Hacia la oralidad

Poco a poco, en materia judicial avanzamos bajo el principio constitucional de la oralidad, el mismo que requiere preparación en litigación hablada por parte de todos los operadores de justicia, entre los que se cuentan a fiscales, defensores públicos y abogados, a efecto de que sus pruebas y alegatos se practiquen por medio de un alto nivel, técnico y jurídico, rodeado de destrezas y habilidades para llegar al juzgador que además está provisto de suficientes conocimientos en materia legal y constitucional, para que éste pueda motivar y fundamentar su resolución en base al mérito probatorio.

Y qué mejor si las pruebas documentales, periciales y testimoniales se desarrollan bajo el principio de inmediación frente al juez, al fiscal y a las otras partes procesales, donde el juzgador de fuente directa se da cuenta del desenvolvimiento psicológico, gesticular, facial, titubeos o tartamudeos que permiten que el criterio de la verdad histórica se forme, aparte de que se hace presente el principio de contradicción para que las partes puedan objetar y contradecir pruebas ilegales que se traten de introducir al proceso en forma falsa o a espaldas de los sujetos procesales que tienen el derecho de repreguntar; pues los testigos perjuros si llegan a declarar, bien pueden estar enviando a la cárcel al inocente.

Debo reconocer que en ciertos procesos judiciales la oralidad ha dado oportunidad a quienes son estudiosos para que con un léxico sencillo ilustren al juzgador, a la vez que la teoría del caso sea entendible y coherente con lo que se dice y lo que consta en el proceso; por supuesto, haciendo uso de la lealtad procesal, a fin de no hacer caer en error al juez.

La narración hablada de los hechos fácticos es más efectiva que la escrita, y, los profesionales jóvenes que aprendieron el Derecho en época de internet, fueron favorecidos por la facilidad que este medio les brindó; debiendo reconocer que están muy bien preparados en litigación oral.

mesiasmestanza@yahoo.es

Del paro nacional

La costumbre y el pésimo accionar de unos pocos malos ecuatorianos nos hacen constatar que el paro no es sino un motín o disturbio que se manifiesta por su carácter violento, con miras a la paralización de servicios públicos y privados. Estas acciones han provocado la obstrucción de carreteras, saqueos, cierre de mercados, destrucción de vías, inmovilización del transporte y desabastecimiento de alimentos causando serios problemas e indescriptibles atrasos al país.

Una vez superada relativamente la pandemia, en una crisis permanente de corrupción y cuando empezábamos una mediana reactivación de la economía, en época pre electoral, aparecen los protagonismos políticos provocando este injusto paro nacional que ha traído consecuencias funestas y del cual ignoramos las consecuencias definitivas, pero que sin embargo, podemos avizorar.

Pienso que la detención de Iza, incluso cuando los juristas sostengamos como legal, fue un acto policial de lo peor, porque aquello enardeció los ánimos de los violentos. No podemos calcular en qué terminarán estos hechos vandálicos; peor aún si la audiencia de juzgamiento se realizará recién el 4 de julio; entonces,si los indígenas no obtienen una respuesta positiva a sus peticiones, la situación se tornará aún más difícil. Como si fuera poco el vivir en zozobra por la delincuencia, ahora hay algo más llamado “paro nacional”. La verdad es que nadie contribuye a la solución… se ofreció la Asamblea Nacional para lograr una mediación, pero por Dios no, no.

La detención del líder de la CONAIE hizo que se sumen más fuerzas en su favor, dividiendo mucho más a los ecuatorianos. Si el paro fuese la solución, todos plegaríamos, pero en nuestro país los únicos que se benefician de ello son los organizadores y sus mafias. En conclusión diremos que todos hemos perdido, en especial los campesinos porque se les han hecho agua sus productos. La paz social se consigue con ciertos sacrificios. Alguien tiene que ceder.

mesiasmestanza@yahoo.es

La protesta social

La protesta social es un medio legítimo y constitucional para la reivindicación de derechos conculcados, que permite a la vez visibilizar problemas sociales que afectan a un colectivo, y expresar ideas para una verdadera conducción del país.
Varias leyes dispersas han venido legalizando la protesta social, hasta llegar a la Constitución del 2008, en la que en forma clara aparece el derecho a la resistencia, según el que, los individuos y colectivos podrán ejercer este derecho frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar derechos constitucionales, y demandar nuevos derechos, ya que se hace necesario confirmar lo que a diario pregonamos que “la voz del pueblo es la voz de Dios”.
Ahora bien, si la protesta social correctamente dirigida y encaminada a componer acciones gubernamentales es positiva, hay que hacerla, pero los hechos ocurridos en octubre del 2021 dicen lo contrario a la filosofía de una reclamación social racional, porque constituyeron hechos vandálicos nunca vistos en el país, como la destrucción del edificio de Contraloría, donde se quemaron archivos con glosas millonarias, se destrozaron calles y avenidas de Quito, se secuestraron y humillaron a policías, se atentó contra la vida de un periodista, bloquearon carreteras de varias provincias, pusieron en riesgo instalaciones petroleras; en fin fueron hechos vandálicos que causaron terror y zozobra… ¿esto será una protesta social?.
Pero claro, como la Asamblea Nacional dictó amnistía para quienes participaron en la “protesta social” con incendio, terrorismo, destrucción y varios tipos penales, se sentirán protegidos; no se sabe entonces las reacciones que puedan darse este día, para lo cual nuestros policías y militares estarán alerta para la protección de personas y bienes públicos y privados.
En épocas preelectorales aparecen seudos dirigentes con protagonismo y cálculos políticos, que han hecho mucho daño al país, y, como nuestros electores no saben diferenciar entre buenos y malos por decir lo menos, escogerán a los que aconsejan que “roben bien”. Nos falta cultura del voto.

mesiasmestanza@yahoo.es

Del apremio personal

El apremio personal es una medida coercitiva dispuesta por el juzgador para quienes teniendo la obligación de pagar dos o más pensiones alimenticias para sus hijos no las han cubierto. Si bien es cierto que nuestra Constitución prohíbe la prisión por deudas, no es menos cierto que la excepción es la deuda alimenticia, por la que el alimentante en mora tiene dos opciones: pagar todo lo adeudado o ser reducido a prisión por 30 días; pero qué pasa en caso de reincidencia… Tanto la Corte Constitucional como la Corte Nacional han coincidido en que: “En caso de reincidencia el apremio personal total se extenderá por sesenta días más y hasta un máximo de ciento ochenta días”. Según el Diccionario de la lengua española, la reincidencia es la reiteración de una misma culpa.

Ahora bien, nuestros jueces al respecto tienen criterios divididos; unos sostienen que la reincidencia se activa cuando el alimentante ha sido privado de la libertad y no ha pagado la pensión alimenticia; otros dicen que hay reincidencia simplemente cuando se haya ordenado el apremio e independientemente que haya sido detenido o no.

Las resoluciones de estos altos tribunales son claras al expresar que hay reincidencia en el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias. Entonces, el aumento progresivo del tiempo carcelario en los morosos es por el desacato a una orden del juez que no tuvo resultado positivo en favor de los hijos; no siendo requisito estar detenido para que un segundo auto de prisión sea de sesenta días, y así sucesivamente hasta ciento ochenta días.

En materia de pensiones alimenticias de niñas, niños y adolescentes las leyes son duras, debido al interés superior de aquellos que en la práctica son indefensos, y mucho más si consideramos que las madres por atender a sus hijos no tienen el tiempo suficiente para cumplir con una actividad laboral. De todas maneras, en estos tiempos difíciles, la presión de una boleta de captura ha dado resultados en beneficio de los menores.

mesiasmestanza@yahoo.es

Delincuencia

Ecuador, antes isla de paz situado entre Colombia y Perú, se ha convertido en el país más peligroso para vivir, incluso más que los dos juntos; la delincuencia se ha organizado con armamento superior al que utiliza la policía.

El gobierno del encuentro ha dispuesto que nuestros militares salgan a las calles para el control articulado de la inseguridad con miembros policiales, pero tampoco se ha podido, dada a la agresividad de quienes viven al margen de la ley.

Se ven mesas de diálogo y conferencias de prensa con personal que conoce de estrategias anti delincuenciales; muchos opinan con una oratoria pocas veces vista y oída en el país, pero nadie aporta con soluciones coherentes para disminuir o al menos frenar el avance de la inseguridad. Nada se dice de mejorar la educación, la salud, fuentes de trabajo, preparar a nuestros niños en valores y moral.

Lo que necesitamos es reformar nuestra Constitución y el COIP, ya que al momento, estas son leyes garantistas y proteccionistas de los delincuentes, porque permiten a los que caen detenidos por todo delito en la mañana, salir en libertad en la tarde, justificando arraigo familiar, social y laboral, con un certificado de trabajo conseguido con mucha facilidad, justificación de residencia, con planillas de agua y luz, y por último que hayan ejercido el sufragio. Para colmo, la Supra Ley dice: “La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad”, es decir, que se presente el procesado periódicamente a la autoridad, y por lo general la prohibición de salida del país. Ni siquiera contratan abogado para tan poca cosa, porque ellos tienen defensores públicos pagados por el Estado, es decir, por la propia víctima.

Si reformamos estas leyes “saca presos”, habrá que hacer más cárceles, ya que el hacinamiento no debe ser una condición para liberarlos, en perjuicio de la sociedad civil, mientras que los que no pagan 2 pensiones alimenticias se quedarán presos hasta seis meses o hasta que paguen.

mesiasmestanza@yahoo.es

Habeas corpus nulo

La resolución de libertad que concedió el juez de Manglaralto a Jorge Glass mediante la acción constitucional de habeas corpus, por decir poco, fue completamente irregular, viciada de nulidad desde cualquier punto de vista: La demanda presentada con dedicatoria ante juez escogido que no tuvo competencia para conocer la referida acción. Además, que al no citar con la acción al Procurador General del Estado, quien ejerce su patrocinio, produjo la indefensión por violación del Art. 75 de la Constitución.

Se presenta la acción en Manglaralto sosteniendo desconocer el lugar de privación de libertad de Glass, pero en el momento de la audiencia aparece éste telemáticamente desde el lugar de su detención en Cotopaxi; en fin, una serie de inconsistencias que daban lugar a la inhibición del juez para conocer la causa y su desplazamiento a un juez de Cotopaxi. La competencia, jurisdicción, citación y otras, son solemnidades sustanciales para todos los procesos. (Art.107 del COGEP).

El pueblo llano, utilizando la ley del menor esfuerzo se dio cuenta de que todo lo que ocurrió con la sentencia de primera instancia fue una aberración jurídica, que ventajosamente por efecto de apelación, la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena conoció y resolvió, en puro derecho y por unanimidad, declarar nulo todo lo actuado… Pero esto no es todo, porque esta acción deberá conocer un juez de Cotopaxi, sin descartar que al encontrar “méritos”, le vuelvan a otorgar la libertad. No se descarta, además, que luego de que se ejecutoríe la última sentencia, de ser condenatoria, se unifiquen las penas, y quede la mayor para efectos de condena, y, por los beneficios carcelarios de buen comportamiento en prisión, trabajos realizados y estudios (2 maestrías) salga en libertad en poco tiempo. No haberse fugado es una estrategia muy importante; entonces, ya en derecho, estará libre nos guste o no, ya que la ley es la ley.

mesiasmestanza@yahoo.es

De la jurisprudencia

Con motivo de los hábeas corpus y de otras acciones constitucionales se ha hablado mucho de la jurisprudencia, lo que ha suscitado que el pueblo llano quiera saber qué significa esta fuente del Derecho. Proviene del latín iurisprudentia; es decir, derecho, sabiduría y conocimiento. Para entender mejor diremos que la jurisprudencia es el conjunto de resoluciones judiciales en un mismo sentido, dictadas por los órganos competentes dentro del ordenamiento jurídico, cuya filosofía es obtener una interpretación uniforme de la ley, puesto que los abogados, jueces y magistrados pueden tener diferentes interpretaciones de las normas legales; entonces, la jurisprudencia trata de formar criterios unívocos para resolver una controversia.

La Corte Constitucional es la encargada de hacer el control de constitucionalidad, interpretar la norma y resolver casos donde se encuentren involucrados derechos humanos, cuya resolución o sentencia tiene el carácter vinculante; pues es la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país. Por supuesto, se debe exigir que las resoluciones de la Corte Constitucional sean claras y contengan un léxico entendible y comprensivo, a efecto de que el remedio no sea peor que la enfermedad. A nuestros abogados y jueces no dejemos dudas, pues muchos aprovechan aquello para tomar decisiones apartadas de la ley, como sucedió con los últimos hábeas corpus otorgados, que son una vergüenza para los ecuatorianos.

Ahora bien, de conformidad con normas del Código Orgánico de la Función Judicial, una de las atribuciones del Pleno de la Corte Nacional es expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, cuyo carácter es obligatorio; a la par de que las resoluciones de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia en sus diferentes fallos, que de paso son innumerables, constituyen jurisprudencia de calidad por contener doctrina de verdaderos juristas que han contribuido a clarificar nuestras normas legales.

mesiasmestanza@yahoo.es

Día de la Madre

Este día tan especial se celebra en muchos países del mundo y en diferentes fechas, de acuerdo a sus propias costumbres, credos y religiones. Así, en la antigua Grecia se honraba a Rea, madre de Zeus; los romanos lo hacían a su manera y lo llamaron Hilaria; en la civilización egipcia la Diosa Isis, conocida como la Gran Madre, era objeto de culto y homenaje; en cambio, el cristianismo encontró la razón para su celebración en la Virgen María.

En nuestro país se celebra el Día de la Madre el segundo domingo de mayo; por ello, el día de ayer muchas personas rindieron un justo homenaje a las madres que son el núcleo de la familia, no sólo por haber dado la vida, sino por la protección que diariamente brindan a sus hijos de forma incondicional. Diremos entonces que no debe ser uno solo el día de la Madre, sino todos los días, de aquella que no exige nada, pero se conforma con pequeños detalles como una flor, un chocolate, una comida sencilla acompañada de un beso y un abrazo dados de corazón.

El amor inconmensurable de la madre para con sus hijos hace que ella sea la primera en levantarse para iniciar con el desayuno de sus estudiantes y enviarlos a sus centros educativos, para acto seguido realizar labores propias de casa, sin perder tiempo, porque también hay que preparar el almuerzo para la familia, y, de inmediato a preparar deberes y vestimenta de los estudiantes para el día siguiente, sin descuidar que también la familia exige una cena. Así mismo, muchas otras madres, además de cumplir con estas labores, trabajan también fuera de casa; es decir, la responsabilidad que se ha impuesto a una madre es demasiado dura e incomprendida.

Podemos decir que el amor incondicional y la capacidad de entrega de una madre para con sus hijos se inscribe con letras doradas en el libro de la familia; pues ella no tiene descanso y muchas veces ni siquiera gana un sueldo. Vaya desde esta columna el saludo reverente a todas las madres del mundo, en especial a las de mi Ecuador.

mesiasmestanza@yahoo.es

Acción de habeas corpus

Desde el punto de vista constitucional diremos que la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria e ilegítima, así como proteger la vida y la integridad físicas de las personas privadas de la libertad (Art. 89 de la Constitución y 43 de la LOGJCC).

De conformidad con el Art. 44 de la LOGJCC, la acción de habeas corpus (caso Glas) debía presentarse ante la Corte Provincial de justicia de Cotopaxi (juez natural), y, en caso de desconocerse el lugar de privación de libertad, por excepción, ante el juez del domicilio de la accionante (acaso no se conoció o no se podía presumir que el lugar de privación de libertad era Latacunga, provincia de Cotopaxi; acaso no se sabía que había dos sentencias condenatorias ejecutoriadas en su contra y que hasta se encontraba cumpliendo la pena).

Que el sorteo de la causa se hizo manualmente (bueno, pudo ocurrir que se dañaron las computadoras, se quedaron sin energía eléctrica, en fin, nadie se opuso a esta acción constitucional, cuya resultante fue la libertad de Glas, dada por el criterio judicial de un juez de Manglaralto, lejos de Latacunga.

Bueno, mal o bien, salió en libertad, sin perjuicio de lo que vaya a pasar en la Corte Provincial de Santa Elena. Claro está recordar que en razón de que fue condenado con el Código Penal y Procedimiento Penal anteriores al COIP, y, por haber cumplido el 40% de la pena mayor impuesta, según el Código de Ejecución de Penas, sumado al principio de favorabilidad, ya debía hacerse acreedor al beneficio de la prelibertad, puesto que los delitos habrían sido cometidos antes de la vigencia del presente código.

Ahora bien amigo lector, dejo estos puntos de vista para que usted, sin pasiones e imparcialmente, juzgue estos hechos.

mesiasmestanza@yahoo.es