Wilman Terán pide a la CIDH ser recibido para exponer el “grave problema que atraviesa la Función Judicial”

AUTORIDAD. Wilman Terán asistió este miércoles a la audiencia pública en el Complejo Judicial Norte de Quito, para pedir recursos.
AUTORIDAD. Wilman Terán asistió este miércoles a la audiencia pública en el Complejo Judicial Norte de Quito, para pedir recursos.

El 3 de abril de 2023, el presidente de la Judicatura interpuso una acción de protección en contra del jefe de Estado, el ministro de Finanzas y la Procuraduría General del Estado.

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, quien interpuso una acción de protección en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, para exigirle la entrega de más de $265’650.998 para solventar las necesidades del sector jurisdiccional, plantea llevar su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Poco después de que el titular de la Judicatura asistió a la reinstalación de audiencia constitucional pública donde Cecilia Pareja, jueza de la Unidad de la Familia de Pichincha volvió a escuchar los alegatos de las partes, Terán anunció que envió un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ser recibido.

“Por el grave problema que atraviesa la Función Judicial, el mal uso de las redes sociales y la continua campaña de la Función Ejecutiva para desacreditar a la Función Judicial, he pedido ser recibido por la CIDH”, anunció.

De la misma forma, solicitó que una delegación de ese organismo venga a constatar esta problemática ecuatoriana. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades del Gobierno aún no se pronunciaban al respecto.

Evacuación de las pruebas

En la evacuación de la prueba, desarrollada este 19 de abril de 2023 en el Complejo Judicial Norte de Quito, Verónica Jaramillo, directora nacional financiera del Ministerio de Economía, detalló las asignaciones presupuestarias realizadas de 2013 a 2023. En 2013 se asignaron $76 millones a la Judicatura, y entre 2020 y 2023, la Judicatura solicitó 424 millones y se le asignaron alrededor de $348 millones.

En su derecho a la réplica, Terán, cuestionó a Jaramillo sobre los montos asignados, pero las respuestas de la funcionaria fueron negativas.

Según las respuestas que daba Jaramillo a Terán, de los $76 millones, no se incluyeron los $13 millones que debe pagar el CJ por sentencias, tampoco consta una monto de $4 millones para el pago de jubilados,  ni $20 millones para cancelar a jubilados no prioritarios, ni $21 millones que adeuda el CJ para llenar vacantes.

En esos $76 millones tampoco se consideraron $600 millones para el concurso de conjueces, ni $61 millones para juzgados vacantes, ni una partida de 4 millones que se adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Tampoco están contemplados los  rubros de homologación que adeuda el CJ.

Olga Nuñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, no desconoció los pedidos de la Judicatura, pero habló de la capacidad del Estado para mantener la sostenibilidad fiscal. “Esto me impide, en muchos de los casos, atender con la celeridad que las instituciones quisieran”, señaló.

Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, volvió a señalar que la falta de recursos ha llevado a que 19.000 juicios no puedan avanzar por falta de citaciones, y reclamó que llama la atención que en varias unidades judiciales provinciales los jueces se vean obligados a solicitar a las partes procesales hojas para imprimir las providencias. (SC)

Los pedidos de los jubilados

Los representantes de los jubilados también cuestionaron la falta de atención por recursos a los pedidos para financiar un proyecto de jubilación en 2020 y 2022, que formaban parte de dos planes de desarrollo y desvinculación “¿Por qué no aprobaron los pedidos y se esperaban dictámenes del Ministerio de Finanzas, sabiendo que entre los jubilados había un grupo de 93 catastróficos y discapacitados?”, cuestionaron. Por concepto de jubilados se requiere un pago de 5 millones, aunque este es un rubro que se incrementa cada año.

Sobre este requerimiento, la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) presentó un proyecto para desvinculación de jubilados con un monto aproximado de $9 millones.

Con los recursos que pide la Judicatura al Gobierno se busca pagar más de $30 millones de jubilación patronal, $13,2 millones por reintegros y reparaciones, y $16 millones para mantenimiento, repotenciación de estructura física, entre otros.