Los últimos cambios normativos, en lugar de mejorar el acceso al primer empleo, han empeorado la situación de los ecuatorianos entre 18 y 29 años.
Las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con corte a marzo de 2022, advierten que siete de cada diez ecuatorianos que tienen entre 18 y 29 años (más del 70% de la Población Económicamente Activa) sobreviven con menos del Salario Básico Unificado (SBU) por mes y sin beneficios de ley como la afiliación a la seguridad social.
Esta realidad dista mucho de la que se vivía en 2012, cuando el 44% de los jóvenes entre 18 y 29 años estaban subempleados o en cualquier tipo de trabajo precario. Un año después, y a pesar de la escalada en el gasto público y aumento en el tamaño del Estado, la informalidad ya afectaba al 48% de la fuerza laboral juvenil.
En otras palabras, durante la última década, en promedio, 140.265 jóvenes engrosaron la lista de la informalidad cada año.
Eduardo Morales, economista y pequeño empresario de 28 años, comentó que esta situación es el verdadero “elefante en la sala” de la economía ecuatoriana. No solo que trabajan menos horas a la semana (35 en 2012 a 30 en 2022); sino que ganan en promedio menos del ingreso mínimo ($415 mensuales).
“Gastar más en lo público no necesariamente genera más oportunidades en los públicos, sobre todo si se despilfarra, y por otro lado no se generan mejores condiciones para que en el sector privado se creen más y mejores empresas”, puntualizó.
Cambios en el sector laboral
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hace 10 años, los principales sectores empleadores de jóvenes eran la industria manufacturera, los servicios en áreas como la banca y seguros y el comercio. Ahora, primero está el comercio (en la mayoría de los casos semi informal), los servicios en áreas fuertemente golpeadas por la pandemia como el turismo y la comida, y labores relacionadas con el comercio electrónico como las aplicaciones de entrega a domicilio.
Belén Gutiérrez, economista y docente, recalcó que años de decisiones políticas, más populista que realistas, han creado una economía poco eficiente, en la cual nunca se pensó en facilitar la contratación y el empleo de calidad, a pesar de que en dolarización siempre el factor de ajuste cuando hay crisis es el acceso al mercado laboral formal.
Normas en el papel
En los últimos años, se crearon normativas que buscaban incluir a más jóvenes en el mercado laboral. Así, por ejemplo, a finales de 2020 se estableció el contrato joven y de formación, a través de acuerdos ministeriales.
Según el sistema del ministerio de Trabajo, esas modalidades ni siquiera aparecen en los registros de los contratos vigentes a la fecha.
Ider Salgado, presidente de SD Abogados y docente de Unisek, afirmó que esto se debe a que los acuerdos se elaboraron sin diálogos con el sector privado. Además, se plantearon como un parche, para aparentar que se tomaron acciones.
Desde el mismo Estado nunca se cumplieron con los compromisos para impulsar el empleo joven. Como evidencia está el fracaso de la Ley Orgánica de Promoción de trabajo Juvenil, Cesantía y Seguro de Desempleo, aprobada en 2016, y que reformó el artículo 34, numeral 1 del Código del Trabajo.
Esa normativa buscaba romper el círculo vicioso que impide que los jóvenes accedan a su primer empleo por falta de experiencia. Por eso, se incluyó el compromiso del Estado de que se cubrirían los aportes a la seguridad social, por un monto máximo de 2 salarios básicos, durante el primer año.
Jessahé Navarrete, abogada con especialización en derecho laboral, explicó que en la realidad estos pagos nunca llegaron o, en el mejor de los casos, lo hicieron con mucho retraso.
El resultado es que se sumaron empleadores que aparecían con un certificado de obligaciones incumplidas con el IESS o en mora patronal.
“Si se aparece en mora la empresa ya no puede participar en procesos de contratación pública. Los empleadores empezaron a decir que mejor no van a usar esa norma, porque trae más problemas que ventajas”, añadió.
En este contexto, la única herramienta que quedó fue el contrato de aprendizaje dentro del Código de Trabajo, pero esa modalidad está completamente obsoleta porque se creó pensando en la transmisión de conocimientos artesanales.
“Una medida aislada no puede considerarse una política pública. Una norma emitida por una institución pública no resuelve un problema. Una ley que salga de la Asamblea no cambia la realidad. Hace articulación de acciones integrales e interinstitucionales, inclusive llamando al sector privado para entender que realmente se necesita”, aseveró Navarrete. (JS)
Cifras
Indicadores del empleo en Ecuador
Con corte al 31 de marzo de 2021, seis de cada diez desempleados en el país eran jóvenes.
El 93,1% de los empleos son generados por el sector privado; mientras el sector público es responsable del 6,9%.
Los ingresos laborales promedio, a nivel nacional, son de $438,2 mensuales; pero para los jóvenes siguen estancados en los $415.
La educación es vital para la empleabilidad
Otro aspecto que poco se toma en cuenta es que alrededor del 19% de los jóvenes con empleo son universitarios. Ese pequeño porcentaje es el que más oportunidades tiene de acceder a un trabajo formal.
Además, existen grandes vacíos en habilidades tecnológicas, matemáticas y de las llamadas blandas (creatividad, trabajo en equipo). Esto hace que los ecuatorianos entre 18 y 29 años estén deficientemente preparados para el mercado laboral
En este escenario, es importante buscar formas de fortalecer capacidades y competencias. Asimismo, ante el bajo acceso a la universidad, se deben impulsar capacitaciones cortas, no carreras de cinco años; y las modalidades como la formación dual, que permiten adquirir conocimientos en menos plazo.