La democracia ecuatoriana se vería reducida a ruinas si es que algo le llegara a suceder a la fiscal general Diana Salazar. El país no puede tolerar, bajo ninguna circunstancia, que uno de los pocos altos funcionarios que ha tenido el coraje de perseguir al crimen organizado enfrente un desenlace trágico. Las serias amenazas que han salido a la luz, tras la revelación de la oscura trama del caso Metástasis, deben ser tomadas con la máxima seriedad por los responsables de la seguridad de esta autoridad.
Este ya no es el pacífico Ecuador de décadas pasadas, en el que las amenazas y denuncias no pasaban de simples maniobras histriónicas para llamar la atención y conquistar simpatías. El estridente magnicidio de Fernando Villavicencio, y los macabros hechos relacionados que se dieron a continuación, dejó en claro que en el Ecuador de hoy nadie está a salvo y cualquier escenario es posible. De ninguna manera pueden repetirse los errores de organización y análisis que permitieron que aquel asesinato se concretara. Las fuerzas oscuras que auspiciaron semejante crimen no pueden salirse con la suya nuevamente.
Aferrarse a un estricto régimen de protección, tener bajo la mira a los supuestos involucrados y, especialmente, controlar las comunicaciones que salen de las cárceles son algunas de las medidas que se esperan de parte del Estado. Sin embargo, el apoyo político y la solidaridad humana también resultan fundamentales. Más allá de pronunciamientos tibios, no se observa de parte del presidente y de los principales líderes políticos del país un sentido y comprometido apoyo a la fiscal. Eso es lo que hace falta ahora.