Diana Salazar contó que para obtener su titulo profesional fue evaluada por un tribunal que estaba integrado por el entonces fiscal general del Estado, Washington Pesantes.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, desestimó las acusaciones que le imputa el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), por un presunto plagio de su tesis de grado, y lo atribuyó a un «intento desesperado» de sectores que buscan tomarse la Fiscalía para generar impunidad.
«Son puras falacias, así que no hay de que preocuparse», afirmó la Fiscal en una entrevista en Ecuavisa, el martes 30 de mayo de 2023, donde contó que el proceso para obtener su titulo profesional fue evaluado por un tribunal probo que estaba integrado por, ejemplo, por el entonces fiscal general del Estado, Washington Pesantes.
Dijo que aún no ha sido notificada por la Universidad Central de la decisión de conformar una comisión de auditoria académica que analizará su tesis, pero adelantó que espera que emita un informe técnico jurídico y «se descarte de una vez este tipo de temas; Diana Salazar tiene absoluta certeza de lo que hizo, y del proceso que tuvimos que realizar para obtener mi graduación».
En la entrevista mostró un documento para desvirtuar las acusaciones. «No me voy a detener en esto porque es hacer eco de mentiras; hacen referencia a que se ha tomado un texto de algo que aparece en el 2010, esa es la malicia con la que están actuando», señaló.
Agregó que las iniciativas que impulsa el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) están fuera de la ley y la Constitución.
En ese sentido, añadió que el Cpccs «no tiene ninguna facultad, ni atribución de llamar a la fiscal a rendir cuentas de nada», y recordó que la única entidad que le puede convocar es la Asamblea. Por lo tanto, Salazar anticipó que no acudirá a la convocatoria que el presidente del organismo Alembert Vera realizó para el viernes 2 de junio.
Cree que la posición asumida por estos entes puede ser entendida por la ausencia de una Asamblea Nacional que es la única que puede, a través de impulsar un juicio político, cesar en funciones a una autoridad.
Sin embargo, aclaró que ninguno de estos consejos tienen potestad, ni facultad de fiscalizar o realizar acciones que vayan en desmedro de la actividad de la Fiscalía General.
En todo caso, advirtió que existe un intento desesperado por tomarse la Fiscalía de aquellas personas que buscan impunidad, quienes se han visto afectados por procesos en los que la Fiscalía avanza con “contundencia” y aquellos que se encuentran privados de la libertad, y otros que están prófugos de la justicia.
En la entrevista mencionó al expresidente Rafael Correa “que es un prófugo de la justicia”, al exvicepresidente Jorge Glas, al excontralor general del Estado, Pablo Celi procesado por el caso Las Torres por liderar una estructura de corrupción, y al exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, que cumple una sentencia de tres años acusado de abuso sexual.
“Es un cúmulo de gente que únicamente busca impunidad para no devolver lo que se llevaron, para no responder ante la justicia, para no cumplir las penas, y porque no han encontrado, ni han logrado controlar a la Fiscal, entonces; en todos estos intentos buscan otras instituciones que de una u otra manera, con informes o recomendaciones se puedan prestar para estos temas”.
Dijo que la Fiscalía es un ente autónomo que forma parte de la Función Judicial, y la fiscal no puede ser suspendida porque no forma parte de la carrera judicial. «Yo fui designada para un periodo (de seis años: de abril de 2019 a abril de 2025) entones, mal podrían asumir que la máxima autoridad de la institución sea suspendida».
Insistió que todo lo que están «fraguando» es únicamente con la intención de tomarse la justicia, pero aseguró que no lo van a lograr porque no tienen la razón, ni la verdad. (SC)
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