Mesías Mestanza Solano
El Ecuador atraviesa una grave crisis institucional que ha dividido a los ecuatorianos; unos, defendiendo la democracia a fin de completar el período constitucional de cuatro años del presidente Lasso, y otros por defenestrarlo.
Venimos de una pandemia que diezmó la población, pero continuamos con una más fuerte que es la de la corrupción, la misma que desestabiliza al país, donde aparecen nuevas pugnas con hambre de poder y no importa la paz social tan anhelada para que los habitantes puedan desarrollar sus actividades de forma normal.
Varios juristas y el pueblo llano se preguntan qué pasará con el juicio político: Mi maestro, Ramiro García Falconí, da a conocer tres posibilidades a saber: “1. Lasso va a juicio político y no se logran los 92 votos necesarios para su destitución (Lasso se queda 2 años más) 2. Lasso va a juicio político y se logran los 92 votos necesarios para su destitución (Borrero se queda los 2 años que restan) 3. Lasso dicta la muerte cruzada y manda a todos los Asambleístas a la casa (Lasso se queda +/- 1 año gobernando sin legislativo, hasta que se hagan nuevas elecciones)”. Son tan ciertas estas posibilidades, que, de suceder la primera, nuestra pobre Asamblea quedará como un ejemplo de simples alza manos, chantajistas, pide puestos y otros réditos; ojalá estos últimos no se asemejen a los expresados por el alcalde de Pindal.
Ahora bien, cierto es que tanto el juicio político como la muerte cruzada son herramientas constitucionales, pero hay que tomar en cuenta que a la postre cualquiera que sea su resultante, causará serios estragos desestabilizadores que irán en contra de todos los ecuatorianos que quieren laborar bajo condiciones de paz, armonía y seguridad.
La verdad es que la democracia tambalea, y la seguridad que es política de Estado, ha desaparecido completamente; pues el Presidente no ha podido controlar, y más bien con el permiso de tenencia y porte de armas ha dejado la seguridad en manos de la ciudadanía para que “se defienda como pueda”.