Jaime de Veintimilla es el vocal suplente de Juan José Morillo; y Yolanda Yupangui; de Ruth Maribel Barreno. Los vocales del CJ fueron electos en 2019. Su gestión concluirá en enero de 2025.
El 7 de junio de 2023, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Diana Salazar, procesará penalmente a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno, Juan José Morillo, y al juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhaya, por el presunto tráfico de influencias.
La fecha para la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos fue fijada por Javier de la Cadena, quien se volvió juez de la CNJ después de que el 10 de mayo de 2023 el juez de la Corte, Felipe Córdova, negó la demanda de recusación que planteó Ruth Barreno, en contra del magistrado Walter Macías, por considerarla “improcedente”.
La investigación por presunto tráfico de influencias se denominó ‘Caso Vocales’ e inició el 15 de junio de 2022. Según la Fiscal, se habría registrado “un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa” (que derivó en la destitución de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional).
La acusación, según la Fiscal, se sustentará en los elementos de convicción hallados en los diez meses de investigación que contó con el testimonio anticipado de una funcionaria judicial.
Este Diario conoció, de fuentes judiciales, que la funcionaria judicial entregó a las autoridades del caso su teléfono que contenía una grabación con información de más de una hora y que sería la prueba central del caso.
Al parecer, la grabación habría llegado al presidente de la CNJ, Iván Saquicela; luego al entonces presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela; y después difundido en un medio digital.
El inicio del proceso penal se produce a casi año y medio de que termine su gestión como vocales del CJ (que inició en 2019 y concluirá en 2025).
Lucha contra corrupción
Barreno y Morillo, procesados por la Fiscalía, cuestionaron en la última sesión del pleno del CJ al presidente del organismo Wilman Terán, quien planteó acciones para fortalecer la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la seguridad jurídica, y dispuso que se trabaje en la normativa para establecer jueces, fiscales y defensores públicos “sin rostro” o con identidad protegida, y serían quienes sancionen casos de corrupción y delincuencia organizada.
Los vocales consideraron que es una propuesta que no está contemplada en la Constitución, y exhortaron a que se abra un debate con opiniones de abogados, e incluso con la Asociación de Jueces para contar con mayores insumos y ver la pertinencia de la aplicación de la propuesta.
Entre los gremios de abogados se critica a los vocales que son investigados por la Fiscalía.
Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, opinó que los vocales pueden o no tener razón en sus planteamientos, pero afirmó que el problema es que el accionar de la Judicatura está cuestionado por la falta, precisamente, de probidad de sus miembros.
“Wilman Terán todavía tiene tres meses en el cargo, pero el resto de vocales están muy cuestionados; Xavier Muñoz, por ejemplo, es investigado por presunto lavado de activos. En ese marco lo que pueda hacer o decir la Judicatura, en general da mucha desconfianza; nosotros somos partidarios de la autodepuración”, agregó Guzmán.
José Alomía, de la Federación de Abogados, cree que los cuestionamientos a las propuestas de Terán “que llegó a disputarles el poder” estarían en la línea de debilitarlo.
Alomía tampoco ve viable “en la práctica” la posibilidad de que en la función judicial se proteja la identidad de los jueces, pero no ve coherencia en las actuaciones de los vocales de la Judicatura ante un presidente que de alguna forma los respaldó y condenó los allanamientos que realizó la Fiscalía, el 12 de mayo de 2023, los despachos de Barreno y Morillo.
“Aprovechan la coyuntura para ponerse en contra de Terán”, afirmó el abogado, para quien también es discutible la actuación de los vocales del CJ en los últimos cuatro años.
¿Qué gestión realizaron en estos años para dar una respuesta respecto a la seguridad de los jueces y fiscales? ¿Qué han hecho para evitar las amenazas, e incluso las muertes de algunos operadores de justicia?, preguntó. (SC)
Argumentos de Barreno y Morillo
Maribel Barreno dijo que la figura de los “jueces sin rostro” se produce cuando el Estado está en la imposibilidad de garantizar la vida de quienes imparten justicia; además que existe un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre que esto infringiría lo dispuesto en la Convención Americana en el artículo 8.1 porque impide que los procesados conozcan a la identidad del juzgador, o determinar si se puede configurar las causales de recusación.
Morillo cree que, lo ideal sería fortalecer la unidad de lucha contra el crimen organizado que está a cargo de jueces que tienen su sede en Quito.
La Fiscalía tenía previsto procesar a los jueces el 4 de mayo de 2023, pero la audiencia de formulación de cargos no se instaló porque Maribel Barreno presentó una demanda de recusación contra el juez Walter Macías.