La Revolución Ciudadana y el PSC intentan completar un proceso de interpelación que no concluyó en mayo cuando Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada. Previo a eso, el entonces mandatario ya había comparecido a defenderse de la acusación de presunto peculado.
Un equipo jurídico y de colaboradores de Guillermo Lasso, expresidente de la República, no descarta emprender acciones legales a escala nacional e internacional por al menos cuatro ilegalidades en la que incurriría la Asamblea Nacional si decide reiniciar, este 29 de noviembre de 2023, el debate y, luego la votación, el juicio político en contra del exjefe de Estado.
La violación a la Constitución, al debido proceso, al derecho a la defensa y la temporalidad de los plazos, son los elementos que sustentará la defensa de Guillermo Lasso, señaló Juan Fernando Flores, exjefe de bancada del movimiento Creando Oportunidades (CREO), en el Parlamento.
“Estaremos atentos del accionar de la Asamblea y, en función de eso, emprenderemos acciones, pero no estaría descartado acudir a la Corte Constitucional (CC) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para que se precautele el derecho que tiene Lasso como ciudadano al haber perdido su calidad de presidente”, agregó Flores.
Para el exlegislador, la ilegalidad se configuraría porque se estaría intentando continuar con un juicio político a un expresidente, cuando la Constitución es clara en señalar que solo se puede interpelar al presidente y al vicepresidente de la República bajo esa misma calidad.
Explicó que, el entonces presidente Lasso, al haber perdido el 23 de noviembre de 2023 (luego del cambio de mando) la condición de presidente ya no cabe un juicio.
El movimiento Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC) intentan completar un proceso de interpelación que no concluyó en mayo, cuando Lasso decretó la muerte cruzada.
Previo a eso, el entonces mandatario ya había comparecido a defenderse de la acusación de peculado por su presunta implicación en una trama de corrupción. Lo que faltó fue cerrar el debate y luego la votación con legisladores que incluso ya no forman parte del actual periodo legislativo.
La reinstalación del juicio, por iniciativa de estas bancadas se hará desde el debate. Es decir, una vez que concluyan las intervenciones que disponga el presidente Herny Kronfle (PSC) deberá volver a convocar, en un plazo de 72 horas, para la votación.
En declaraciones a periodistas, el jurista André Benavidez, aclaró que, para el reinicio del juicio, los interpelantes políticos deben ser los mismos que participaron en el proceso de mayo. Se refiere, por ejemplo, a Esteban Torres (PSC), quien actuó como segundo interpelante, pero que no fue reelecto. (SC)
‘Su interés solo es la venganza’
El inicio del juicio político a Diana Salazar, fiscal general del Estado; a los ex ministros del Interior, Juan Zapata; de Energía, Fernando Santos, y continuar con la interpelación a Guillermo Lasso, demuestra que el movimiento Revolución Ciudadana no tiene una hoja de ruta, y no saben por dónde llevar la Asamblea, señaló Flores.
“Los que dijeron que el pacto (Revolución Ciudadana, PSC y ADN) buscaba la gobernabilidad, ahora vemos que la Asamblea se aleja más de las necesidades de la ciudadanía porque su interés solo es la venganza contra la fiscal, y ahora con el expresidente”, puntualizó Flores.
Para una posible censura a Guillermo Lasso se requieren 92 votos, según determina la Ley de la Función Legislativa. El correísmo suma 51 curules, el PSC tiene 18, y el oficialista ADN y sus aliados, tienen 25 votos.