La producción agropecuaria se ha estancado en un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2008 hasta la fecha. Esto se debe a que todos hablan del sector, desde el Gobierno de turno hasta los movimientos políticos y sociales, pero casi nadie aporta propuestas concretas para reducir la creciente informalidad, la falta de asociatividad y el acceso al crédito. Otros problemas estructurales también tienen que ver con la incipiente o nula inversión en tecnología e innovación.
Durante la década correísta, con un gasto público que llegó a crecer más de 2,5 veces, se invirtieron $377,9 millones anuales en el sector agropecuario. Ese monto representó el 0,43% del PIB o menos del 1,3% del Presupuesto General del Estado (PGE) de cada año. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esto ponía a Ecuador entre los cinco países de América Latina con menor inversión agraria en 2017.
En esa época, el multilateral advertía que solo se tomaban medidas para aplacar protestas o reclamos coyunturales, pero se continuaba con “políticas asistencialistas e ineficientes” de entregar ciertas ayudas, sin conexión con la realidad de los diferentes cultivos y a las necesidades de los pequeños y medianos productores.
Durante el Gobierno de Lenín Moreno el enfoque fue similar. Ahora, con Guillermo Lasso, ya van tres ministros de Agricultura en poco más de un año y las soluciones parche siguen siendo la norma.
Patricio Larco, pequeño productor de papas y hortalizas, recalcó que el campo está primero en los discursos, pero último en las acciones. “La mayoría somos agricultores con menos de 10 hectáreas. Cada uno hace lo que bien puede, pero no hay asistencia, ni hablar de crédito. Ni siquiera la gran inversión en carreteras llegó a los lugares donde se necesita, para facilitar el transporte de nuestros productos a los mercados”, dijo.
A finales de enero de 2022, en medio de la polémica sobre la imposición de una contribución especial desde la Prefectura de Pichincha, Edwin Herrera, director de vialidad de la provincia, reconoció que de 7.200 kilómetros de vías en la provincia, solo 600 kilómetros estaban asfaltados y en buenas condiciones.
La mayoría de las carreteras desatendidas son las rurales y vinculadas a la producción agropecuaria. “Si eso ocurre en una de las provincias más grandes y ricas, cómo será la situación en otros lugares”, cuestionó Ricardo Minda, mediano productor de aguacate en Pichincha.
Leyes que tapan el problema
A finales de mayo de 2022, la Asamblea aprobó una ley para supuestamente fortalecer la producción lechera y fijar precios de sustentación en Ecuador. Ese es un claro ejemplo de la normativa que se aprueba bajo motivaciones populistas, pero que no atacan los problemas estructurales del agro.
Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, puntualizó que se dan más seguridades a los pocos productores formales, pero dejan sin solución la creciente informalidad que, en el mejor de los casos, llega al 60% en la mayoría de las actividades del campo.
“Si bien suena bonito hablar de fijaciones de precios, este proyecto no aporta a la competitividad del sector. Más bien se generan nuevos filtros, nuevas regulaciones para los productores. Esto con el argumento de supuestamente mejorar las cosas. Pero usualmente cuando se involucran más regulaciones, el resultado es una actividad productiva más complicada”, puntualizó.
Aunque hay sectores que apoyan esas políticas de precios de sustentación, eso no asegura la supervivencia de los cultivos o producciones agropecuarias. Uno de los casos más paradigmáticos es el algodón que, a pesar de ese tipo de controles, ha desaparecido del agro nacional.
Cada uno va por su lado
Para poder acceder a más y mejores créditos, y hacer economías de escala, los productores agropecuarios deben apostar a la asociatividad. Sin embargo, Jorge Altuna Quelal, presidente de Corpoaguacate, lamentó que en Ecuador no haya cultura de trabajo en equipo y que cada uno busque su comodidad con el mínimo esfuerzo.
“Debemos quitarnos esa venda de ser agricultores y volvernos empresarios del campo”, puntualizó.
La dispersión de pequeños productores regados por todos lados hace inviable las inversiones en tecnología, comercialización directa e incluso acceso a insumos más baratos.
Asimismo, esa desunión, que incluso es aupada por las mismas dirigencias políticas relacionadas al sector indígena, profundiza el círculo de pobreza que se dice querer combatir; de acuerdo con el criterio de Norma Zurita, economista e investigadora en desarrollo social.
A eso se suma que la banca pública ha sido utilizada como botín político. El actual presidente del directorio de la CFN, Iván Andrade, reconoció que, en lugar de servir para dar créditos a los pequeños y medianos productores, la entidad ha sido la caja chica para los amigos del Presidente de turno.
Por eso, Santiago García, docente de la Universidad Central y presidente del Colegio de Economista de Pichincha, de la mano de la asociatividad se debe capitalizar y sanear a la banca pública para que realmente sirva para el desarrollo del agro. (JS)
El Banco Mundial ubica al Ecuador entre los 11 países de la región con economía agrarias de bajos niveles ingresos: agricultura de subsistencia, limitado poder adquisitivo y alimentación basada en cereales, raíces y tubérculos.
La dirigencia política está desconectada de la realidad del campo
Durante una entrevista de casi media hora, en el espacio de noticias de Radio Centro, Salvador Quisphe, asambleísta de Pachakutik, repitió más de 10 veces que toda la culpa del paro es del Gobierno, por no aceptar el pliego de reclamos de la Conaie.
Sin embargo, no concretó ningún plan o medida concreta para hacer posible esos pedidos. Tampoco aclaró cómo por una parte se piden más ingresos para los agricultores y mejor pago para ciertos productos agrícolas, pero por otro lado se exigen controles de precios para bajar el costo de los bienes básicos para la ciudadanía.
Asimismo, el asambleísta llegó a culpar a Lasso por la subida en el costo de insumos como la urea. “Antes de mayo cuando llegó Lasso, insumos como la urea no había subido de precio”, dijo.
La realidad es que el encarecimiento de los insumos inició desde mediados de 2020; y se recrudeció con la guerra entre Rusia y Ucrania.
Santiago García, docente de la Universidad Central y presidente del Colegio de Economista de Pichincha, puntualizó que el pliego de peticiones de la Conaie, aunque refleja un descontento y una necesidad social cierta, no está bien trabajado.
“No ha sido consensuado con otros sectores. Es solo desde el movimiento indígena. Les falta sustento, más trabajo, más precisión”, puntualizó.