Marcelo Rivera T.
Los ciudadanos estamos sometidos a los intereses de los empresarios privados, quienes durante décadas han manejado de forma exclusiva el servicio público de transporte urbano, el cual es, según el Art. 45 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, esto en correspondencia con el Art. 394 de la Constitución, que establece la obligación del Estado, de promover un transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte.
En otras palabras, el transporte urbano es un servicio público manejado por empresarios privados, esta dicotomía provoca que cada cierto tiempo (dos años, según el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte), los ciudadanos estemos a expensas de la revisión de la tarifa, el cual es competencia exclusiva de los GAD Municipales.
En junio del año 2022, de forma irregular y sobre la base de un informe técnico de actualización de la tarifa de transporte urbano, el Concejo Municipal de ese entonces, resolvió la elevación de la tarifa de 0.30 a 0,39 centavos, sin la aprobación de una ordenanza, tal como lo dispone el Art. 55 del COOTAD, y sin que exista un sustento técnico – financiero y jurídico, para establecer la llamada “compensación”, con la que el municipio asumió la diferencia de 0.09 centavos, que al momento suman cerca de USD 5 millones de dólares, además, se implementó el pasaje estudiantil gratuito.
Estas decisiones, por demás demagógicas y electoreras, buscaban ganar el voto de los jóvenes en las elecciones seccionales de febrero de 2023, la campaña política se acabó, las autoridades se reeligieron, y ahora se enfrenta la cruda realidad, ya no hay presupuesto para continuar sosteniendo la famosa “compensación”; quienes terminarán pagando lo “platos rotos” será la ciudadanía, que sentirá el golpe en sus bolsillos, cuando suba a un bus de transporte urbano y se entere que el pasaje ha subido.