El Colectivo Acción Jurídica Popular la denunció en el Consejo de la Judicatura por presunto plagio de su tesis de pregrado.
Desde hace casi una semana, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, está bajo el ataque de una oposición que busca su salida del cargo.
El colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) la denunció en el Consejo de la Judicatura (CJ) por presunto plagio de alrededor del 40% de su tesis de pregrado y pidió su suspensión y destitución.
Fausto Murillo, vocal del CJ, se pronunció a favor del fortalecimiento de la Fiscalía, y adelantó que “no se prestará para ninguna acción ilegítima que pretenda afectar su institucionalidad”.
A la par, el colectivo AJP solicitó a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador que se abra un expediente y se le revoque el título profesional a Salazar. Junto con el pedido se presentaron 170 fojas de información y respaldo. Mientras tanto, están a la espera de que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) responda a su solicitud para ser recibidos en una audiencia pública a la que también tendría que acudir la Fiscal
Priscila Schettini, una de las voceras del colectivo AJP, es esposa de Freddy Carrión, condenado en 2021 a tres años de prisión por supuesto abuso sexual. Ese año, la fiscal Salazar presentó 36 elementos de prueba en su contra.
El presunto ilícito en el que está involucrado Carrión se habría cometido en mayo del 2021, durante una reunión en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí, durante el confinamiento por pandemia.
La fiscal contraataca
El 19 de mayo de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una indagación previa en contra de los siete vocales del Cpccs. Lo hizo después de conocer de un presunto intento de alterar o borrar archivos y documentos del Cpccs que respaldan el concurso de designación de la Fiscalía.
La Fiscalía calificó al hecho como “acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de la fiscal Diana Salazar en sus funciones y que tienen como único afán generar desinformación e inestabilidad, tratando de desprestigiar el trabajo desarrollado por la actual administración”.
Alembert Vera, exabogado del expresidente Rafael Correa, y actual presidente del Cpccs, negó las acusaciones de la Fiscalía, y calificó de “absolutamente falso y absurdo pretender decir que la información se pueda alterar, borrar o desaparecer los archivos de los procesos y de concursos”.
Según Vera, la información de los concursos está publicada en la página web y en la secretaría general del Cpccs. Sostuvo que incluso existen respaldos digitales en el Ministerio de Telecomunicaciones. “Si quiere allanar, vaya a allanar el Ministerio de Telecomunicaciones”, le respondió a la Fiscal.
Como parte de la indagación previa en contra de los vocales del Cpccs por los presuntos delitos de incumplimiento de órdenes de autoridad competente y de destrucción de datos, Alembert Vera y Augusto Verduga acudieron a la Fiscalía para entregar la información solicitada por Salazar, entre los datos constan las acciones de personal de los vocales del Consejo Ciudadano. “La imputación de estos delitos es un absurdo, y peor que se haya iniciado una investigación previa”, señaló Vera.
Augusto Verduga calificó de “expedientillo” al proceso abierto por la Fiscalía, donde -según dijo- existe una hoja en blanco que contiene una follatura que podría configurar el delito de fraude fiscal. “No es regular que en un expediente fiscal exista una hoja en blanco; en un estado de derecho no se puede usar a la Fiscalía como un ente persecutorio”, afirmó Verduga. (SC)
Los casos relacionados con el correísmo que se investigan
Los cuestionamientos a Diana Salazar se producen en momentos en que la Fiscalía mantiene abiertos varios casos que involucran al correísmo, entre ellos la indagación sobre los helicópteros Dhruv. En octubre de 2021, la Fiscalía formuló cargos en contra de 15 personas por presunto peculado en el contrato para adquirir los helicópteros Dhruv, con la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL), por un valor de $45,2 millones.
Se conoció, además, según información de la Coordinación de Asesoría Jurídica de la Fiscalía que se adelantan varias investigaciones derivadas del caso Sobornos 2012-2016 o ‘Arroz Verde’.
Entre ellas constan las presuntas infracciones por tráfico de influencias (con 36 diligencias); concusión (con 31 diligencias); lavado de activos (28 diligencias), y cohecho (31 diligencias), que están en investigación previa, así como las diligencias dispuestas dentro de las mismas. Según la Fiscalía, estos casos se mantienen en reserva, conforme el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)