Mesías Mestanza Solano
Recordemos que el más alto deber del Estado es respetar y hacer que se respeten los derechos y garantías consagrados en las leyes nacionales, en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos. El Estado debe garantizar a los particulares en lo que dice en relación a la vida, integridad física, patrimonio, honor y muchos otros derechos individuales y colectivos, para que no sean burlados por nuestras propias instituciones.
La seguridad jurídica es un derecho de protección que garantiza el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita; de ahí es que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de la ley sin discriminación alguna, dado que todos somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones frente a las normas que regulan el comportamiento humano, para estar a tono incluso con el Sumak Kawsay.
Desde el punto de vista técnico diremos que la seguridad jurídica es la certeza del Derecho, para lo cual nuestros jueces deben estar preparados intelectual y jurídicamente, tener la capacidad de combinar la hermenéutica legal, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia para poner sus conocimientos al entero servicio del usuario de la justicia… Sin embargo, más que de aquello, nuestros jueces deben estar provistos de honestidad y probidad.
No es suficiente tener la razón en cada uno de los litigios; además, debemos esperar que el juzgador aplique la ley con honradez, rectitud y sobre todo con sabios conocimientos. El juez debe ser capaz de sostener su criterio expresado en cada una de sus resoluciones con la certeza propia de quien está preparado y es digno de llevar esa investidura de magistrado.
Un verdadero juez no puede hacer tambalear la seguridad jurídica, porque aquello significaría una descomposición total en nuestras instituciones en perjuicio del usuario de la justicia.
La seguridad jurídica se fundamenta en leyes previas, claras, creadas sin dedicatoria, sino más bien en beneficio del conglomerado social que incluye a los de a pie y poncho.