Las autoridades parecen convencidas de que el actual conflicto con el movimiento indígena tiene raíz política —que se origina en las ideas de su dirigencia— y que el alza internacional de precios de alimentos e insumos agrícolas es una distorsión temporal. Sería mejor que vean a las protestas indígenas como la consecuencia lógica de la crisis del agro y que contemplen la posibilidad de que el aumento de precios sea permanente, producto de una nueva dinámica global con altos costos de energía y alimentos. Esto le permitirá entender, por fin, la importancia del agro y aceptar que su transformación estructural solo puede darse con impulso del Estado.
La última encuesta nacional oficial sobre el agro le restriega al país la preocupante realidad: la mayoría de los campesinos cuenta apenas con educación primaria; el 75% de ellos tienen más de 45 años; el crédito es aún, en su mayoría, informal; y gran parte de productores tienen menos de 10 hectáreas. Pese a que el mundo ha vivido un boom de consumo de alimentos en la última década, ni el área de producción del país ni la participación económica del agro han crecido.
El modelo de producción alimenticia que ha mantenido el país —sostenido en abundante mano de obra precaria y combustible barato— no tiene futuro. Se debe subsidiar la importación de fertilizantes, invertir urgentemente en infraestructura vial y educativa, especialmente en el campo, e impulsar la asociatividad entre los productores para que tengan mayor acceso a crédito y tecnología.