De las 436 dependencias judiciales, el 28% de ellas están en “estado crítico”
El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, evaluó la situación actual de la Función Judicial que enfrenta, dijo, una serie de problemas e inconvenientes que impiden prestar un servicio eficiente a la ciudadanía.
Lo dijo, el viernes 5 de mayo de 2023, durante la presentación de rendición de cuentas de la gestión institucional 2022.
Señaló que, si bien existen 436 dependencias judiciales a escala nacional en funcionamiento, el 28% de ellas se encuentra en “estado crítico” pues no cuentan con los jueces necesarios para despachar los altos volúmenes de carga procesal.
Hay unidades judiciales que tienen una carga procesal que supera el 150% de su capacidad y como consecuencia, en el país existen 777.730 causas represadas.
Aunque en 2022 se nombró 78 jueces, esta cifra resulta insuficiente si se toma en cuenta que, en 2017, se contaba con un indicador de 11,58 jueces por cada 100.000 habitantes, pero para 2023 la cifra se ubica en 10,54. Actualmente, la Función Judicial tiene una brecha de 692 jueces.
En cuanto a infraestructura, Terán reseñó que, del total de las unidades judiciales propias, el 93% está en mal estado y apenas el 7% se encuentra en condiciones adecuadas. Explicó que existe un déficit presupuestario de $16 millones necesarios para repotenciar esas edificaciones
Según señaló, el Consejo de la Judicatura requiere llenar las 1648 partidas vacantes desfinanciadas del personal administrativo y jurisdiccional, para lo cual se necesitan $.21 millones.
Para el pago de jubilaciones de 598 servidores judiciales, se necesita un valor referencial de $ 30.8 millones, y para evaluar a los servidores judiciales, de acuerdo a lo que determina la ley, se requieren $1.9 millones.
La participación del Consejo de la Judicatura en el Presupuesto General del Estado en el año 2023 es del 1.11%, cifra menor a la registrada en 2013 que fue de 1,53%, explicó.
Sin entrar en más detalles, afirmó que las necesidades adicionales de la Judicatura que no están financiadas con el presupuesto asignado ascienden a $47 millones de dólares.
SERVIDORES JUDICIALES DESTITUIDOS
En el ámbito disciplinario siguiendo el debido proceso y el derecho a la defensa, en 2022, se destituyó a 77 servidores judiciales, entre ellos, 29 jueces, seis fiscales y dos notarios. Adicionalmente, 231 funcionarios recibieron otro tipo de sanciones como multas, suspensión del cargo, amonestación escrita, entre otros. En los últimos dos meses fueron separados 24 jueces de la Función Judicial. (SC)
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