Esta ley tiene por objeto normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, con el ánimo de dar protección a la ciudadanía ante el auge de la delincuencia que avanza sin precedentes.
Son muchos los requisitos que los agentes del orden necesariamente tienen que cumplir para poder aplicar el uso legítimo de la fuerza y la utilización de armas letales y no letales, siguiendo progresivamente ciertos niveles como: Presencia policial, verbalización, uso de medios no letales, y, si no es posible la disuasión, entonces sí, la utilización de medios letales en casos excepcionales (contra la vida) y que cause el menor daño posible al agresor… es decir, el policía tiene que actuar como si fuera una máquina electrónica (más parece que se tiene que rogar al reo para que no adecúe su conducta a un tipo penal).
Los medios sociales dan cuenta de que los agentes del orden seguirán inseguros en cuanto a actuar decididamente para proteger la vida, así como la integridad personal y patrimonial de la ciudadanía. En protestas sociales similares a la sucedida en la ciudad de Quito hace algún tiempo, las fuerzas del orden saldrán armadas de “valor” para evitar saqueos, secuestros y atentados.
Sin embargo, se puede rescatar la efectiva presunción de inocencia durante la investigación penal por un hecho relacionado con el uso de la fuerza de los miembros del orden, quienes conservarán su trabajo y por tanto su remuneración mientras no haya una sentencia condenatoria ejecutoriada.
Particularmente considero que no había necesidad de esta ley, por cuanto el COIP dispone que no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por un estado de necesidad o legítima defensa.
Los agentes del orden ya están siendo preparados para la aplicación del uso progresivo de la fuerza; aunque a quienes se debe adiestrar en realidad, es a fiscales y jueces.