El caso de Naomi Arcentales no es el único con inconsistencias y sin resolver. Los supuestos suicidios colectivos en cárceles son otro ejemplo.
Dos semanas han pasado desde que Naomi Arcentales fue encontrada muerta, en un departamento en Manta. A pocas horas del levantamiento del cuerpo se determinó su muerte como un suicidio. “Una completa irresponsabilidad”dice Geraldine Guerra, directora de la Red de Casas de Acogida de Ecuador.
Guerra dice que existe desconocimiento de quienes llegan a una escena de crimen sobre el Protocolo Nacional para Investigar Femicidios y otras Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, que la Fiscalía General del Estado (FGE) lanzó el 24 de noviembre de 2021.
“En este protocolo está clarísimo lo que se debe hacer. Que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada descartando el femicidio. Es decir, debe ser primero ser investigada como femicidio para luego descartarlo”, detalla la experta, que es parte de la fundación Aldea, que recaba datos sobre feminicidios en Ecuador.
Revictimización y falta de conocimiento
“¿Por qué tan rápidamente se genera un parte que dice que es suicidio, sin tomar en cuenta otros indicios?”, cuestiona la abogada Carla Ortiz y destaca que esto pone trabas al proceso legal ya que los presuntos vinculados “tienen más tiempo para escapar, mientras se les formula cargos”. La abogada y activista hace énfasis en que a la pareja de Arcentales no está formalmente vinculado, por tanto, no tiene medidas cautelares mientras la investigación avanza.
Guerra dice que medicina legal debe empezar a investigar con una perspectiva de género basándose en los lineamientos del protocolo. “Esto es una triple revictimización de la familia, porque no solo muere su hija, sino que debe exhumarse el cuerpo (…) la reparación integral a la familia empieza en ese momento, cuando se recaba indicios”, agrega y recuerda el caso de Lisbeth Baquerizo cuya pareja huyó tras hacer pasar su muerte como un accidente. Luis Hermida, esposo de Baquerizo, hoy está prófugo de la justicia y con orden de captura de la Interpol tras comprobarse que fue asesinada.
Otro problema, concuerdan las expertas, es que la Policía Nacional no cuenta con un sistema ágil de verificación de historial, al momento de encontrar mujeres que han muerto de manera violenta. “Los agentes de la Dinased no tienen acceso a una base de datos que, en ese momento, indique si la víctima tenía denuncias por violencia. Como cuando te ven la licencia del carro, ahí meten tu cédula y ven todo tu historial; para eso sí ha habido inversión”, critica Guerra.
Subregistro e impunidad
Guerra destaca que durante el confinamiento, en 2020, también hubo muertes de mujeres por suicidio y que, en muchos casos, deberían reabrirse las investigaciones porque “con el pretexto de que no había personal no se identificaron”.
En ese año, según datos del Ministerio de Salud hubo 1.071 las muertes por suicidio, un 70% cometidos por hombres. Sin embargo, en septiembre de 2021, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública, José Ruales, detalló que «en Ecuador existe un alto subregistro de alrededor de 17,4 % de los suicidios que pueden no registrarse o registrarse de manera equivocada».
Pero el caso de Arcentales no es el único supuesto suicidio donde, como ha descrito el abogado de la familia, Luigi García, hay “inconsistencias”.
‘Suicidios’ colectivos en la cárcel
El 14 de octubre de 2021 cuatro presos fueron hallados colgados con sogas y prendas de vestir, en la penitenciaría del Litoral, en Guayas.
El 22 del mismo mes, en la misma cárcel, en la zona de visitas íntimas fueron hallados otros siete presos más, también colgados.
El Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) calificó los dos hechos como presuntos suicidios simultáneos. Sin embargo, la Fiscalía anunció que abrió una investigación previa para averiguar las circunstancias en las que ocurrieron esas 11 muertes.
Otro caso ocurrió en mayo de 2021. Cuando se calificó de presunto suicidio a la muerte del exsecretario de la Presidencia de la República José Agusto Briones, quien falleció en el interior de la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito.
Hasta el momento no hay respuesta sobre sí efectivamente estos casos responden a suicidios.
Ortiz destaca que el no tener investigaciones céleres deja abierta la puerta de la impunidad. Por ejemplo, en el tema carcelario, solo en 2021, en las cárceles ecuatorianas se deben investigar más de 300 muertes, incluidos los suicidios. En ningún caso se ha determinado responsables directos.
Además existen antecedentes. En febrero de 2020, en la Cárcel de Turi, en Cuenca, seis presos fueron hallados colgados en sus celdas. Aunque no había signos de violencia o tortura 10 días después, la autopsia realizada por Medicina Legal reveló que no fue suicidio sino asesinato, aunque no se determinaron culpables. (AVV)
“Toda muerte violenta de una mujer debe ser considerada primero como femicidio y luego descartar. No al revés”, Geraldine Guerra, directora de la Red de Casas de Acogida de Ecuador.
“Cómo es posible que la Policía llegue al caso y no tenga acceso para ver que la víctima tenía denuncias por violencia de género”, Geraldine Guerra, directora de la Red de Casas de Acogida de Ecuador.