Quienes se sientan afectados por estas extralimitaciones pueden pedir una acción extraordinaria de protección. Expertos señalan que la justicia indígena no puede atentar contra el derecho a la vida y la propiedad de quienes están siendo juzgados.
En octubre de 2023 salió a la luz el caso de una estafa masiva en Santiago de Píllaro, por más de 500 mil dólares, en el que varios comuneros de San Andrés habrían entregado dineros para ampliar la ruta, así como hacer el cambio de las camionetas de la cooperativa de transporte que funciona en el lugar.
Antecedentes
En una marcha realizada a la Gobernación de Tungurahua, uno de los comuneros que prefirió mantener su nombre en reserva, señaló que el problema habría empezado en 2020, cuando iniciaron la entrega del dinero para la ejecución de los supuestos trámites ante la Agencia Nacional de Transporte (ANT).
Los perjudicados cuentan con documentos de depósitos, órdenes de cobro supuestamente emitidas desde la ANT, con los que les justificaban los trámites que estaban realizando.
Al ver que las cosas no seguían su curso, el nuevo gerente de la cooperativa de camionetas averiguó del porqué de la demora en la adquisición de los nuevos vehículos y la habilitación de las rutas, de tal forma que hicieron las averiguaciones ante la entidad competente y les respondieron que no existía trámite alguno como el señalado, mucho menos se gestionaba la adquisición de los automotores.
Ese dinero no lo dimos por aceptar ningún tipo de culpa, porque nosotros demostramos con papeles y pruebas que no estuvimos involucrados en ningún tipo de estafa, pero era eso o seguir encerrado y quién sabe a qué más podríamos exponernos”.
Santiago S.
Retenido por supuesta estafa
Justicia indígena
Al saberse perjudicados, los comuneros iniciaron las averiguaciones pertinentes ante los implicados en el caso de estafa, Silvana G., el exgerente de la Cooperativa de Transporte y Santiago S.
Con la finalidad de que les devuelvan el dinero invertido, cerca de medio millón de dólares, los comuneros se reunieron en diversas asambleas con los antes señalados para lograr que les devuelvan la plata.
En este proceso retuvieron a Silvana, la esposa del exgerente, el padre de Santiago y a Santiago, para conseguir obtener nuevamente el dinero invertido.
En asamblea general se decidió que la deuda se divida para los tres implicados y estos serían liberados una vez entreguen los montos señalados para cada uno.
Luego de más de 18 días retenida Silvana escapó de los comuneros, pero la suerte no fue la misma para el padre de Santiago.
TOME NOTA A 530 mil dólares ascendería la estafa hecha a los comuneros de San Andrés de Píllaro.
Días de angustia
Luego de una reunión intercultural realizada entre los comuneros afectados, a eso de las 23:00 del 14 de diciembre, decidieron ir hasta Huachi Grande en Ambato a la casa de Santiago y entre alrededor de 70 comuneros se llevaron al padre del señalado, quien es adulto mayor y en ese momento estaba contagiado con covid.
No contentos con eso, intentaron llevarse a su madre también, quien todavía con angustia recordó que ese momento con palos y gritos “entraron por los muros, nos cortaron la luz, el internet, golpearon a mi nieto y a mi hija”.
Desde ese día el hombre estuvo 22 días retenido en condiciones no aptas para el cuidado de un adulto mayor enfermo. Pero no solo él vivía en medio de zozobra de lo que pueda pasar, pues en Ambato sus familiares recibían constantes llamadas y mensajes que aseguraban que si no entregaban inmediatamente el dinero le aplicarían justicia indígena, baño en agua fría y purificación, al hombre enfermo.
Santiago cuenta que entre las amenazas hechas por los captores de su padre era que “lo vamos a llevar a una comunidad en Cotopaxi y ahí si no encuentran a su papá, así fue todos los santos días”.
Además, les decían que si querían que liberen a su papá tenían que entregar el dinero que le tocaba y “primero dijeron que con 50 mil dólares se arreglaban las cosas y entregamos esa cantidad”.
EL DATO Son alrededor de 50 personas las que habrían sido víctimas de las estafas.
Ya con esa promesa, el 4 de enero de 2024 Santiago llegó a la comunidad donde tenían retenido a su papá y los afectados señalaron que si no era el total que le tocaba y se había decidido en asamblea no podían liberar al adulto mayor, por lo que “prácticamente se hizo un intercambio y dejaron a mi papá, pero me retuvieron a mí”.
Luego de siete días de angustia por no saber qué mismo pasaría y en los que su madre tuvo que hacer “malabares” para conseguir el dinero para la comuna, Santiago salió el 11 de enero luego de completar la entrega de 140 mil dólares.
“Ese dinero no lo dimos por aceptar ningún tipo de culpa, porque nosotros demostramos con papeles y pruebas que no estuvimos involucrados en ningún tipo de estafa, pero era eso o seguir encerrado y quién sabe a qué más podríamos exponernos”, enfatizó Santiago.
Añadió que al momento de entregar el dinero le dijeron que 120 mil dólares era por la presunta estafa y 20 mil dólares para que los cabildos tengan como defenderse en caso de que tomemos represalias en contra de alguno de ellos.
Santiago comentó que aunque su madre puso una denuncia por el secuestro extorsivo de su padre, para liberarlo le pidieron que la retire, pues ellos solamente habían actuado conforme a su cosmovisión.
Finalmente dijo que había decidido contar su verdad porque él jamás tuvo nada que ver con la estafa y eso se lo demostró hasta la saciedad con documentos y todo a los comuneros, pero que en ellos “no prima el interés por la justicia o la vida de las personas, sino solamente el dinero”. (DLH)
TOME NOTA Según los retenidos entre los afectados por la estafa de Silvana G. se encontrarían exmilitares y expolicías.
Límites de la justicia indígena
El docente universitario y abogado en libre ejercicio en materia constitucional Juan Francisco Guerrero explicó que la justicia indígena está claramente reconocida en la Constitución y debe aplicarse en función de las tradiciones y costumbres de cada pueblo o comunidad, siempre y cuando ocurran en su territorio y no pueden solucionarse problemas que se den fuera de su territorio, aun cuando las personas fueran indígenas.
“También la Corte Constitucional nos ha dicho que la justicia indígena puede juzgar inclusive cierto tipo de delitos de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, pero no puede juzgar delitos en los que se discuta la vida o la integridad física de las personas”, mencionó el especialista.
Guerreo dijo que no existe una sola respuesta de cómo debe impartirse esta justicia, pues de acuerdo a la Corte Constitucional y la Constitución debe hacerse de acuerdo a las tradiciones y costumbres de los pueblos, pero no puede juzgar delitos en los que se discuta la vida o la integridad de las personas, pues eso solo le corresponde a la justicia ordinaria.
Frente a lo ocurrido en Píllaro mencionó que esto es un exceso y “obviamente contra las decisiones de esa naturaleza de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se puede pedir una acción extraordinaria de protección”.
Resalta que la Corte Constitucional expresamente tiene competencia para intervenir en estos de casos en los que se habría incurrido en algún tipo de exceso.
Finalmente, sobre la petición de dinero para posibles procesos judiciales por los fallos dados mediante la justicia indígena, Guerrero afirmó que esto no es legal porque ellos solamente pueden imponer sanciones que van conforme a sus tradiciones y el querer tener dinero para una futura defensa no tiene que ver de ninguna manera con una tradición o visión ancestral, por lo que “claramente ahí habría una extralimitación y estarían atentando contra la propiedad de las personas”.