Han pasado siete meses desde que el agua de la vertiente Santa Rosa fue contaminada el 21 de junio de 2022, noveno día de la paralización indígena, cuando un grupo de manifestantes habría accedido a la fuente ubicada en San Luis de Tilulum en la que depositaron aceite quemado.
Esto alarmó a las autoridades del cantón. Javier Altamirano alcalde de Ambato determinó el hecho como un “acto terrorista”, pues la contaminación afectó a varias zonas de la ciudad, a las que hubo que privar del servicio en lo que se limpiaba el daño generado.
Proceso judicial
En aquel entonces la denuncia fue interpuesta por el alcalde de Ambato, “se han dado los testimonios y todas las facilidades a Fiscalía, es decir se ha cumplido con todo lo solicitado”, aseguró Miguel Cabrera director de Comunicación de la Municipalidad.
En manos de las autoridades reposa el proceso judicial del que, al paso de las indagaciones y peritajes, no se han determinado responsables de este atentado a la salud pública que se generó en ese instante, a pretexto de las movilizaciones indígenas.
“Hay que tomar en cuenta que desde Fiscalía no se han dado más detalles del proceso, por cuanto se encuentra todavía en etapa de investigación, nosotros hemos insistido en la celeridad del caso, pero no se nos facilita mayor información por la etapa judicial que atraviesa”, insistió el funcionario.
Cabrera hizo énfasis en el hecho de que en medio de la etapa procesal que se lleva, “no hay responsables hasta la fecha, hemos estado pendientes impulsado el proceso todos estos meses, nosotros hemos creído que se trató de un sabotaje al paro o a la administración, por eso estamos atentos a todo sobre el tema”, dijo el vocero.
CIFRA 7 MESES Han pasado desde que el hecho se registró en el marco de las manifestaciones de junio de 2022 y sigue sin resolverse.
Ciudadanía no olvida
“Fue deplorable en todas sus formas, fue un ataque directo a nosotros como ciudadanos, no sé a quién pensaron perjudicar realmente, pero al final casi nos envenenan al mismo pueblo, eso es inolvidable e imperdonable”, aseguró Mauro Caluña, morador de la ciudadela Letamendi, sur de Ambato.
Como Mauro, otras personas reaccionaron ante el recuerdo de aquellos días en los que la economía y la estabilidad del país se vieron comprometidas, por lo que este hecho. La toma de las vías, la falta de gas de uso doméstico, el encarecimiento de los productos de primera necesidad, además, de la toma de inmuebles públicos y la de una central subestación eléctrica de Tisaleo, siguen dentro de la colectividad que espera que se castigue a quienes atentaron contra la salud de los ambateños.
“Lo que sucedió durante esos días es algo que no será olvidado, el reclamo del pueblo indígena rebasó los límites, la contaminación del agua fue parte de eso”, aseguró Hernán Villacís, morador de la avenida Bolivariana. (MAG)
EL DATO La investigación está vigente, más todavía se encuentra en etapa de indagación.
Opinión de un experto
Antonio Muenala, sociólogo, aseguró que este hecho como muchos otros relacionados al paro nacional efectuado en junio de 2022, “dejó secuelas sociales graves, la relación país con el sector indígena se vio seriamente fracturada sobre todo por las repercusiones económicas que esto acarreó”, dijo el especialista.
Muenala sostuvo que este tipo de situaciones se tornan “inolvidables, este tipo de hechos son de los que difícilmente la mente del ciudadano pasa por alto, y cobra facturas altas a posterior en cuanto a la confianza y relación con el sector indígena como tal”.