo, su entrega para combatir las mafias y la ha premiado.
Pero en el correísmo esto poco importa. Salazar, quien llegó a la Fiscalía en 2019, luego de superar un concurso de méritos, es simplemente una funcionaria «corrupta». Y eso lo mantienen desde que ella se convirtió en acusadora de los altos dirigentes de esa organización que han sido procesados en distintos casos de corrupción.
Entre ellos están los máximos jerarcas: Rafael Correa -con 40 investigaciones y una sentencia en contra- y Jorge Glas. Pero la lista es grande. Y eso no gusta a los miembros del Socialismo del Siglo XXI. Es imperdonable.
En el fondo el correísmo busca echar abajo los procesos judiciales. Para esto tienen un argumento jurídico que ha valido para otros países: el lawfare. Y este se ha “regado” en todo el pedido de juicio político que aprobó la mayoría gobiernista, integrada por ADN, socialcristianos y correístas.
El lawfare es una figura en el mundo de las leyes que supone la unión de distintos actores para atacar a otro por pensamientos y acciones políticas. En este caso, según lo han perfilado los mismos presuntos afectados, es la unión entre periodistas, funcionarios judiciales, fiscales, jueces, políticos, para atacar a alguien de su ideología.
En países que han estado dominados por el socialismo del siglo XXI, incluso, han intendado que el lawfare se convierta el delito. Así, todos los involucrados irían a la cárcel. No es suficiente con revertir las condenas judiciales, que es el primer propósito de este tipo de quejas.
Pues bien, en Ecuador el correísmo ha intentado posicionar este argumento durante los últimos cuatro años. Pero es la primera vez que están muy cerca de tener un documento oficial que demuestre que lo que señalaban, la supuesta persecución, era cierta. Más la posible destitución de la Fiscal General. Y esto gracias a la mayoría gobiernista.
Según el pedido de juicio político, lo más relevante, en esta línea, son tres partes: los procesos por corrupción contra los líderes (con Rafael Correa a la cabeza, más los prófugos o autoexiliados); dos, los procesos judiciales luego de la crisis de octubre de 2019; y, tres, demostrar que la Fiscal General supuestamente favoreció a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, en varios casos, por una supuesta complicidad política. (Usted puede ver todas las supuestas causales aquí)
59 personas estarían llamadas a comparecer en este proceso político, cuando inicie en la Comisión de Fiscalización, liderada por otra asambleísta correísta: Pamela Aguirre. Entre quienes serán llamados está Rafael Correa, supuesto principal afectado por la Fiscal General.
Otros de los que serían llamados son los jueces penales de la Corte Nacional de Justicia, los que procesaron y sentenciaron a Correa.
El CAL sí podía detener la pretensión correísta, dice María Paula Romo
La Unidad Técnica Legislativa (UTL), que debía revisar la solicitud de la asambleísta Gissela Garzón, dio una alerta sobre la falta de claridad sobre las comparecencias.
De hecho, la UTL, en su informe final (del 4 de diciembre y firmado por Gerardo Aguirre, coordinador) aseguró que el pedido de juicio político «cumple parcialmente» con los requisitos establecidos en los artículos 131 de la Constitución y que «lo relacionado al anuncio probatorio (prueba testimonial) no estaría enmarcado a los lineamientos constitucionales del debido proceso«. Recomendó que las observaciones sean «previamente saneadas, para la respectiva admisión».
Gissela Garzón, en el escrito de tres páginas al que accedió este Diario, y dirigido al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, indicó que en el Capítulo V, denominado “Anuncio de Prueba”, que abarca los numerales 5.1 al 5.13 de la solicitud de juicio político, hacía una «aclaración«.
Y esta consistió, simplemente, en enlistar -con errores en nombres y repeticiones de otros- los posibles comparecientes en el proceso, según el documento que está en poder de esta redacción. El CAL aprobó que el pedido pase a la Comisión de Fiscalización.
Solamente la asambleísta Alexandra Castillo, de Construye, partido que ya es el único opositor frontal, votó en contra.
Maria Paula Romo, líder de Construye, aseguró a este Diario que el CAL sí podía detener este pedido. Y la razón de fondo es que no puede permitirse que políticos revisen actuaciones de fiscales y jueces.
“Esto porque se refiere a asuntos exclusivamente jurisdiccionales. Es decir, están atacando a la Fiscal porque no están deacuerdo sobre sus posiciones sobre juicios, investigaciones en concreto. Y las investigaciones tienen un mecanimso para ser analizadas, cuando van ante un juez o un tribunal. El juez o el tribunal se pronuncia, ya está controlando la actuacion de la Fiscalía, eso es lo que pasa en la administración de justicia”, dijo la exminsitra de Gobienro a este Diario.
Y siguió: “Entonces, casos donde han sentenciado a los involucrados, pues, mal se podría decir que la Fiscalía ha cometido un error. Eso ya tuvo contol en lo que corresponde. Y, por ello, no corresponde control político de decisiones jurisdiccionales”.
Y, precisamente, es lo que se pretende con el proceso legislativo. El que dio paso la mayoría legislativa gobiernista. (DLH)