El caso del menor brutalmente agredido en Quillán Loma de Ambato, el 30 de enero de 2023, encendió las alarmas en cuanto a la realidad del maltrato infantil en Tungurahua.
Lo que hay más allá
Cecilia Chacón, exsecretaria de Derechos Humanos del Ecuador y exviceprefecta de Tungurahua manifestó que más allá de la realidad del maltrato a menores, también hay que considerar las condiciones en las que se desarrolla ese círculo de violencia.
Es decir que, sin dejar de lado la gravedad del hecho, se debe evaluar el ambiente de agresiones de los que muchos de estos agresores son provenientes.
“En el caso de la agresión al menor que se hizo viral, por ejemplo, podemos determinar esta mujer de 21 años fue madre aun siendo adolescente, su proyecto de vida quedó frustrado, o el caso del menor que fue asesinado por su madre y padrastro en Huachi la concepción del infante fue producto de una violación e incesto”, sostuvo Chacón.
CIFRA 10 DENUNCIAS Diarias se receptan en la Junta Cantonal de Derechos, aproximadamente, en temas específicos a maltrato infantil.
La especialista insiste en que nada justifica ningún acto de violencia dado a los menores, pero sí es importante que al notar estos patrones se determine primero el riesgo inminente de la víctima y la necesidad de que esa madre, padre o persona cercana al menor sea atendida con la activación de todas las instancias gubernamentales posibles.
“La carga laboral de las Juntas Cantonales es alta, pero en estos casos no hay pretexto que valga, se debe prevenir y proteger la vida de las personas”, acotó la profesional.
La burocracia es otro problema que debe ser mejorado en las instancias, pues “esto nada tiene que ver con la delegación de responsabilidades y garantizar la atención, los protocolos ayudan a tener pasos para desburocratizar la situación en momentos de complejidad”, agregó la exfuncionaria.
Seguimiento y funcionalidad
Raymundo Cañar, abogado especialista en niñez y adolescencia, reprocha la lentitud con la que muchas veces las autoridades intervienen en los casos de violencia y esos acompañamientos y seguimientos de los que asegura, no todos se realizan a cabalidad.
“En algún momento se les sale de las manos, sí es lógico que la carga laboral es pesada, que llega a ser insuficiente el personal dispuesto en estas instancias pero, por ejemplo, hay situaciones en las que no logran ni enterarse cuando el menor ya fue insertado nuevamente en el círculo de violencia del que salió, y que esa madre, padre o familia no asistió a los tratamientos obligados por la autoridad, no todo en la práctica se cumple”, aseguró el jurista.
A la par, hizo énfasis en el hecho de que desobedecer una orden dictaminada por un Juez es un desacato que se sanciona de forma penal, pero para que esto llegue a esta instancia, hay otras circunstancias que suceden.
“Hay políticas públicas vigentes, lo que no hay es una sensibilización profunda, el caso del niño de Ambato traspasó las barreras nacionales, pero su caso no es el único, los casos que no se graban, aquellos que suceden en el sigilo familiar y donde los agresores muchas veces no se interesan por rectificar su conducta lo que agrava la situación de las víctimas y la de los mismos victimarios quienes por lo general a veces tienen a otros menores a su cargo generando este cuadro repetitivo de agresión y alto riesgo”, insistió el profesional.
EL DATO La custodia pertenece a los padres hasta que se determine lo contrario por parte del Estado, es decir, la institucionalidad del menor es la última instancia que se adopta cuando un infante o adolescente está en situación de extremo riesgo y no existe familia ampliada o garantías de bienestar.
Realidad local
Diana Villalba coordinadora de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Ambato aseguró que en la entidad se receptan alrededor de 10 denuncias diarias en lo que respecta a violencia contra niñas, niños y adolescentes, a decir de la Coordinadora.
Añade que en este tipo de casos los victimarios reciben tratamiento psicológico y seguimiento pertinente para romper el círculo de violencia.
“Este tratamiento psicológico o psiquiátrico, según lo requiera el agresor o agresora, se establece para promover una rectificación de conducta, esto puede durar 15, 30, o 60 días, el tiempo no está establecido hasta que, mediante informes que se nos remiten al respecto, se determine si la persona ya está en condiciones de acercarse de nuevo al menor o si necesita de más tiempo de intervención”, dijo la funcionaria.
Villalba aseguró que, en medio del proceso terapéutico, también se despliega trabajo social que permite conocer las condiciones de vida no solo de la víctima sino también del maltratador. (MAG)