Todos los ecuatorianos, incluso la fuerza pública, que no estamos de acuerdo con el neocomunismo, tenemos la obligación ética, cívica, patriótica, de insistirle al presidente, que disponga Consulta con las preguntas incluidas en la Reforma Constitucional que ya está aprobada desde el 2019 por la Corte Constitucional, mediante Dictamen 7-19-RC-19; porque hay personas que creen que tiene el mismo valor, eliminar la Función de Transparencia y Control Social, que eliminar el Consejo de la Judicatura; hay quienes piensan que con eliminar el CPCCS, sin eliminar el resto de funciones, todo se soluciona.
El país requiere una Consulta Popular Integral, que elimine todas las funciones e instituciones creadas en la Constituyente 2008, que fundamentalmente son 8. Que elimine la Función Electoral; la Función de Transparencia y Control Social; el CPCCS; las regiones; que modifique el CNE por Tribunal Supremo Electoral, integrado por delegados de las organizaciones políticas; que sustituya la Asamblea Nacional por Congreso Nacional Bicameral, integrado por un senador y un diputado por provincia; que traslade a la Cámara de Senadores, las atribuciones del CPCCS eliminado; que designe el Consejo de la Judicatura, de ternas que envíen las Escuelas de Derecho, de las cinco universidades mejor puntuadas.
Estas 8 instituciones, conforman el narco-Estado. Las 8 preguntas para eliminarlo, están aprobadas desde el 2019, por la Corte Constitucional que autorizó reformar la Constitución, mediante Dictamen 7-19-RC-19.
Desperdiciar dicho Dictamen, es un grave error, porque ya está hecho el trabajo en el ámbito más complicado, que es la Corte Constitucional. Desaprovechar el Dictamen 7-19-RC-19, es una irresponsabilidad, significa que no se comprende el problema, o se actúa de modo soterrado, favoreciendo la consolidación del narco-terrorismo internacional, que está detrás de las «Constituyentes», que derogan Constituciones democráticas, liberales, para instaurar regímenes totalitarios, e imponer narco-Estados.