País

En los últimos 28 meses, el país ha tenido 11 viceministros de minas

febrero 23, 2023

El sector minero vive una paradoja. Por un lado, se exportaron casi $2.800 millones. Por otro lado, los problemas de gestión, la corrupción, la amenaza creciente de la minería ilegal, entre otros, hacen que las inversiones y el desarrollo estén en peligro.

Desde octubre de 2022, es decir en los últimos 28 meses, el país ha tenido 11 viceministros de minas. El último capítulo de la inestabilidad en ese cargo es la reciente renuncia de Álvaro Ordóñez, quien estuvo en funciones un poco más de dos meses (desde el 7 de diciembre de 2022.

Antes de Ordóñez, ese viceministerio estuvo un mes y medio sin titular en medio de la creciente incertidumbre sobre la expansión de la minería ilegal, los escándalos de corrupción,  las deficiencias de control y los trámites represados para los concesión de licencias y permisos.

A través de su cuenta de Twitter, el ex viceministro de minas, Fernando Benalcázar, dijo lo siguiente: «Qué triste ver el sector minero de tumbo en tumbo. 11 Viceministros de Minas han sido nombrados desde Octubre 6, 2020. Ecuador y el sector requiere estabilidad, un profesional con garra e interés por el crecimiento de la minería con responsabilidad y no más aves de paso»

Según la última información oficial disponible, Juan José Espinoza fue designado como el nuevo viceministro de minas encargado. Pero no se precisa cuánto tiempo durará este encargo y cuándo se hará un nombramiento definitivo.

Los problemas estructurales del sector no se ha solucionado, a pesar de que el decreto 151 fue recibido con altas expectativas por los actores de un sector que todavía está en sus primeras etapas en Ecuador.

La gran paradoja es que, con solo dos minas a gran escala y una pujante pequeña producción, la minería generó exportaciones por casi $2.800 millones y pago de impuestos por más de $600 millones en 2022.

Sin embargo, las denuncias sobre la proliferación de focos de minería ilegal son constantes, la oposición política y social es creciente y los acuerdos, dentro de las mesas de diálogo con el movimiento indígena, no tienen una clara ruta de ejecución.

El potencial del sector se desperdicia mientras el catastro minero sigue cerrado y no se sabe cuándo se concretará la ley para la consulta previa libre e informada.

Además, a pesar de que hace casi un mes el Gobierno de Guillermo Lasso declaró a la minería ilegal como una amenaza para el Estado, hasta el momento no se emite el decreto que concreta ese declaratoria.

Mientras tanto, se multiplican las noticias de ataques y amedrentamientos a los proyectos y campamentos de concesiones legales. (JS)