La fiscal general de la Nación, Diana Salazar, recibe espaldarazo de varios sectores que rechazan la intención de removerla del cargo.
Los intentos de remover del cargo a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, en funciones desde abril de 2019, va más allá de las coincidencias, pues entre los denunciantes hay personajes que han sido sentenciados por la Justicia.
Entre quienes acusan a Salazar de un presunto plagio en su tesis de grado con la que obtuvo su título, está el colectivo Acción Jurídica Popular. En ese grupo está un exfuncionario procesado por la administración de Salazar, y un exfuncionario que ejerció cargos durante el régimen de Rafael Correa, prófugo de la Justicia.
Entre los firmantes también está Priscila Schettini esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien fue condenado en 2021 a tres años de prisión por supuesto abuso sexual. Ese año, la Fiscal presentó 36 elementos de prueba en su contra. El presunto ilícito en el que está involucrado Carrión se habría cometido en mayo de 2021, durante una reunión en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí, durante el confinamiento por la pandemia.
Carrión es otro de los acusadores de Diana Salazar, según consta en el expediente del examen de admisibilidad que emitió el 29 de mayo de 2023 la subdirección de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ), donde recomendó al Pleno del organismo sancionar a la Fiscal.
Entre los denunciantes también está Santiago Esteban Machuca Lozano. Fue comisionado principal y delegado del Presidente de la República a la comisión ciudadana de selección para la designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 5 de enero de 2012 al 10 de mayo de 2012 (administración de Correa). También se desempeñó como asesor en el Ministerio Coordinador de la Política del 1 de junio de 2011 hasta 14 de octubre de 2011.
Christhian Bahamonde Galarza, otro de los denunciantes fue director general de Política Pública de la Defensoría del Pueblo en 2017.
Richard González Dávila, que también consta en el expediente del CJ como denunciante de la Fiscal, fue abogado del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Angélica Porras Velasco, quien fue vocal encargada del Consejo de la Judicatura, también está en este grupo. Ella junto a otros exfuncionarios fue asignada para este cargo el 19 de junio de 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presidido entonces por Julio César Trujillo.
‘No es más que una opinión’
El 29 de mayo de 2023, el Pleno de la Judicatura tenía previsto avocar conocimiento de la recomendación de sanción y posible destitución que consta en el expediente de admisibilidad de la denuncia en contra de la Fiscal, pero la convocatoria del presidente Wilman Terán, no tuvo acogida. A la sesión solo asistió Terán y el vocal Fausto Murillo.
Los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno, investigados por la Fiscalía por presunto delito de tráfico de influencias, y Xavier Muñoz, indagado por supuesto lavado de activos, no asistieron a la convocatoria.
Fausto Murillo anticipó que no se prestará para ninguna acción ilegítima que pretenda afectar la institucionalidad de la Fiscalía.
En la misma línea se pronunció el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, quien llamó a respetar la institucionalidad de la Función Judicial, y aclaró que el Consejo de la Judicatura no puede suspender, ni iniciar sumarios administrativos en contra de la Fiscal General.
En un comunicado difundido a las 16:30 de este 30 de mayo por la Judicatura, se aclaró que la recomendación de la subdirección de Control Disciplinario “no es más que una opinión que debe tratarla el Pleno para negar o aceptar”. (SC)
Abogados, exasambleístas y juristas
El Colegio de Abogados de Pichincha, exasambleístas y juristas rechazaron el informe del CJ que recomienda sancionar a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar.
Para Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados, la “pretensión” de la Judicatura de sancionar a la Fiscal “firma la sentencia de muerte de un organismo desprestigiado que, antes y ahora, ha remado encubriendo la corrupción de unos y otros. Es hora que se vayan todos”, apuntó.
Ricardo Vanegas, exasambleísta de Pachakutik, calificó de “improcedente” que la Judicatura pretenda suspender a Salazar. Aclaró que solo la Asamblea está facultada para destituirla y censurarla con juicio político. “Es grave lo que se quiere hacer cuando hay dos vocales que son investigados por la Fiscal”.
La jurista María Dolores Miño también apuntó que la Fiscal no está sometida al régimen disciplinario de la Ley Orgánica de la Función Judicial (LOFJ) y, por tanto, la Judicatura no puede suspenderla.
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, llamó a respetar la institucionalidad de la Función Judicial.