El Gobierno no ha podido dar una clara hoja de ruta sobre cómo enfrentará la escasez de ingresos y financiamiento. La ley enviada solo generaría poca liquidez de corto plazo.
El panorama que se pintó fue sombrío. El mensaje directo iba en la línea de que no existe suficiente dinero en la caja pública y que se necesita el apoyo de todos los ecuatorianos para salir del problema.
Sin embargo, la primera ley económica urgente de Daniel Noboa, bajo el título de ‘Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo’, deja sin resolver la situación fiscal con un déficit (más gastos que ingresos) que se arrastra desde hace 13 años.
Las dos medidas estrella para recaudar más en la ley de Noboa, en el mejor de los casos, darán algo de liquidez a corto plazo; pero incluso podrían agravar los problemas de falta de dinero para 2025.
Así, en primer lugar, se recurre nuevamente a la remisión o amnistía tributaria: perdón de intereses, multas y recargas a cambio del pago del capital de deudas en litigio con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Esta forma de conseguir dinero por una sola vez, a la que se ha recurrido en siete ocasiones en los últimos tres gobiernos, no recaudará los $960 millones a los que aspira el Gobierno.
“Más bien debería ser menos de las anteriores amnistías. Y debería agregar costas procesales para quienes sigan con los juicios y los pierdan”, dijo Javier Bustos, abogado tributario y docente universitario.
El exministro de Economía, Fausto Ortiz, ha estimado que la recaudación podría llegar a los $500 millones, lo que significa $460 millones menos de lo esperado.
Esto debido a que la fórmula ya se ha usado muchas veces, y por lo mismo desincentiva el pago a tiempo porque se sabe que, ante la falta de recursos en el fisco, se la repite cada tres o cuatro años.
Por otra parte, ante la necesidad de dinero de corto plazo, se revive el anticipo de impuesto a la renta, bajo la figura de la autorretención del 3% de los ingresos mensuales de los grandes contribuyentes.
Cifras para analizar
El Gobierno espera conseguir $188 millones adicionales al mes, o alrededor de $2.200 millones al año durante 2024. Sin embargo, cuando se declare el impuesto a la renta en abril de 2025, es muy probable que esos grandes contribuyentes exijan la devolución del pago en exceso durante el año previo.
Con eso, el efecto real es un poco más de liquidez para el Estado ahora, pero a cambio de provocar un hueco para 2025, justo en el momento en que aumentarán de manera significativa los pagos de deudas anteriores como los bonos renegociados durante el Gobierno de Lenín Moreno.
El efecto neto de la propuesta de Noboa, sumando lo que busca recaudar más y restando los incentivos y beneficios tributarios, será insignificante frente al problema fiscal con un déficit de más de $5.000 millones y atrasos de más de $2.800 millones.
Pablo Lucio Paredes, economista y docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), estima que el efecto neto no será mayor, en el mejor de los casos, a los $850 millones en 2024.
Esto equivale a menos del 15% del déficit estimado en alrededor de $6.000 millones para ese año.
“Reforma tributaria intrascendente. Pequeños ajustes, incluyendo amnistía tributaria”, puntualizó.
El exviceministro de Economía, José Gabriel Castillo, dijo: “Mucho que decir del proyecto de la ley enviada a la Asamblea. El diablo está en los detalles. En lo central, ninguna propuesta que corrija lo estructural (el ingreso y el gasto permanente). En lo coyuntural, una nueva remisión, mal mensaje institucional”.
¿De dónde saldrá el dinero?
El gobierno de Noboa todavía no explica cuál es su plan económico para enfrentar la crisis fiscal. Solo se han dicho generalidades sobre conseguir financiamiento de multilaterales y del sector privado (sobre todo mediante compra de bonos del Estado desde los bancos).
En los borradores de la primera ley económica urgente de Noboa se llegó a considerar imponer un impuesto patrimonial por dos años a los bancos privados. Eso hubiera sido un golpe a la liquidez del sistema financiero y habría reducido aún más la concesión de crédito.
Ante la falta de precisiones sobre la estrategia de financiamiento, Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, explicó que la ley enviada por el Gobierno no es un asunto cerrado y pueden generarse sorpresas durante el trámite en la Asamblea.
“Noboa abre la puerta de la reforma tributaria en la Asamblea. Recordemos que la Asamblea tiene la ‘capacidad’ de transformar un pollito en un monstruo. ¿Qué preacuerdos existen? Muy atentos porque querrán pasarnos la cuenta de la farra fiscal”, aseveró.
Así, todavía existe incertidumbre sobre cómo se conseguirán, por ejemplo, los $2.000 millones que, según el ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, faltarán para cubrir todos los pagos y las obligaciones pendientes que se enfrentarán en diciembre.
Además, para 2024, con el fin de cubrir el déficit fiscal y pagar los vencimientos de deudas anteriores, se necesitarán alrededor de $10.000 millones de nuevo financiamiento.
Sin un plan claro desde el Gobierno, se han comenzado a difundir varios rumores sobre vías alternativas como impuestos a las grandes ganancias, utilización de reservas del Banco Central, supuestos préstamos millonarios de Arabia Saudita, un nuevo intento de preventa petrolera, entre otros.
Carlos Domínguez, economista y analista tributario, apuntó que esos rumores pueden ser cortados de raíz si el Gobierno da certeza y al menos una hoja de ruta general, pero muy bien enfocada, sobre cómo se manejará la crisis fiscal.
De lo contario, la percepción de riesgo seguirá al alza. Esto se puede confirmar con el hecho de que, después del envío de la ley económica urgente, el riesgo país aumentó. (JS)
¿Cuál es el problema de patear la crisis a 2025?
Si no se resuelve el problema de liquidez antes de 2025, se volverá mucho más difícil cumplir con los crecientes vencimientos de deudas y, como ya analizó LA HORA, se tendría a puerta un nuevo default o impago.
Entre 2024 y 2027, sin tomar en cuenta otros compromisos, Ecuador debe pagar un total de $32.715 millones en intereses y amortizaciones de la deuda pública, tanto interna como externa.
En 2025, el pago anual superará los $7.000 millones, pero en 2026 escalará a más de $9.000 millones. Si ahora no se hace nada para ampliar el espacio presupuestario con más ingresos o menos gastos, la crisis que vendrá próximamente será peor y provocará un ajuste obligado y brusco.