La audiencia se instaló cerca del mediodía del 2 de mayo de 2024. Tras escuchar los alegatos de las defensas de 30 procesados (de un total de 52), el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, suspendió la diligencia a las 22:46. Anunció la reinstalación para el lunes 6 de mayo a las 17:00. Wilman Terán pide la revisión de medidas cautelares.
Más de una hora duró el testimonio anticipado de Alex Palacios, excolaborador del entonces juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, uno de los 52 procesados en el caso de presunta delincuencia organizada denominada por la fiscalía general del Estado (FGE) como Metástasis.
El testimonio de Palacios se dio en medio de una audiencia reservada (de revisión de medidas cautelares) ordenada por el juez ponente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, pero en una información oficial difundida en las redes sociales de la Fiscalía, se dio detalles de la versión de Palacios.
Ante el tribunal, reseñó que Wilman Terán le habría puesto precio al hábeas corpus que presentó el hermano del narcotraficante Leandro Norero. “En una conversación en el baño del piso 6, Wilman T., pidió que se solicite 2 millones de dólares para la tramitación de la causa (hábeas corpus)”.
Agregó que, Hélive Angulo, otro procesado en Metástasis, había dicho que iba a pasar esa información a Norero. “David (Jacho, actual juez de la CNJ), se negó a realizar esto y Wilman Terán se quedó solo y se informó que no se podía tramitar el proceso”.
Más adelante, cuando estaba por salir la sentencia negativa en contra del hermano de Norero, éste último habría enviado 10.000 dólares para que Terán demore la publicación del fallo.
Alex Palacios también habló de un segundo hábeas corpus presentado por la hermana de Leandro Norero y le habrían ofrecido 400 mil dólares al juez Iván Larco (actual magistrado) pero no fue aceptado. (SC)
Después de que el juez escuchó los alegatos de varias defensas de los imputados, la Fiscalía General, pidió al magistrado que se impongan medidas cautelares sobre bienes y una pena pecuniaria para los 52 procesados con una multa de $8.400 dólares (40 salarios mínimos vitales). El delito de delincuencia organizada, según el COIP, se sanciona entre 7 a 10 años de prisión.
La Fiscal, Diana Salazar, también pidió una multa por $5.200.00o divididos para los 52 ($100 mil dólares cada uno), y la retención de cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones que mantengan los procesados en el sistema financiero nacional, y se oficie a la Superintendencia de Bancos, de Economía Popular y Solidaria. Además, solicitó una media cautelar para la prohibición de enajenar bienes, muebles e inmuebles que mantengan los procesados a su nombre.
El pedido de la fiscal provocó el rechazo de las defensas de los sospechosos, y pideron al juez desestimar la pretensión de Diana Salazar.
Tras escuchar los alegatos de las defensas de 30 procesados (de un total de 52), el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, suspendió la diligencia a las 22:46. Anunció la reinstalación para el lunes 6 de mayo a las 17:00. (SC)
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