Mesías Mestanza Solano
Una de las tantas atribuciones que tiene la Asamblea Nacional es la de proceder al enjuiciamiento político de las ministras o ministros de Estado, del Procurador, Contralor, Fiscal General del Estado, entre otras máximas autoridades, por incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la ley, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros.
La petición de juicio político para Diana Salazar, Fiscal General de la Nación, fue conocida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), quien se limitará a revisar requisitos de forma, más no de fondo, y luego remitir el expediente a la Comisión de Fiscalización para su tratamiento y práctica de pruebas; posterior a esto, se iniciará el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Entre las acusaciones que se le hacen a la ministra, conozco dos de ellas: Que estuvo mal nombrada como Fiscal General de la Nación… pero, recordemos que varias de las resoluciones efectuadas por el Consejo Transitorio presidido por el Dr. Trujillo, según la Corte Constitucional, no son revisables; entonces, esta causal sería un saludo a la bandera, dado que la ministra aún no se encontraba en funciones. Otra de las causales se da por la inseguridad que vive el país… pero, recordemos que el resguardo de la seguridad y el orden público no corresponden a la Fiscal General del Estado, sino al Presidente de la República por medio de la Policía Nacional.
Ahora bien, de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, a la solicitud de juicio político se debían acompañar las pruebas de cargo para el debate correspondiente. En caso contrario, no se podrán demostrar los motivos para este enjuiciamiento.
Las causas para el juicio político son por incumplimiento de sus funciones… (la forma de su nombramiento no tiene nada que ver con sus deberes) y tampoco es su función la seguridad… Son otros organismos los encargados de ella.
Considero que no habrá los votos suficientes; se necesita mayoría absoluta para la censura y destitución.