Padres de familia de niños con trastornos psicosociales o con discapacidades intelectuales aseguran que entrar en el sistema educativo regular es, en muchos casos, discriminatorio, abusivo, y existe falta de empatía.
Esto se evidencia por la diferenciación de costos y condiciones extraordinarias que ponen en las instituciones, sobre todo privadas, para que los menores puedan educarse en sus aulas.
Realidad
“Recorrí algunas instituciones privadas para escolarizar a mi hijo de 4 años y me encontré que en algunas entidades la pensión para mi bebé costaba el doble por ser de condición especial”, cuenta Gabriela, madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en grado dos.
La mujer sostuvo que, en su afán de buscar un lugar que pudiera contar con las condiciones adecuadas para su pequeño, acudió a varios sitios que le recomendaron.
En su búsqueda se encontró con que la mayoría de esas instituciones educativas le dijeron que, por la discapacidad psicosocial (52%) de su hijo, la mensualidad de la pensión era del doble, y que además, su niño no podía asistir las horas de estudio como el resto de sus compañeros.
“Me dijeron que para no agotarlo, ni importunar a los otros niños, debía asistir en horarios controlados que empezaban desde una hora diaria por un mes, luego dos al siguiente mes y terminar el año asistiendo solo tres horas. Eso me pareció discriminatorio, mi hijo es autista no verbal, no es violento, y tiene el mismo derecho de aprender”, enfatizó.
Gabriela añade que le dijeron que debía pagar más pensión que el resto de niños porque ese costo cubría el “cuidado especial” que necesitaba su hijo. Pero adicionalmente, la mujer y su familia tendrían que contratar una profesora externa o ‘sombra’, que haga el acompañamiento personalizado.
EL DATO Para conocer los mecanismos del Sistema Nacional de Educación para la atención de las personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, pueden entrar al link https://bit.ly/3QPDET9.
Más testimonios
Pedro tiene un hijo de 6 años y encontrar un lugar para educarlo ha sido un dolor de cabeza, pues el menor padece TEA en grado 2 y Trastorno de Déficit de Atención (TDAH).
“Fui a algunas instituciones educativas, en unas me pidieron valoraciones previas, según ellos para ver el estado de mi hijo, yo ya tengo esos documentos pero no quisieron usarlos porque tengo que pagarles a ellos su propia valoración”, contó.
Pedro, es de escasos recursos económicos y sostuvo que el “pago de la evaluación no era sinónimo de que me daban el cupo, eso era para, con el resultado, ver si recibían o no a mi hijo y esa plata no era reembolsable”, explicó.
El padre de familia aseguró que también le habrían solicitado un pago más alto de pensión y otras condiciones para recibir a su pequeño.
TOME NOTA Desde la Coordinación Zonal 3 se explicó que los afectados pueden acercarse al Distrito Educativo más cercano para denunciar este y otro tipo de irregularidades dentro de las instituciones educativas.
Otras experiencias
Susana explicó que su hijo “está en un centro público que se especializa en chicos con autismo y otras discapacidades, el problema es que en las terapias los mandan a que socialicen y sean incluidos con niños neurotípicos o dichos ‘normales’, pero no los quieren recibir y nos pone trabas”.
Ella aseguró que antes del diagnóstico de autismo de su hijo, “estudiaba en una institución particular y cuando se dieron cuenta de que él tenía un comportamiento distinto, simplemente me pidieron que lo retirara. Ahí empecé a buscar otras unidades educativas y me encontraba con que debía pagar un seguro especial o doblar la pensión por la condición de mi hijo”. (MAG)
TOME NOTA La Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo (Apada) del Ecuador, es una organización sin fines de lucro, puede conocer más de esta entidad a través de este link; https://apadadelecuador.org/
Respuesta del Ministerio de Educación
Desde la Coordinación Zonal 3 de Educación, se explicó que se “promueve la atención a la diversidad facilitando el acceso, permanencia, aprendizaje, participación, promoción y culminación de los estudiantes, en todos los servicios, programas, modalidades, sostenimientos, jornadas y niveles educativos a nivel nacional”.
En el comunicado se agregó que la “comunidad educativa cumplirá y compartirá su responsabilidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos, de acuerdo con la normativa educativa vigente”.
En lo referente al cobro de pensiones y matrículas de las unidades educativas particulares y fiscomisionales, se explicó que “sus valores serán cobrados de acuerdo a su resolución vigente de costos”.
Cuando una unidad educativa particular o fiscomisional requiera incrementar el valor de su pensión y matrícula deberá acogerse al proceso correspondiente que es analizado y autorizado desde el nivel central.
Inclusión e integración
Ivonne Alvarado, miembro de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo (Apada) del Ecuador, aseguró que “no es correcto que se realicen cobros adicionales, eso es una barbaridad”.
Alvarado fue enfática en el hecho de que un niño o niña con autismo, en el sistema educativo, muchas veces es solo integrado, pero no incluido.
La representante explicó que, la integración es permitir el acceso a la educación y asistencia a los centros educativos, pero no el hacer que estos pequeños sean parte de la cotidianidad de sus pares, lo que se conoce como inclusión, al hacerlos parte de un entorno regular.