Mucho se habla de la generación de empleo como una simple consecuencia de decisiones acertadas en otros ámbitos. Sin embargo, es necesario recordar que la expresa voluntad política de construir puestos de trabajo sí implica una inmensa diferencia. El manejo político y económico de un gobierno cuya prioridad es la reducción del déficit fiscal, el combate a la delincuencia o la disminución de la desigualdad será muy diferente al de uno que privilegie el empleo; por ello, es necesario poner el tema en la agenda.
El país necesita urgentemente puestos de trabajo. No solo por sus penosos indicadores de desempleo y subempleo —con el sufrimiento humano que conllevan—, sino porque un aumento de la masa laboral es la solución para varios de los desafíos que enfrenta —falta de crecimiento económico, aumento exponencial del crimen, crisis de la seguridad social—. Ecuador está dejando que el invaluable momento de bono demográfico que atraviesa se le escape en migración, delincuencia y desempleo.
Hay que insistir, hasta el cansancio, en la necesidad de una reforma laboral que permita aprovechar todo el potencial humano del país. Igualmente, exigir una definición de rumbo económico —¿agroexportador? ¿manufacturero? ¿minero? ¿turístico?—; porque, aunque sea el mercado quien tenga la última palabra, el gobierno debe ser capaz de leer sus señales antes y mejor. Sin ello, no será posible hacer los ajustes necesarios en educación, infraestructura, tributación y finanzas.
Decisiones de esa trascendencia requieren una clase política con coraje y determinación; no legisladores entregados al boicot ni una elite política que malgaste su tiempo en disputas de egos.