Desde hace varios años, la campaña ha sido la cuna de corrupción de nuestra política. Es un secreto a voces que los partidos y movimientos ejecutan campañas que superan ampliamente el límite establecido por la ley; por ello, reciben contribuciones indebidas para campaña de parte de actores interesados, que esperan que sus candidatos—una vez en el poder— demuestren su gratitud otorgándoles contratos, cargos y favores. En otras ocasiones, las autoridades se aprovechan de su poder para extraer beneficios para su partido de manera extorsiva; se pide a subalternos y a proveedores que realicen contribuciones a la campaña, so pena de sufrir retaliaciones si no lo hacen.
Se suponía que el financiamiento público de los partidos y la imposición de límites al gasto pondrían fin a ese problema y, de paso, darían pie a una democracia más pluralista y representativa. Si eso no ha sucedido se debe en gran parte a que, hasta el momento, el Estado carece de la voluntad y capacidad legal para controlar el proceso como es debido. Además, no parece que haya la voluntad política necesaria para cambiar eso, ni apuro por hacerlo.
Ya hay campañas descaradamente en marcha —muchas de ellas con financiamiento dudoso, por decir lo menos—, a vista y paciencia de las autoridades ‘encargadas’ de controlarlo. Ponen como pretexto las barreras legales o, peor, elevan promesas devaluadas, como que la Unidad Antilavado del CNE y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tomarán cartas en el asunto. Sin embargo, no hay intención de controlar el origen de los fondos, donde abunda el dinero sucio, corrupto y criminal.
Las elecciones limpias legitiman la democracia. ¿Qué reformas legales se harán para preservarlas de los pícaros y criminales?