Siempre que se habla del déficit fiscal, es necesario recordar que la economía ecuatoriana está dolarizada y marcada por un altísimo riesgo país. Algunos políticos, de forma deliberadamente falaz, suelen restarle importancia al déficit fiscal comparándolo con el de otros países. Sin embargo, a diferencia de estos, Ecuador no puede financiar su mal hábito de gastar más de lo que gana emitiendo moneda ni adquiriendo deuda barata. Perder eso de vista lleva a una situación como la actual, en la que incluso pagar sueldos de la burocracia se ha vuelto un desafío.
El déficit no es algo trivial y tampoco es provisional. Por varios lustros, el Estado ecuatoriano ha justificado un comportamiento fiscal irresponsable alegando que pronto sobrevendrá un abrupto y pronunciado crecimiento económico que permitirá cuadrar las cuentas; que primero se debe ‘invertir’ para después recaudar. Nuestra historia económica reciente demuestra lo contrario; conforme pasa el tiempo, e independientemente de si hay crecimiento económico o no, el déficit es una constante y la deuda resultante no para de crecer.
Reza el proverbio que cuando uno se encuentra en un agujero, el primer paso para salir de él es dejar de cavar. Más temprano que tarde, el Estado deberá evaluar severamente la calidad del gasto público —más allá de etiquetas como “educación”, “salud” o “seguridad”— y, en lugar de insistir en exprimir con cada vez más tributos a una economía estancada, empujar reformas laborales y comerciales que liberen el potencial productivo de los actores económicos. Más pronto que tarde, se agotará el modelo de Estado como agencia de empleo de un puñado de privilegiados.