Hay 108.000 personas refugiadas y migrantes en Pichincha

Migrantes venezolanos llegan a Ecuador por la frontera sur. (Imagen de archivo)

Los migrantes, de Venezuela y Colombia, están mayoritariamente en Pichincha. El 60 % teme por su vida en su país natal.

El 60 % de las personas en movilidad humana que se encuentran en Quito cree que su vida estaría en riesgo si vuelve a su país de origen, según reveló una encuesta difundida este jueves por la oficina en la capital de Ecuador del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La agencia de la ONU concluyó que el estudio, en el que se entrevistaron a 742 familias migrantes o refugiadas procedentes de Venezuela y Colombia, «indica un alto nivel de necesidad de protección internacional en las personas en movilidad humana que residen en Quito».

El 69% de las personas encuestadas en la capital ecuatoriana han solicitado o piensan solicitar asilo en Ecuador, más de la mitad de ellos provenientes de Colombia.

Según la encuesta, el 72 % de las personas entrevistadas tienen como prioridad acceder a necesidades básicas como alimentación, vestimenta y vivienda.

Solo el 4% con empleo formal

El 61% está empleada, pero sólo el 4% tiene un trabajo formal y el 57% depende de trabajos informales para satisfacer sus necesidades.

“La integración oportuna de las personas refugiadas y migrantes es clave para facilitar su protección y que puedan rehacer sus vidas de manera autosuficiente”, dijo el representante del Acnur en Ecuador, Giovanni Bassu.

“El proceso de regularización que está pronto a iniciar será clave para muchas personas que actualmente quedaron por fuera del sistema de protección», dijo Bassu en referencia a la nueva regularización que el Gobierno de Ecuador hará de inmigrantes, especialmente de venezolanos.

Ecuador es hogar de uno de los números más altos de personas reconocidas como refugiadas y el tercer número más grande de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. En Pichincha están casi 108.000 personas refugiadas y migrantes.

Denuncias por discriminación

Asimismo, el estudio reflejó que el 63 % de los encuestados ha sufrido algún tipo de discriminación en su vida diaria, una dinámica que consideran recurrente.

No obstante, el 51 % afirmó tener una relación positiva con su comunidad de acogida y el 87 % de estas personas quiere quedarse en Quito.

La cercanía a servicios e instituciones del Estado, así como la percepción de acceso a mayores oportunidades de empleo, hacen que la ciudad se erija como un destino predilecto para la población en movilidad humana, según señaló el Acnur.

La agencia de la ONU apuntó que esa percepción «pone en relieve la necesidad de generar políticas públicas y programas que incluyan a esta población en el desarrollo de la ciudad».

Acnur indicó que trabaja con sus socios en Ecuador para apoyar a las personas refugiadas y otras en movilidad humana a rehacer sus vidas en el país a través de iniciativas de asistencia, protección y soluciones. Pero a la fecha solo ha recibido el 19 % de los fondos requeridos para responder a esas necesidades. (EFE)

Mujeres trans son discriminadas frecuentemente en Ambato

PROBLEMÁTICA. Las mujeres trans en Ambato, son discriminadas en bares y discotecas.

Las mujeres trans en Ambato aseguran ser víctimas frecuentes de la discriminación en centros de diversión nocturna como bares y discotecas.

Comentan que en estos lugares les prohíben la entrada por cómo se visten y se ven. A muchas de ellas las sacaron cuando ya estaban dentro.

Así lo aseguró Jessica Martínez, vicepresidenta de la Asociación Trans de Tungurahua Nueva Esperanza.

“Son contados los lugares a los que podemos acceder, quizá tres o cuatro y eso, porque yo he ido a hablar con los dueños y a decirles que somos personas tranquilas”, dijo Martínez.

Jessica contó que los propietarios de bares y discotecas, solo las miran y no las dejan entrar, porque en Ambato “aún hay mucha gente de mente cerrada”.

“Yo he pasado a varios lugares y cuando ya estoy adentro alguien se ha dado cuenta que soy una chica trans y me han mandado sacando “, dijo la Vicepresidenta de Nueva Esperanza.

 

TOME NOTA 
El delito de odio está tipificado en el artículo 177 del COIP y se
 sanciona con uno a tres años de prisión. De las denuncias en Ambato 
una por este delito.

 

Casos

Desde el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato (Ccpda) se informó que existen dos denuncias formales de mujeres trans que recibieron discriminación y odio.

El primero sucedió en 2019, una mujer trans fue golpeada en el interior de una discoteca por las personas que cuidaban el espacio y luego fue arrojada a la calle. Los agresores le rompieron los dientes.

 

CIFRA: 
2 CASOS de violencia hacia las mujeres trans se han denunciado en el 
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato.

 

“El tema de la homofobia y la transfobia en nuestra sociedad es fuerte, por lo que nosotros invitamos a la colectividad a que al ver hechos violentos en contra de la población se denuncie”, dijo Kléver Peñaherera, secretario del Ccpda.

El segundo caso fue en 2021, cuando un periodista hizo un video mientras transitaba por el centro de la ciudad, grabando a las mujeres trans que laboran como trabajadoras sexuales.

El periodista se refirió  a ellas en términos ofensivos, asegurando que daban un mal ejemplo a la ciudad. En este caso se inició un proceso penal, porque incurrió en un delito de odio.

 

Lo legal

El artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece que la persona que… “La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

 

“Ninguna persona puede ser rechazada y discriminada por ninguna clase, es un derecho transitar libremente, expresarse y obvio la recreación, al no permitírselo, se está discriminando”, dijo Peñaherrera.

La semana anterior en Ambato, este tema se puso sobre la mesa, después de que la colectiva PachaQueer denunciara públicamente que fueron discriminadas en un bar de Ambato.

Decenas de personas del Ecuador se solidarizaron con La Coca y La MoTa, fundadoras transgénero femeninas de PachaQueer, quienes fueron sacadas del centro de diversión por cómo estaban vestidas.

Este suceso fue un punto de partida para discutir este tema, entre la colectividad, las autoridades y las afectadas.

“En Ambato, se está trabajando en un proyecto de ordenanza de fortalecimiento de los derechos de las personas de diversidad sexo genéricas. Esto nos va a permitir tener más proyectos y programas para trabajar en contra de la violencia”, indicó el Secretario del Ccpda. (APQ)

 

Delito de odio

El artículo 177 del COIP señala: “Los actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

En la ley se añade que “si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años”.

Comunidad trans denuncia discriminación en iglesia de Quito

Una actriz ecuatoriana denunció que sus amigas fueron víctimas de transfobia.

No les permitieron tomarse fotos alegando que sus vestimentas eran disfraces. Colectivos sociales han calificado al hecho como transfobia. 

El 22 de noviembre de 2021, la actriz Gabu Córdova acompañó a dos de sus amigas, que llegaban de Cuenca, para que conocieran la Basílica del Voto Nacional, en Quito.

Cuando se estaban tomando fotos, un encargado de seguridad de la iglesia les dijo que no podían fotografiarse sin un permiso y que debían retirarse. «¿Ese señor tendrá permiso?» «¿Esas chicas tendrán permiso?» cuestionó Córdova, quien subió un video del hecho, en sus redes sociales. La joven notó que únicamente a ella y sus amigas de la comunidad trans les impedían hacerse fotos. 

«Nosotros por la vestimenta dice. O sea esto es transfobia«, reclamó actriz. Mientras el funcionario de la iglesia respondía que solo cumple órdenes.

Además, el hombre identificó en masculino a las dos personas que se identifican como mujeres y calificó como disfraces sus vestimentas. «Si los chicos quieren tomarse fotos disfrazados deben pedir autorización por escrito», habrían sido las palabras del funcionario, según la denuncia en redes.

«Está bien. La gente no cree que la iglesia nos sigue discriminando», agregó una de las afectadas.

Acción popular

La comunidad trans ha mostrado su rechazo ante estas acciones de discriminación, por lo que ha convocado a una ‘fotografiada dominical’ el domingo, 28 de noviembre de 2021, a las afueras de la iglesia. La iglesia no se ha pronunciado. (AVV)

Convocatoria de colectivos contra la discriminación

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Los casos de violencia aumentaron en Cotacachi

Ilustración. En lo que va de 2021, las denuncias de violencia contras las mujeres se duplicaron en comparación a todo 2020.

Una campaña quiere hacerle frente a estos casos, que involucran violencia a la mujer, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

Redacción COTACACHI

Casos de discriminación, xenofobia y toda forma de violencia contra las mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores han aumentado en el último año en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

Ana Ruiz, secretaria de Derechos Humanos de la municipalidad, dijo que la situación es preocupante, ya que incluso cada vez  los casos parecen mucho más delicados. Estas denuncias, en el caso de que se efectúen, porque muchas veces las víctimas callan, son atendidas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos.

Aumento en las denuncias

Para Ruiz, los casos han aumentado debido a que precisamente las víctimas deciden presentar la respectiva denuncia, sin embargo dijo que es preocupante la situación de las mujeres, donde se evidencia violencia física, psicológica, sexual y hasta patrimonial.

Según las estadísticas de la Junta Cantonal, desde el 2019 se receptaron 422 casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, solo en Cotacachi y sus parroquias. Entre ellos se denuncia negligencia, abandono, descuido, malnutrición o falta de escolaridad, además de violencia física en los menores de edad.

De igual manera, las cifras exponen el aumento de denuncias de violencia contra las mujeres, pues en 2019 receptaron 3 acusaciones, pero en el 2020 ya fueron 15 casos, a  estos se suma un femicidio, mientras que de enero a septiembre de 2021 ya se contabilizan más de 35 denuncias de este tipo.

También se evidencian casos de vulneración de derechos, abandono y violencia patrimonial hacia los adultos mayores, los cuales entre 2020 y lo que va de 2021 suman 14.

Según las autoridades locales, el femicidio ocurrido en 2020, en una de las comunidades indígenas de Cotacachi, “marcó un antes y después en el trabajo de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el cantón, quienes enfocaron su trabajo en fortalecer las redes de protección de derechos, para no permitir nuevos hechos de sangre”.

Sin embargo, las denuncias de violencia contra las mujeres aumentaron en 2021.

Brigadas en barrios y comunidades

Como parte de las iniciativas para intentar reducir estos índices, la Secretaría Municipal de Derechos vio la necesidad de contar con vigilancia en las comunidades y barrios, activando a las defensorías comunitarias, donde se involucra a más actores y sectores del cantón.

Esto también forma parte del proceso para construir una ordenanza que organice y articule el funcionamiento del sistema de protección de derechos, con atribuciones y obligaciones claras para todos.

“En contra de todo tipo de violencia y discriminación, la tolerancia y el respeto son los verdaderos valores. Es momento de reflexionar, poner en práctica estos principios y ponerle un alto a la violencia”, comentaron desde la municipalidad.

Una campaña para mostrar la realidad

La preocupante situación de aumento de violencia y discriminación también puso en marcha la campaña denominada ‘Mírate Cotacachi’, donde a través de redes sociales se pretende mostrar la situación de las personas víctimas de estos casos, exponiendo cómo se sienten y cómo les afecta callar lo que están pasando.

“Es muy necesaria la educación dirigida a los jóvenes, a través de redes sociales y medios de comunicación de la provincia. Vamos a transparentar la información sobre los índices de violencia”, informaron desde la municipalidad.

“El proyecto se inició con la implementación de una muestra pictórica, en el parque principal, pero ahora se extiende a las redes sociales para llegar con mensajes relacionados con la discriminación, xenofobía y toda forma de violencia contra la mujer, niñez, adolescencia y adultos mayores”, agregaron.

“La normalización del micromachismo y de cualquier tipo de violencia se muestra como algo natural y justamente esta situación es la que no se debe permitir”. 

Ana Ruiz
Secretaria municipal de Derechos Humanos de Cotacachi

Salim Zaidán: ‘Se ha normalizado el racismo y la xenofobia, que a veces no se piensa que se está discriminando’

ANÁLISIS. Salim Zaidán, abogado y docente universitario, analiza estos temas, que en su mayoría se han proliferado en las redes sociales.

El docente universitario Salim Zaidán reflexiona sobre las prácticas de racismo, discriminación y xenofobia que se dan en el país.

En la última semana, las redes sociales del país se llenaron de comentarios rechazando la postura de un programa de televisión, en donde se ofendía de forma directa al líder indígena de la Conaie, Leonidas Iza. Sin embargo, los comentarios apoyando frases discriminatorias y ofensivas también se evidenciaron en plataformas como Twitter.

Estos hechos dejaron ver, una vez más, posturas racistas y discriminatorias de usuarios de redes sociales. LA HORA analiza este tema con Salim Zaidán, docente universitario y abogado con formación y experiencia en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

¿Se puede entender un hecho como el ocurrido en televisión nacional, como libertad de expresión?

De ninguna manera, me parece que es un ejercicio abusivo de la libertad de expresión. La libertad de expresión, sin duda, ampara no solamente a comunicadores sino a cualquier ciudadano para transmitir información, compartir opinión y tiene un amplio margen de libertad, pero que obviamente debe llevarnos a una conclusión: la libertad de expresión no es un derecho absoluto y por lo tanto tiene límites.

No se puede, a través del ejercicio de la libertad de expresión, incitar al odio. En este caso, no se puede tener expresiones racistas o discriminatorias, porque ese es un límite al que te sometes cuando ejerces la libertad.

¿En qué momento se cruza la línea de informar y hacer periodismo ‘irreverente’, a una ofensa y un atentado a los derechos de las personas y hasta a promover el racismo?

Los estilos en el quehacer periodístico son de lo más variado y deben ser respetados. Sin duda no se puede censurar la transmisión de un programa, la publicación de una revista, pero lo que a veces se olvida es que hay un régimen de responsabilidades ulteriores, que te hace responsable por lo que publicas, por lo que expresas.

No se puede expresar libremente cualquier tipo de ofensa. Más aún cuando la persona a la que se ofende representa a una minoría étnica, porque tiene un tinte racial. Se trasgrede los límites cuando se utilizan adjetivos calificativos más que argumentos.

Ecuador es un país de diversidades, de múltiples sensibilidades y se debe respetar eso cuando se relaciona con el otro. Si se quiere ser recursivo en la actividad periodística se puede recurrir al humor, a la sátira, sin caer en el irrespeto, sin caer en la intolerancia, sin caer en el racismo, sin caer en la xenofobia.

Las redes sociales se han convertido en el sitio donde muchos lanzan odio, ofenden, juzgan y hasta dictaminan sentencias. ¿El mundo de Twitter, en este caso, es un reflejo de lo que es la sociedad ecuatoriana?

Definitivamente. Es la red social en la que más hostilidad se observa y eso es preocupante porque es el lugar de enfrentamientos. En lugar de ser el intercambio de opiniones y de información se ha convertido en el campo de batalla de las redes sociales y yo creo que por eso mismo es importante que, a pesar de que no es una red social que tenga un número significativo de usuarios con respecto al universo de la población, cuidemos mucho las formas, nos expresemos con libertad, pero tratando de argumentar antes que atacar. Y si es que se quiere atacar, que se ataquen las ideas y no a las personas.

Esta vez fue a un líder indígena, pero se ha atacado también al migrante de cualquier nacionalidad, al que políticamente piensa distinto, al que opta por una tendencia sexual diferente ¿Somos una sociedad discriminatoria y racista?

Totalmente. Yo recuerdo que Enrique Ayala Mora nos dice que nuestro país se ha caracterizado por ser un país de diversidades, pero en donde la convivencia entre varios grupos sociales ha sido muy compleja de lograr. En un espacio pequeño, dice él, hay una eclosión de diversidad geográfica, étnica, religiosa, social, cultural y nos ha costado mucho asegurar esa convivencia pacífica.

Nuestra historia ha sido una historia de discriminación racial, de género, discriminación por pensar diferente también; no logramos ser tolerantes con quien predica otro tipo de creencias, tiene otro tipo de condiciones religiosas, tenemos una libertad religiosa reconocida en la construcción, en el papel, pero ya en la práctica ves mucha intolerancia. Tenemos una sociedad machista, que tampoco ha sido incluyente con las comunidades indígenas.

Para tratar de entender el Ecuador tenemos que recordar que nacimos con regionalismo, sin poder sobrellevar esas diferencias y el error es que buscamos la unidad racial para unificar el país.

¿Por qué cuesta mantener el respeto y la tolerancia hacia el otro?

Yo creo que es por el afán de clasificar a las poblaciones dentro de jerarquías esencialistas, eso produce la noción de grupos humanos marcados por diferencias físicas y culturales.

La otra son los programas de entretenimiento, que muchas veces recurren al humor fácil. Es utilizar a un gay, a una lesbiana, para hacer mofa de algo que tiene que ser respetado como es la orientación sexual. No puedes utilizar la orientación sexual como un instrumento de mofa. Eso es denigrar a alguien que tienes que respetar.

Creo que es fundamental comenzar en la familia, luego en el sistema educativo. Y vas a ver que los comportamientos y patrones de conducta van a cambiar en el ámbito laboral, en el ámbito social y vamos a superar ya esas barreras que no nos permiten relacionarnos en un ambiente de respeto y tolerancia, que es ideal.

¿De dónde debería venir el proceso de cambio para terminar con la discriminación y tener una sociedad con mayor respeto, que no normalice prácticas como el racismo?

Yo creo que ahí tiene que trabajar conjuntamente el Estado y la sociedad, creo que puede liderar este proceso una autoridad pública, pero esta autoridad va a ver legitimada su decisión, su legislación, su política pública, siempre y cuando socialice primero los contenidos de esas leyes, de esas políticas públicas. Esa es la mejor manera de que se legitime el accionar del servicio público.

Entonces lo primero que se necesita es que la autoridad pública lidere un proceso de socialización, tomando en cuenta a representantes de todos los sectores, que se conformen mesas al interior de los consejos de igualdad, que existen ya varios años y resulta que no han dado los resultados esperados, abrir mesas de discusión, escuchar a los jóvenes, a los indígenas, a los afrodescendientes, para saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades y tratar de identificar temas de encuentro, de convergencia.

Ecuador es un país de diversidades, de múltiples sensibilidades y se debe respetar eso cuando se relaciona con el otro”.

“Muchas veces el humor fácil es racista, xenófobo, machista y esas prácticas se tienen que cambiar”.

“Los malos comportamientos normalizados son bien peligrosos y se aprenden desde la casa, después también en la escuela”.

65% de los ecuatorianos admite que en el país existe racismo, según la encuesta nacional “Las percepciones de racismo y discriminación en el Ecuador”, de 2004.

Lasso firma decreto para frenar violencia contra GLBTI–Q

Los grupos GLBTI-Q piden que se asigne presupuesto a la lucha contra la discriminación.

El Decreto Ejecutivo establece la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación por orientación sexual y diversidad sexogenéricas.

Seis meses tendrá la Secretaría de Derechos Humanos para ajustar su estructura orgánica con el fin de luchar contra todas las formas de violencia y discriminación por orientación sexual y/o diversidad sexo – genéricas. Así lo dispuso este 7 de julio de 2021, el presidente Guillermo Lasso mediante el Decreto Ejecutivo N°93.

El documento de tres hojas señala que «nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género». Por lo tanto, el Estado ecuatoriano generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento.

Esta ampliación de competencias no generará un impacto en el presupuesto del Estado, debido a que la Secretaría de Derechos Humanos empleará únicamente su presupuesto general ya asignado, precisa el Decreto.

Para Efraín Soria, representante de la Fundación Equidad, la emisión de este decreto es un acto acertado del Presidente en relación a la protección de las personas GLBTI –Q. «Ya no son solo declaraciones, sino que se delega a una institución esa responsabilidad – dice Soria-. Sin embargo, nos llama la atención que esta medida no afecte el presupuesto».

El defensor de derechos humanos explica que la creación de políticas públicas necesita una partida presupuestaria, porque si no tienen recursos económicos «son un saludo a la bandera».

Soria hace un llamado para que la construcción de políticas públicas se haga con la participación de la sociedad civil, pero alerta que antes es necesario realizar un censo sobre la situación de actual de las personas GLBTI–Q. El último informe es de 2013.  (MC)

Gobierno ecuatoriano crea la Subsecretaría de Diversidades

Foto del Colectivo Silueta X de un evento de celebración del Mes del Orgullo Gay 2021.

La nueva entidad tendrá como objetivo principal combatir la discriminación por orientación sexual y combatir las clínicas de deshomosexualización.

El Gobierno ecuatoriano inauguró este 28 de junio de 2021, con motivo del Día del Orgullo LGTBI, una Subsecretaría de Diversidades. El Ejecutivo considera a la institución un hito en el país y nace con el cometido de combatir la discriminación y las clínicas de deshomosexualización.

«Hoy Ecuador marca un hito histórico en el que se une a los 62 países en el mundo en construir una política pública con leyes de protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual«, manifestó la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, en el acto inaugural.

La funcionaria añadió que la creación de la Subsecretaría ha sido un derecho durante años «olvidado», y que «las leyes y la normativa no son suficientes» para garantizar la no discriminación y violencia que sufren estas poblaciones.

«Es necesario que sean complementados con esfuerzos para cambiar las actitudes sociales desde una lógica participativa, incluyente y respetuosa», defendió.

Entre las principales estrategias de la recién creada institución del Estado, el subsecretario de Diversidades, Felipe Ochoa, resaltó que se impulsará la implementación de mesas interinstitucionales de trabajo permanentes, «para la clausura de las clínicas de terapia para intentar modificar la orientación sexual o de género».

Lamentó que en este tipo de centros, popularmente conocidos como «clínicas de deshomosexualización«, «se ejercen prácticas que vulneran los derechos de las personas LGBTIQ+».

Se trata de una realidad solapada en Ecuador, pese a las denuncias de ONG y organismos internacionales por la total impunidad sobre la materia.

Miembros del colectivo LGBTI sufren vejaciones en estas clínicas, a donde son enviados por parte de sus propios familiares, y sus responsables los recluyen bajo el pretexto de que sufren algún tipo de trastorno o problema de adicción.

Torturas físicas y psicológicas, humillaciones, mala alimentación, privación de sueño, descargas eléctricas y «violaciones correctivas», son prácticas llevadas a cabo en estas clínicas repartidas por todo el territorio nacional, donde internan a la fuerza a los jóvenes para corregir su orientación sexual, según las denuncias.

El Comité contra la Tortura de la ONU ha expresado su preocupación sobre estos centros, que ahora desde la Subsecretaría de Diversidades se buscará erradicar.

El fundador de la Red Universitaria LGTBI, Ricardo Chica, aplaudió la iniciativa promovida por el Ejecutivo de Guillermo Lasso, que dijo, ha demostrado su «voluntad política de manera clara y real».

El propio mandatario apareció en un vídeo en el que reiteró su compromiso de «erradicar todas las formas de violencia y discriminación«, un proceso que adelantó, «será colectivo». EFE