Pocos días duró la promesa que hizo el presidente Daniel Noboa y la nueva mayoría en la Asamblea Nacional, de que llevarían al país hacia una nueva etapa política. Con la reactivación del juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, ¿dónde queda aquello de “siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas”, que dijo el ahora mandatario en su discurso de posesión?
Se suponía que “aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el favor popular”, o que “no podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto”; sin embargo, las fuerzas del Legislativo acaban de entregarse a la trillada venganza de hostigar a un expresidente. Poco parece importar que, en el proceso, se pisoteen principios constitucionales y nociones básicas de un Estado de Derecho.
El momento extremadamente delicado que vive el país, en campos fundamentales como la economía y la seguridad, requiere que las fuerzas políticas evolucionen hacia una nueva visión y replanteen sus prioridades. En lugar de ello, ante la incertidumbre del momento y la gravedad de la situación, la clase política decide refugiarse en la inercia y la costumbre. El resultado es el enésimo round de una secuencia de ajustes de cuentas que lleva ya dieciséis años. Este juicio absurdo solo echará más leña al fuego; pues si hay temas pendientes con la Justicia, la Fiscal General ha probado ser implacable con los exocupantes de Carondelet.
Este Gobierno tiene apenas dieciocho meses para romper patrones nocivos y redireccionar al país. Si, en lugar de permanecer coherente a sus promesas, insiste en perder el tiempo, no será más que un interludio para más de lo mismo.