La recusación (un recurso legal que busca apartar a un juez de un proceso cuando una parte considera que su imparcialidad se encuentra en duda), se ha vuelto una práctica común.
Al déficit en el número de jueces que estaría provocando un represamiento en la resolución de las causas, se suma una “manipulación” de los procesos cuando, en ocasiones, las defensas técnicas de los sospechosos generan una serie de incidentes que llevan a que las investigaciones se dilaten.
Esta preocupación fue expuesta por el abogado Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, y secretario de la Federación Nacional de Abogados (Fenade).
Por ejemplo, la recusación (un recurso legal que busca apartar a un juez de un proceso cuando una parte considera que su imparcialidad se encuentra en duda) se ha vuelto una práctica común.
La estrategia de solicitar, deliberadamente, diferimientos de audiencia para que se garantice el derecho a la defensa, también confluye a que en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se acumule la carga procesal y no se despache con celeridad como dispone la norma procesal, dijo el profesional del derecho.
En las últimas semanas, en la CNJ varios casos han debido ser despachados por conjueces. Es el caso, por ejemplo, del proceso que se sigue en contra de Lenin Moreno, expresidente de la República y sospechoso en la trama de presunta corrupción Sinohydro. El caso fue conocido por los conjueces Mauricio Espinoza, y Liz Barrera.
Esta realidad también le lleva a Ciro Guzmán a hablar de la “urgencia” de que el Consejo de la Judicatura (CJ) acelere el concurso para la designación de los siete jueces de la Corte.
Estos son algunos de los casos que están pendientes por resolver en la Corte Nacional de Justicia. (SC)
Revisión caso Sobornos
Desde los primeros días de octubre, en un Tribunal de Revisión de la Corte se tramitan dos recursos extraordinarios de revisión para dejar insubsistente la sentencia ‘Sobornos 2012-2016”. Uno de ellos lo interpuso Ramiro Galarza, representante de la empresa Consermin, sentenciado a ocho años de prisión; y el segundo; Alberto Hidalgo, de la constructora Hidalgo & Hidalgo, condenado a 2 años y 8 meses como cómplice.
Por la revuelta policial.
Antes del mes de agosto, en la CNJ se realizó una audiencia de revisión del primer caso que se abrió por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Al inicio tuvo cerca de 90 implicados y 8 sentenciados. Uno de ellos, el teniente Andrés S., que pidió al tribunal que sea declarado inocente. Presentó prueba nueva entre peritos y testigos que alegaron que no se produjo ningún intento de derrocar al régimen de la época. Aún se espera una resolución.
Juicio a vocales
En septiembre, un juez de la Sala Penal de la CNJ llamó a juicio a Juan José Morillo y Ruth Barreno, exvocales del Consejo de la Judicatura y a Vladimir Jhayya, exjuez de la Corte de Pichincha, por el presunto delito de tráfico de influencias. Los dos primeros en calidad de coautores de la presunta infracción, y el tercer sospechoso como cómplice. De ser hallados culpables podrían enfrentar una pena privativa de libertad de tres a cinco años, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal.
Independencia judicial
Luis Rivera, juez de la CNJ acogió, el 20 de octubre de 2023, el pedido de las defensas técnicas de varios sospechosos en el presunto delito de obstrucción a la justicia, y difirió la audiencia para garantizar el derecho a la defensa. El magistrado aún no anuncia fecha para la reinstalación. En la diligencia estaba previsto que la Fiscalía formule cargos por la presunta infracción de obstrucción a la justicia en contra de Wilman Terán, y otros siete funcionarios del organismo.
Sobreseimiento caso Dhruv
El 23 de octubre de 2023, la Fiscalía planteó una acción extraordinaria de protección para que se revisen las acciones de las autoridades judiciales que “vulneran derechos constitucionales”. Esto ocurrió después de que en la CNJ caducó el proceso penal por el presunto delito de peculado en la compra de siete helicópteros Dhruv.
Seguridad Social de la Policía
Casi a inicios de año, en la CNJ se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro de la investigación fiscal por el presunto delito de peculado por el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). Entre los sospechosos se encuentra Luis Álvarez, exgerente de Decevale, la empresa que custodiaba los bonos, y que colabora con la justicia de Estados Unidos; además de dos generales que dirigieron el Instituto.
Lenin Moreno
En el caso de Lenín Moreno, expresidente de la República, y uno de los 25 sospechosos en la trama de corrupción por la supuesta entrega de sobornos está diferido. Su defensa solicitó una asistencia penal internacional al Gobierno de España para que certifique si Moreno y su esposa, Rocío González, tienen algún tipo de propiedades o no en cualquiera de las ciudades del Reino de España.
Reconstrucción de Manabí
A inicios de septiembre, la Fiscalía anunció el inicio de un proceso investigativo en contra del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, y dos personas más que podrían ser procesados por el presunto delito de peculado en una investigación que desarrolla el ministerio Público por el caso de la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto del 16 de abril de 2016 que afectó a esa provincia y una parte de Esmeraldas.