Discutir teorías de conspiración es una pérdida de tiempo. Para empezar, requiere dedicar atención —elevar a una inmerecida condición de argumento digno de ser escuchado— a hipótesis descabelladas. Después, parte del equivocado supuesto de que a los autores de las ilusiones paranoides les interesa conocer la verdad o poner a prueba sus puntos de vista. Por último, asume que los calumniadores suelen reconocer su error y retractarse de sus afirmaciones. Nada de eso es cierto. No se puede ilustrar a quien no tiene ningún interés en ser ilustrado, que solo busca esparcir y confirmar los prejuicios de los que está convencido a pie juntillas. Ese tipo de elucubraciones deben ser abordadas con la misma condescendiente indiferencia con que se enfrentan la imaginación de un infante o las alucinaciones de un enajenado.
Resulta preocupante y vergonzoso que la principal universidad pública del país se haya visto obligada a indagar la tesis de la Fiscal General —elaborada hace 18 años— en respuesta a una campaña de descrédito en redes sociales orquestada por una persona con obvia animosidad personal y segundas intenciones, e instrumentalizada por un sector político. Ello invita a cuestionarnos sobre las prioridades, la administración del tiempo y la susceptibilidad a los escándalos de nuestra clase política y funcionarios públicos.
Diana Salazar tiene más de una década de trabajo en la Justicia y el Estado cuenta con instancias pertinentes para escrutar y evaluar su desempeño. La Universidad Central, a su vez, ha sido tajante en su pronunciamiento. No malgastaremos el tiempo en murmullos y conspiraciones que distraen de lo verdaderamente importante.